El Doble Discurso de los que Dicen Defender la Educación Pública

El populismo siempre ofrece ejemplos que ponen a prueba la capacidad de sorpresa de los ciudadanos. Hace unos días, el senador Ricardo Lagos Weber dijo querer que el Presupuesto Nacional priorice el gasto en educación (lanacion.cl, 21 de