Editorial: La Estafa de la Acreditación Universitaria Más Allá de los Delitos Económicos

Durante los primeros días de octubre de 2011, Academia Libre denunció pública y responsablemente, a través de su Boletín, la impresionante farsa ritual que permite a las universidades de la institucionalidad salir airosas de los supuestos mecanismos de evaluación y, de paso, conseguir luz verde para un Crédito con Aval del Estado (CAE) que convierte a sus estudiantes en financistas de corporaciones que lucran con la educación.

En esa oportunidad, la acusación pública formulada por nuestra universidad, a través de sus versiones impresa, electrónica y radial, tuvo como fuente incontestable para su planteamiento un lapidario informe que en esa dirección nos proporcionaba la Contraloría General de la República. Dicho documento, hasta entonces no tomado en cuenta por la industria mediática, emanó de dicho organismo el 19 de noviembre de 2010, pero sólo ahora, dos años después, las investigaciones respectivas, lideradas por los tribunales de justicia y no por el Ministerio de Educación, derivaron en la detención y formalización de conspicuos personajes implicados directamente en los delitos de soborno, negociación incompatible y lavado de dinero. Por tales ilícitos, ya ha sido formalizado el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, mientras que igual condición procesal fue aplicada a los ex rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente, por cohecho (los tres figuran en el banquillo de los acusados de la foto inferior).

La indagación está en sus comienzos y, como ya ha advertido la Fiscalía, los peritajes incluyen, además, a las universidades Andrés Bello, UNIACC, SEK y Bernardo O’Higgins.

Sin embargo, cuando hicimos la denuncia correspondiente también dijimos qué hecho puntual había gatillado el inicio de la investigación: el año 2010, todas, absolutamente todas las universidades del sistema, incluidas las que jamás habían sido avaladas, obtuvieron acreditación de parte de la CNA, cuyos miembros, como estableció la Contraloría General, eran capaces de “contabilizar dentro de un mismo día hasta cinco sesiones” de trabajo con tal de figurar realizando el número de reuniones que la norma establece como mínimo al mes, y cobrar, mediante esa argucia “que no se encuentra contemplada en el reglamento interno ni en la ley”, la dieta prevista para tal cumplimiento. En consecuencia, esto que hoy aparece como una sorpresa para la opinión pública venía incubándose desde hace tiempo y apunta, en realidad, a la mala calidad de los programas de estudio y de investigación vigentes en el país y no sólo ni fundamentalmente a los delitos financieros que, más bien, son consecuencia de la intentona de las universidades por encubrir sus incapacidades académicas.

Y en ese último punto, por estos días la Contraloría General ha vuelto a darnos la razón, evacuando un nuevo informe, que esta vez denuncia que la CNA no sólo no cuenta con directrices explícitas para acreditar, sino que, además, registra 31 casos de acreditaciones de programas de magíster y doctorado en los que ellas fueron sencillamente prolongadas por secretaría, sin mediar evaluación académica alguna (biobiochile.cl, 26 de noviembre). Tal documento advierte que la CNA no ha dado cumplimiento a su mandato legal y que registra “pagos por servicios no aprobados ni revisados”, gastos “no respaldados” y otros “improcedentes”, varios de los cuales, por ejemplo, fueron destinados a comprar regalos para los propios comisionados. ¿Acreditación de la calidad de qué? Nada de educación. El informe del organismo contralor conmina a la CNA a adoptar “las medidas tendientes a minimizar los posibles riesgos por eventuales conflictos de interés en pro de la transparencia y probidad en que deben actuar las instituciones involucradas, sin perjuicio de que las medidas enunciadas sean materia de revisión en una próxima visita de seguimiento”.

Quizá, una de las pistas fundamentales para comprender la magnitud académica de la estafa en curso no sea ya la acusación de la Contraloría respecto de la luz verde dada a 31 programas de postgrado sin mediar evaluación, sino la respuesta con la que la CNA intentó justificar tan grave irregularidad: “la CNA señaló que efectivamente dicha modalidad obedeció a la alta demanda por acreditación, dado que dichos procesos requieren un tiempo de tramitación y luego debe ajustarse a la agenda de la CNA para que puedan ser resueltos” (Informe Final, División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General, 19 de noviembre de 2012, página 27). He aquí, justamente, en esta insostenible fundamentación, el meollo del asunto. La demanda; la alta demanda. El propio sistema privado de educación es incapaz de mantener el ritmo de expansión de su negocio. En buenas cuentas, si hay formalizados ya por cohecho, lavado de dinero, soborno y negociación incompatible, es porque el proceso mismo de una educación universitaria que se precie de tal, es incompatible con el negocio. A estar atentos, entonces, porque una verdadera investigación en el caso de Chile deberá incluir no sólo la cárcel para los responsables, sino también el cierre de todas aquellas casas de estudios que hasta aquí se mantienen abiertas simplemente porque su precaria apuesta académica no ha sido sometida al más elemental examen por parte de la sociedad que las alberga.

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 “¿Quién puede definir la magia? Un poema es como una flor que brota (…). Escribir es un aliento de la tierra”

María Luisa Bombal

Editorial: El “Aporte” de las Trasnacionales a la Educación en Chile

Hace algunos meses, las operaciones tendientes a privatizar el litio en el país encendieron las luces de alarma en varios círculos de debate, al punto de poner en entredicho, al menos por ahora, la habitual intentona capitalista en materia de recursos naturales estratégicos. Dicho mineral, por lo demás, es producido y vendido por SQM, ex SOQUIMICH, cuyo gerente es Patricio Solminihac, hermano del ministro de Minería, Hernán Solminihac, coincidencia que en el propio Congreso Nacional ha sido aludida como conflicto de interés. Y aunque Chile posee entre el 40 y el 47% de todo el litio del mundo, también es verdad que el Estado está recibiendo sólo el 7% de las ventas anuales del mineral, lo que equivaldría a unos 350 millones de dólares (radio.uchile.cl, 10 de marzo).

Un incipiente movimiento ciudadano ha comenzado a advertir al país sobre las semejanzas que este derrotero guardan con la vergonzosa entrega que se hizo del cobre a manos extranjeras. Sin embargo, cuando se trata de procesos estratégicos, no basta desenfundar pancartas en la calle para revertir la situación. Y es allí que las trasnacionales están ganando terreno en un punto que tiene bastante menos tribuna mediática y convocatoria popular: se están apropiando de las universidades, aprovechando la triste coyuntura de un Estado que relega al olvido sus escasos centros de estudios superiores y que, peor aun, pretende ahora “reducir la brecha” respecto de los aportes públicos al sector privado, consagrando la subvención al lucro y financiándola con el impuesto que se cobra justamente a los que no tienen derecho a estudiar. Lo ha hecho antes Barrick Gold, que ha visto cómo progresa en el país su campaña a favor del proyecto Pascua Lama con el simple procedimiento de financiar las actividades de una universidad, la Católica del Norte, cuyos académicos antes se oponían a la iniciativa.

Algo análogo ocurre, en materia de paradojas, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que entre 2010 y 2012 ha generado utilidades por 12 mil millones de pesos y, sin embargo, tiene a sus trabajadores de salud en ascuas, con sueldos congelados bajo una situación que gatilló recientemente una huelga sectorial. El problema es que, mientras la coyuntura se desata y la opinión pública observa pasivamente el contraste flagrante entre las precarias condiciones de vida de los funcionarios y la fastuosa red de atención médica que ha ido consolidando dicha corporación, ésta ha comenzado a venderla, concretamente, traspasando el 40% a su nuevo socio, el grupo norteamericano Christus Health (La Tercera, 18 de noviembre). ¿Quién se hace cargo, entonces, del proceso docente e investigativo que implica la actividad de una Facultad de Medicina? Poco importa eso hoy a las autoridades de la entidad pontificia. Y al Ministerio de Educación esto no sólo le gusta, sino que lo promueve. En efecto, el titular de la cartera, Harald Beyer, celebró y participó de la ceremonia por los 20 años de la Fundación Coca-Cola Chile, en un acto que puso de relieve “el aporte” de la empresa “en materia educacional”. El impresentable evento de subordinación académica al capital tuvo lugar en un modesto liceo de la comuna de Renca, en Santiago, donde, aprovechándose de la ignorancia de sus clientes-víctimas, y sin recordar que justamente en esas décadas el país se ha venido a pique en materia de resultados académicos, se dijo que gracias a esta trasnacional “miles de niños mejoran su rendimiento y aprendizaje y, finalmente, su calidad de vida y la de sus familias” (lanacion.cl, 22 de noviembre).

El asunto seguirá dando que hablar. Este año, el mayor incentivo que podía recibir un estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica fue el Premio de L’Oreal para “mujeres científicas”, en este caso, en el área de Ingeniería Química y Bioprocesos. Así, otra trasnacional se va apropiando, vía fondos, de los procesos académicos que debieran tener vida orgánica en las universidades. Y lo hace con un discurso bonito, que apela al supuesto interés de esta empresa de cosmética por “contribuir a disminuir la falta de equidad en las ciencias” (uc.cl, 10 de septiembre). Pero eso es falso. Es justamente el capital privado la base de las brechas de desigualdad y Chile, en eso, no es otra cosa que el más patético ejemplo.

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“Benevolencia no quiere decir tolerancia con lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien”

Antonio Machado

Ya Nadie Cree en el Crédito para Estudiar

“Hacemos un llamado a los postulantes para que hagan uso de estos beneficios, porque estamos muy al extremo del plazo”, dijo el jefe de Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, luego de que el último informe permitiera constatar que apenas el 32,9% de los cupos disponibles para becas y créditos encontraba quien optase por ellos. Es decir, ante los 234 mil supuestos beneficios, sólo 77 mil 133 jóvenes presentaron inscripción al 14 de noviembre (La Tercera, 15 de noviembre).

La cifra de postulantes representa, respecto igual fecha del año anterior, una baja de 21,1% en el número de solicitudes estudiantiles de esa naturaleza. Claro está, la autoridad educacional no encontró algo mejor que tratar de justificar lo injustificable. Pero el argumento parece un mal chiste. Primero, Ugarte dijo que la campaña de difusión de las postulaciones partió en días feriados. Y, luego, manifestó que la cobertura mediática de los episodios de meningitis en el país conspiró contra la divulgación de las informaciones respectivas.

Las afirmaciones de la autoridad son poco serias y demasiado impresentables. “Vamos a duplicar los esfuerzos y el próximo lunes vamos a evaluar la posibilidad de ampliar el plazo o abrir un nuevo proceso, que podría ser en marzo”, agregó el jefe de Educación Superior. Para el Gobierno, el fenómeno se reduce simplemente a un tema de calendario. Lo que no está dispuesto a admitir es que el modelo de crédito universitario es un fracaso completo y que la idea de endeudarse convence cada vez menos a quienes constatan la mala calidad del proceso lectivo y el alza sostenida de los precios de las carreras, por sobre el IPC y con préstamos que apenas cubren un monto exiguo del arancel de referencia de las mismas.  De esa anomalía habría que reclamar al propio Presidente de la República. Pero, claro, si seguimos el criterio del MINEDUC, no hay Mandatario, porque fue electo un día domingo y no supo del resultado; o bien, supo, pero se le olvidó asumir porque  justo en ese momento hubo terremoto.

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“Tengo que admirar profundamente a alguien para valorarlo como amigo”

Sylvia Plath

Consejo Nacional del Libro Desincentiva la Producción Literaria

“He decidido declinar la invitación de asistir a la Feria Internacional de Guadalajara pues, al margen de proteger mi estado de salud ante ese viaje, también he concluido que no deseo involucrarme, directa o indirectamente, con el actual gobierno. Este adolece de una falta de credibilidad que en la cultura lo demuestra, entre otros aspectos, su política de adquisición de libros, errada y parcial”. Con estas palabras, el destacado narrador chileno Germán Marín rechazó los intentos del Ejecutivo por incluirlo en la delegación oficial que por estos días concurrirá al más importante encuentro literario que tiene lugar en América Latina (La Tercera, 31 de octubre). En efecto, tras conocer la nómina de 116 títulos para adquisición resuelta recientemente por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el escritor y autor de Círculo Vicioso, El Palacio de la Risa y El Guarén, reaccionó profundamente decepcionado de las orientaciones actualmente adoptadas en la materia. “Demuestra una falta de preocupación por la literatura chilena”, concluyó.

De los 116 títulos, que el paciente lector puede chequear por sí mismo a través del link http://www.cultura.gob.cl, sólo una decena corresponde exclusivamente a literatura, y el resto es una impresionante nómina de libros de autoayuda, de recetas de cocina asociadas a firmas comerciales de consumo y de anécdotas del fútbol. Pero quizá lo peor sea la manera en que aparecen catalogados como libros de ciencias volúmenes que en realidad no lo son.

Del mismo modo, el ciudadano que recorra con la mirada esos títulos tendrá que constatar hasta qué punto una publicación oficial se permite divulgar, sin vergüenza alguna, un inventario nutrido de faltas de ortografía.

No están los nombres que desearía una humilde biblioteca pública, pero sí los que entrevista la televisión en sus programas de farándula local. Por cierto, el ítem “Generalidades”, que incluye los libros de autoayuda y de esoterismo, representan el 15% del total de obras seleccionadas. “Parece evidente que las compras del Estado se han hecho en atención a las demandas del mercado”, comentó en el Centro Cultural de España el crítico Ignacio Echevarría. El monto global para adquisición pública ya es exiguo: apenas 450 millones de pesos, para una lista en que ni Neruda, Mistral, Parra y Lihn juntos podrían contrapesar siquiera la predilección que, en nombre del Estado, se hace por Los Secretos del Feng Shui y Aromaterapia, o “Moneda Cósmica”, puestos en una serie que hasta la mercantilista  Cámara Chilena del Libro tildó de “banalidades”.

Y he aquí un problema de concepción de las políticas públicas de fomento de la lectura. Cuando el actual Presidente Sebastián Piñera era aún candidato a la Primera Magistratura, desestimó introducir una rebaja del IVA a los libros y defendió, en cambio, fondos como el actual, “con el que usted va a promocionar los libros que vale la pena leer”. ¿Quién elegiría esos títulos? La gente, se respondió a sí mismo Piñera. “Estoy seguro que elegirán bien. Porque lo he visto con mis ojos, los libros que más se leen en las bibliotecas son los libros más valiosos”, aseguró, justo antes de que las redes sociales virtuales despedazaran sus palabras (Canal 13, 10 de noviembre de 2009).

Los libros de autoayuda y esoterismo, que lideran los préstamos en el Bibliometro, por ejemplo, deben ser, a juicio de la autoridad, lo más valioso de nuestra bibliografía. Y, claro, alguien podría decir que el criterio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y de los que piden volúmenes en el Bibliometro, acertado o no, siguen la misma pauta y que uno no es más grave que el otro. Pero no, Aunque se trata en ambos casos de una constatación lamentable, la diferencia es que hay un buen número de representantes del Consejo que deliberan, en nombre del Estado, y a los que se les paga con el mismo impuesto ciudadano del que no se exceptúa al libro, para decidir por nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor Presidente, si su propuesta es que “lo bueno” es mero resultado de la demanda, ¿para qué sirve entonces el Consejo del Libro? Las fotografías incluidas aquí son imágenes que corresponden a la realidad chilena de los días que corren cuando publicamos este boletín: ¿elegir entre qué libros, si las orientaciones resueltas y ya descritas están vaciando y cerrando las pocas estanterías que aún incluían obras de interés? Salvo, por supuesto, que alguien crea que las librerías cuyo frontis adjuntamos bajaron sus históricas cortinas capitalinas porque Santiago se convirtió en la nueva Ciudad de las Luces.

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“Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”

Jorge Luis Borges

Ley SEP, Juez y Parte en la Tercerización de la Enseñanza

Entre las diversas fórmulas que el neoliberalismo diseña para precarizar el trabajo, podríamos citar desde el ambiguo concepto de flexibilidad laboral hasta las flagrantes e institucionalizadas prácticas antisindicales. Esta vez nos referiremos a la tercerización o outsoucing, que, para efectos prácticos, significa y acarrea todas aquellas distorsiones y sus nefastos efectos que traen consigo tanto la subcontratación como la externalización en el proceso productivo.

Según el informe “Nearshore Attraction: Latin American Beckons as Global Outsourcing Destinations”, elaborado por la empresa KPMG International, “Chile es el mejor país de Latinoamérica para la tercerización”, ocupando el primer lugar en el ranking (biobiochile.cl, 14 de febrero de 2010). Esta posición fue aplaudida por el entonces diputado PPD Eugenio Tuma, miembro de la Comisión de Economía, Desarrollo y Fomento de la Cámara Baja. En consonancia con la opinión de la clase política en materia de desarrollo, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP, Ley 20.248, del 1 de febrero de 2008), promulgada bajo el gobierno de Michelle Bachelet, no podía quedar rezagada de esta lógica.

El brazo operativo de la SEP está a cargo de la Asistencia Técnica Educativa (ATE) que, desde el sector privado, asume la tutela de las áreas de gestión curricular, de liderazgo, de convivencia escolar y de gestión de recursos, reforzando el rol gerencial de directivos y marginando la voz de los docentes, quienes consideran que las metas son impuestas por la ATE sin atender al contexto (Revista Docencia, n° 41, agosto de 2010).

Entregada así la educación a terceros, Chile da otro gran salto hacia la consolidación del modelo que privatiza definitivamente todos los ámbitos de la enseñanza, porque, claro está, estos nuevos recursos humanos y pecuniarios están siendo administrados por particulares. De más está decir que los dineros los aporta el Estado y, como era de suponer, la malversación de fondos ya fue objeto de preocupación de la Contraloría General de la República, que reveló, a través de un informe del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que entre enero de 2010 y junio de 2011 más de 25 mil millones de pesos no habían sido rendidos por parte de los 105 municipios pesquisados (biobiochile.cl,, 28 de mayo de 2012). La misma fuente señala que, a la fecha, algunos colegios son beneficiarios de la SEP aun cuando han sido cerrados. Pero eso no es todo, porque al menos ocho ATE recibieron entre 2008 y 2010 unos $800.000.000 por prestar asesoría a establecimientos educacionales de los que, o eran propietarias, o mantenían con ellos directa relación. Estos son: Corporación Aprender, Gestión Educacional Ltda., Innovación Tres, Grupo Educativo, Fundación Educacional Gabriela Mistral, Fe y Alegría, Rotekap y Astoreca (La Tercera, 17 de julio de 2012).

La Ley SEP, a pesar de todo, tiene sus defensores a rajatabla, como J. Joaquín Brunner, Mario Waissbluth, Harald Beyer y Sebastián Miranda, quienes atribuyen al binomio SEP-ATE los registros favorables en el SIMCE.  ¿Cómo puede ser, si la Contraloría señala que los recursos SEP no se invirtieron en lo que se esperaba? ¿Qué tipo de inferencias y guiadas por qué motivaciones, están haciendo los gurús de la educación? Habría que preguntarse, primero, si este tipo de pruebas permite establecer el real desempeño académico escolar y, segundo (y sólo si lo anterior fuera efectivo), si es verdad que el cambio en los resultados se debe al factor SEP-ATE. Al respecto, resulta esclarecedor lo que dice el estudio “Asistencia Técnica Educativa en Chile: ¿Aporte al Mejoramiento Escolar?”, de 2010, cuyo coordinador es Cristián Bellei y que, en síntesis, declara que no existe evidencia de que las ATE tengan impacto en el aprendizaje de los estudiantes, en las prácticas de enseñanza de los profesores ni en los resultados SIMCE. Así, “la primera pregunta es si los programas ATE lograron impactar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Dado que los programas no contienen la aplicación de estrategias de enseñanza directa hacia los alumnos, se trata de una pregunta que remite a un impacto del programa sobre objetivos que están más allá de su radio de acción (…). Ninguno de ellos cuenta con estudios adecuados de evaluación de impacto.” Estas apreciaciones de Bellei son sustentadas por el Centro de Investigación Avanzada en Educación, una iniciativa conjunta de las universidades de Chile y de Concepción junto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la foto, el momento en que la entonces Mandataria celebra, a instancias del actual ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, la promulgación de la Ley General de Educación que dio la espalda al movimiento estudiantil y sirvió de marco normativo a la subvención escolar preferencial en la que, literalmente, son los privados los que evalúan la privatización de la enseñanza.

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“La clase trabajadora debe despertar de este letargo”

Clotario Blest

Mineduc, el Agente Empresarial por la Rentabilidad de las Carreras

“No es razonable prohibir las relaciones entre universidades y empresas”, fue la descarada afirmación sobre el lucro planteada hace un par de meses por el ministro de Educación, Harald Beyer, quien no tuvo escrúpulo alguno para agregar que dicho contubernio, que ya no es en nombre del desarrollo social, sería perfectamente “legal” (cooperativa.cl, 22 de agosto). La marcada inspiración mercantilista que defendió entonces la autoridad comienza ahora a perfilarse en medidas concretas, con un sello de comerciante que ni la dictadura militar se atrevió a ensayar entre los múltiples desastres que aportó al sector de la enseñanza. En esa dirección, una de las impresentables iniciativas anunciadas en los últimos días por el secretario de Estado consiste en olvidar ejes como la excelencia académica y las necesidades del país a la hora de incentivar o no la existencia de carreras universitarias.    

                    Desde el año 2014, dijo Beyer, los aranceles de referencia, o sea, el monto cubierto por becas y créditos estatales, considerará en su cálculo las variables de sueldo y empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En buen castellano, significa que las políticas públicas desincentivarán la matrícula en las disciplinas y programas de estudios que el mercado considera “no rentables”. El anuncio es una pésima noticia desde distintas perspectivas. Primero, porque ya desde antes la cobertura pública en materia de financiamiento estudiantil era baja, alcanzando el sustento institucional a una porción modesta del arancel real para la generalidad de las carreras, brecha que ha sido utilizada como Caballo de Troya para ir privatizando el modelo de educación. En segundo término, como hemos adelantado, se ha resuelto, con mezquinos criterios fenicios, reducir hasta en 60% la ya pobre cobertura que exhibían las disciplinas que el sistema vigente mira por sobre el hombro, por estimar que sus estudiantes tienen escasa capacidad de pago para sustentar futuros reembolsos. Pongamos un ejemplo para ilustrar la fortísima dimensión de lo que se va a hacer con la vida universitaria de aquí en adelante. Hoy, la carrera de Sicología en la Universidad Católica registra un arancel anual de 4 millones de pesos. Frente a ese monto, el arancel de referencia ya es de exiguos 2,6 millones que condenan a cualquiera al endeudamiento o la automática exclusión. Sin embargo, la medida adoptada por el Mineduc radicalizará ese drama, reduciendo, en 14 meses más a contar de ahora, el cálculo referencial a 1 millón de pesos, esto es, exactamente la cuarta parte del arancel. Algo análogo ocurrirá en esa casa de estudios con Derecho, que hoy cuesta más de cuatro millones y cuyo arancel de referencia es de apenas 2,6 millones. Según los cálculos preliminares, esa cifra caerá a 2,1 millones al aplicar la modalidad de Beyer.                    Con brutal lógica economicista, la estimación del Ministerio de Educación hace una tasación de carácter bursátil de las carreras, reduciendo su valor relativo a la mera probabilidad de desempeño laboral y retorno remunerativo del egresado, sin tomar en cuenta la calidad del programa de estudio ni las necesidades sociales a las cuales dichas disciplinas pueden dar respuesta. Ese nuevo peldaño privatizador exacerba la escena complicando especialmente a las mejores universidades, porque el nuevo arancel de referencia con suerte sustenta el área docente, pero no las funciones estratégicas de una verdadera casa de estudios. Como bien ha advertido al respecto el académico de la UC Ricardo Paredes, el arancel de referencia se ubicará en un nimio 40% para la Universidad de Concepción y la metodología entrante “permitirá financiar sólo el costo de educar”, en detrimento  de las áreas de investigación y extensión (La Tercera, 9 de octubre).

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“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”

 Pablo Picasso

Alcances Supuestamente Académicos de la Prueba Inicia

Es sabido que, en el corto plazo,  la Prueba Inicia pasará a ser obligatoria y habilitante de la condición de profesor. Los estudiantes de Pedagogía Básica rehúsan esta evaluación por considerarla enciclopedista e incapaz de evidenciar las competencias docentes. Así lo refiere la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Yoxcy Campos, quien enfatizó que “la Prueba Inicia castiga a los alumnos y no al sistema” (cooperativa.cl, 15 de mayo). Es cierto, pero ¿por qué la encuesta Cooperativa e Imaginación revela que 8 de cada 10 personas están a favor de que esta evaluación sea obligatoria?                                    No se trata aquí de justificar o no el instrumento desde un punto de vista técnico, sino de reflexionar sobre cómo una sociedad valora el acopio de contenidos y su uso articulado. El propio rector de la UMCE, Jaime Espinosa (quien evaluó positivamente el promedio obtenido por la casa de estudios que dirige, 66%, frente al 53% de promedio país) reconoce que hay que nivelar a los estudiantes de pregrado, ya que ingresan a las universidades sin las competencias necesarias, lo que tiene efectos negativos tanto a la hora de enfrentarlos a la Prueba Inicia, como al resto de las exigencias académicas (radio.uchile.cl, 8 de mayo). Pero, ¿por qué las universidades están admitiendo a los postulantes si no cumplen con el perfil mínimo que ellas mismas han definido? Si la respuesta va en la línea de que si la PSU no es apropiada como selector-predictor, entonces tampoco lo es el test Inicia, que opera bajo los mismos cánones. Ahora, si los argumentos se van a sostener en que, no importando lo que arroje la PSU, la eventual nivelación en pregrado no es suficiente, entonces ¿por qué las instituciones están certificando profesores? ¿Ha lugar la nivelación en las universidades?     

                                     Una aproximación al problema va en la línea de desentrañar qué es lo que la sociedad chilena entiende por la adquisición de herramientas para el desarrollo integral del ciudadano. Parece que lo que busca es lo que describe la siguiente falacia de petición de principio: profesores preparándose para rendir una Prueba Inicia que los habilite; ya ejerciendo la profesión, preparan gente para tener éxito en la PSU; tras esto, los postulantes a carreras de Pedagogía ingresan sin que este filtro haya significado algo y, por tanto, deban nivelarse en función de la Prueba Inicia. Entonces, ¿es una soberana pérdida de tiempo el tránsito desde el nivel secundario al de la llamada educación superior? ¿Dónde y cuándo los estudiantes han de adquirir dichas competencias? ¿Qué certezas, ventajas y progreso puede arrojar este modelo ciertamente tautológico y oscuro? En Chile, por otra parte, la corporación académica que históricamente alcanza los más altos puntajes en este tipo de pruebas, la Pontificia Universidad Católica, promueve y defiende, emulando al tristemente célebre Tribunal del Santo Oficio, las terapias reparativas en materia de orientación sexual, contraviniendo brutalmente la evidencia científica que aporta la Organización Mundial de la Salud. Si a juicio de esa universidad la OMS está en un error, entonces el campus pontificio deberá explicar qué entiende por ciencia antes de someter a pruebas a los estudiantes. 

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“El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que a los alpinistas: se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar”

Gabriel García Márquez

¿Agencia de Calidad de qué?

Hace unos días, el MINEDUC puso oficialmente en marcha la más extraña y paradójica instancia de la que el sector de la enseñanza tenga registro en su historia. Se trata de la Agencia de Calidad de la Educación, un impresionante invento respecto de cuyos objetivos, si se puede hablar de tales, fueron entusiastamente puestos en placa de bronce por su recién designado director ejecutivo, Sebastián Izquierdo. “Hoy día toda la comunidad espera que la calidad de nuestra educación chilena mejore cuanto antes. Son demasiadas las cosas que están en juego, por lo tanto, no debemos perder tiempo”, dijo el personero, convencido de que “especialistas con experiencia en educación evalúen y presten apoyo a los establecimientos con problemas y que esa información sea transparente para la comunidad” (latercera.cl, 2 de octubre).

¿Especialistas? ¿Cuáles? Durante décadas, el Ministerio de Educación, y también los think tanks, han hecho gárgaras presentando a estos personajes, los mismos que, oídos una y otra vez o invocados para reforzar el prestigio de alguna decisión, han ido planteando, cada cual con su estilo, las bases del modelo privatizador vigente en el país en materia educativa. En ese curioso desfile de nombres, suelen ser subrayados los de José Joaquín Brunner, autor de la ley marco cuyo criterio rige la enseñanza en el país bajo el impresentable principio de que el pago es un asunto “socialmente aceptado”; de Harald Beyer, hoy ministro, que impulsa la gestión educativa como consorcio y que ha convertido el MINEDUC en un centro de persecución de estudiantes; y de Mario Weissbluth, más conocido hoy por su interlocución con personajes de la farándula, pero que además preside Educación 2020, pretendiendo dictar pautas para “mejorar” la gestión en enseñanza, sin explicar a los ciudadanos en calidad de qué su directorio lo integran los empresarios Felipe Lamarca y Jaime Estévez. Si tan “especialistas” son todos ellos, ¿por qué las políticas que impulsaron durante todos estos decenios en que tuvieron tribuna siguieron profundizando el desastre que vive el país en el sector?

La misma contradicción asoma tras las palabras del ministro Beyer, quien definió la Agencia de Calidad de la Educación como una entidad que “velará por que los establecimientos educacionales se comprometan con estándares mínimos de calidad. Con esto buscamos que se puedan promover cambios que hagan progresar a sus estudiantes  en sus logros académicos y en su formación como personas integrales”. ¿Quiere decir con esto que antes de la citada agencia esos objetivos no existían? Póngase serio ministro: esos objetivos declarados ya estaban, porque es la pretensión de todo ministerio de Educación; sólo que fracasó y sus gestores, que serán los mismos, tendrán ahora un cargo adicional dentro de la burocracia neoliberal. ¿De qué estándares de calidad habla ahora, ministro, si lo único que medirá esa verdadera rama del Servicio Nacional del Consumidor será la pauta dictada a la fecha por el MINEDUC y revisada por su cómplice fundamental, el Consejo Nacional de Educación? De esa dupla han salido, durante décadas, las políticas del desastre educativo actual. La única novedad es que, con el nuevo nombre, el Ministerio de Educación contará con un organismo adicional gracias al cual eximirse de responsabilidades propias cuando los próximos informes internacionales vuelvan a mostrar la inequívoca ruta del fracaso.

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“El interés de la ‘revolución primitiva’ se halla en el uso que de ella puede hacerse para impulsar movimientos ante una situación nueva”

Eric Hobsbawm

El Doble Discurso de los que Dicen Defender la Educación Pública

El populismo siempre ofrece ejemplos que ponen a prueba la capacidad de sorpresa de los ciudadanos. Hace unos días, el senador Ricardo Lagos Weber dijo querer que el Presupuesto Nacional priorice el gasto en educación (lanacion.cl, 21 de septiembre). Lo hizo exactamente tres semanas después de tragarse sus propias promesas para, finalmente, aprobar en el Congreso la escandalosa pseudoreforma tributaria que rebaja impuestos a los más ricos del país. Se trata, al parecer, de una práctica bastante extendida entre los sectores más influyentes de la sociedad: elaborar un discurso para la tribuna mientras se urde otra cosa cuyo conocimiento es poco divulgado.

Y, justamente en estos tiempos en que las legítimas demandas estudiantiles por una educación pública dan la lección que las escuelas de hoy son incapaces de impartir, es necesario desnudar este doble discurso. Sin ir más lejos, y siguiendo el estilo ya descrito, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, aseguró ante la opinión pública solidarizar con la causa del movimiento estudiantil y sus reivindicaciones. “Tienen razón de protestar porque la educación se ha vuelto para muchos una pelea para ganar puntajes, espacio, y la educación debiera ser un lugar de mucha libertad”, manifestó el prelado, subrayando que “cuando los jóvenes se rebelan contra el lucro tienen razón” (terra.cl, 23 de septiembre).

Pero, ¿de qué está hablando, señor Ezzati? Si el discurso de la Iglesia Católica quisiera guardar la más mínima coherencia para hablar de educación pública en Chile, entonces que renuncie primero a la totalidad de escuelas y universidades que mantiene como propiedad privada en el país. Y aquí no estamos hablando de casos marginales, porque esa institución cobra por el 15% del total de la matrícula escolar prebásica, básica y secundaria del país, teniendo como clientes a 555.000 estudiantes, al tiempo que es dueña del 22% de la matrícula de institutos profesionales y de universidades.

¿Qué principios podría realmente compartir con los jóvenes movilizados si, de los 808 establecimientos educacionales que mantiene en su poder, 373 son particulares subvencionados, 308 son particulares “con financiamiento compartido” y 137 son particulares pagados donde ya el año 2002 se pagaba una colegiatura mensual de 110 mil pesos? (Primer Congreso Educación Católica, 2006). ¿Serán acaso los menores de escasos recursos los que acceden a esa enseñanza? Por cierto que no. Los datos de la propia Iglesia Católica señalan que la impresentable modalidad  de “financiamiento compartido” se dispara tendencialmente entre sus escuelas, aumentando, en apenas cuatro años (desde 1998) en 50 mil los nuevos matriculados bajo ese esquema privatizador.

¿Cómo podría la Iglesia Católica compartir realmente con los estudiantes el principio de no discriminación que éstos defienden si los datos oficiales indican que el 85% de las escuelas particulares pagadas, y el 73% de las particulares subvencionadas establecen criterios de selección para sus respectivos procesos de admisión? (SIMCE, Informe 2003). Así es bastante fácil hablar de educación, pero los antecedentes arrojan por la borda cada una de esas palabras. No se puede hablar de educación pública al mismo tiempo que se defienden intereses para mantener su propiedad en manos privadas, como acaba de hacer el Congreso Nacional por la vía tributaria de los privilegios, ni sosteniendo consorcios particulares de enseñanza. Un auténtico debate en materia de políticas públicas merece llamar las cosas por su nombre y denunciar el cómodo podio de la ambigüedad: o se está por una educación pública, o se sigue llenando más de alguien los bolsillos a costa de todos.

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“Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas” 

      Susan Sontag

Editorial: MINEDUC Confunde Escolaridad y Acceso Equitativo a la Educación

Apresuradas cuentas alegres había sacado el Ministerio de Educación (MINEDUC) respecto del último informe sobre Chile divulgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Basándose en datos preliminares divulgados a modo de síntesis por la prensa local, la autoridad intentó destacar para el país un supuesto acceso equitativo a los distintos niveles de enseñanza por parte de los diferentes sectores socioeconómicos. Se trató, sin embargo, de un error de proporciones, pues el incremento de la escolaridad, medida en años, es una tendencia mundial que en modo alguno se explica a partir de un acceso equitativo a la formación.

El vergonzoso desliz oficial, que buscaba festejar, se encontró primero con la respuesta de los especialistas chilenos, que no ahorraron términos para referirse al asunto. Para el director del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile (OPECH), Jesús Redondo, a lo sumo se ha estado “aumentando la tasa de permanencia y años de escolaridad para las nuevas generaciones”, pero, al exhibir, simultáneamente, los niveles de segmentación más altos del planeta en el área, “está ocurriendo un aumento de la inequidad (sic) en el tipo de educación que está obteniendo cada clase social”. Con todo, el insostenible entusiasmo oficialista alcanzó también al matutino El Mercurio, que se atrevió a afirmar que Chile tenía un acceso más igualitario a educación que el promedio de la OCDE, sosteniendo que mientras para el bloque la media en el Índice de Gini era de 0,13, para el país ascendía a 0,14. Por cierto, el error no tardó en copar las redes sociales, pues, como bien explicó el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), el coeficiente de Gini, medida empleada para calcular, comparativamente, la desigualdad social, “se debe leer al revés, es decir, cuando alcanza su valor máximo de 1 significa desigualdad absoluta, mientras que el 0 es el equivalente a igualdad absoluta” (radio.uchile.cl, 19 de septiembre).

El MINEDUC quiso creer, y hacer creer, que la comunidad internacional vendrá a felicitar a sus conductores por las orientaciones que se ha dado a la cartera. Pero las conclusiones evacuadas este año por la propia OCDE dicen otra cosa para Chile. Los resultados para el país en materia de educación “aún están por debajo de la media” del bloque, dijo la corredactora del informe Aída Caldera, quien advirtió que, en lugar de contabilizar el número global de matriculados, Chile debe hacerse cargo de las consecuencias de un modelo socioeconómico inspirado en la desigualdad. “Las características socioeconómicas de los niños tienen un impacto bastante grande sobre los resultados académicos y hay que hacer algo para mejorar esto”, señaló. En ese sentido, no es aceptable el discurso que pretende instalar la idea de que salir de la debacle educativa en que se encuentra el país depende simplemente de iniciativas técnico-pedagógicas a implementar en los diversos establecimientos. No. La “innovación” en el aula no tiene sentido, salvo cumplir su rol de propaganda, si estudiantes y profesores exhiben una situación social deficitaria. ¿Un texto con más colores? Primero, una reforma tributaria. Como también indica el documento de la OCDE en la parte de la que el MINEDUC no se hizo eco, en Chile “el sistema impositivo hace muy poco para redistribuir la riqueza”.

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“Ves cosas y dices: ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo: ¿por qué no?”

George Bernard Shaw

El Camino al Lucro de la Banca Privada en Educación Tiene Aval del Estado

El aberrante y progresivo proceso de desentendimiento del Estado respecto de la educación acaba de apuntar un nuevo y vergonzoso récord internacional para Chile, que registra ahora la más alta proporción de universidades privadas, en relación con las públicas, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, el más reciente estudio del organismo establece que el 51% de la matrícula universitaria y casi toda la técnica (91,7%) corresponde a instituciones privadas en esta nación, mientras que el promedio de la Ocde, al contrario, indica una concentración no estatal de 15% (La Tercera, 12 de septiembre).

Por cierto, ni siquiera podría decirse que la otra mitad de la matrícula universitaria chilena es pública, porque, del total, otro 21,5% está estudiando en planteles privados adscritos al Consejo de Rectores, como ocurre, por ejemplo, con las corporaciones católicas. A la inversa, en la enseñanza superior técnica, sólo el 5,6% de la matrícula está en manos estatales. El estudio, además, confirma la tendencia de los últimos años para el país, que da cuenta de que un ínfimo 18% del gasto per cápita en educación superior es público.

A nivel escolar, la fuente privada de financiamiento de la educación primaria y secundaria es alta en Chile en comparación con otros países (21,8% versus el 8,8% promedio de la Ocde). Pero, entonces,  ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de la enseñanza en el país? La principal: las familias. El 68% corre por cuenta de los hogares, siendo Chile la nación con la cifra más alta. Le sigue Reino Unido, donde el 58% del gasto viene directamente de los bolsillos de los hogares. En cambio, en Francia, por ejemplo, las familias sólo aportan el 9,7% del total de recursos para educación superior.

De cualquier modo, la violenta estructura del lucro en educación no es sólo resultado de la inescrupulosa ambición de las empresas que hacen negocio con este drama. El gobierno y las instituciones públicas que antaño estuvieron llamadas a fomentar las condiciones que hicieron posible una enseñanza gratuita y de calidad, se han coludido a favor de intereses creados. A partir de este año, sin ir más lejos, los créditos de pregrado de Corfo, vigentes desde 1997, dejaron de existir. ¿Con qué argumento social y académico? Ninguno. Le bastó invocar una baja en las operaciones a partir de la introducción del Crédito con Aval del Estado (CAE), el mismo que ahora el MINEDUC usa para presionar a las universidades a reducir la duración de sus carreras (El Mostrador, 26 de enero).

Y aunque la institucionalidad intentó que el hecho pasara inadvertido, notificando apenas en el pequeño inserto de un diario, los ya miles de afectados por el término de la garantía estatal comenzaron a multiplicarse. Tanto, que el asunto vuelve ahora a estar sobre la mesa, porque la perversión de este traspaso de cartera pública a privada de deudores hizo que en sólo el último año, de 2011 a 2012, se incrementara en un explosivo 45% el número de estudiantes que postula a un préstamo de la banca para hacer siquiera imaginable la posibilidad de cursar una carrera. Al dejar a la deriva a miles y miles de familias, por décadas acostumbradas a un país en que la enseñanza ya no es un derecho, CORFO ha introducido, además, un agravante sin precedentes al dejar el ya asqueroso sistema de créditos en negocio de las instituciones financieras. Porque al menos las entidades públicas exigían requisitos académicos. Sin embargo, a la banca privada no le interesa calificación previa, notas, puntaje, nada. Su requisito, para administrar la usura, no tiene relación alguna con los estudios de cada cual, sino con su capacidad de pago. El resultado será un par de bolsillos de empresarios con manos llenas, y muchas universidades que ya no debieran usar esa palabra para sí mismas. 

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“Al medio de la Alameda de Las Delicias Chile limita al centro de la injusticia”

Violeta Parra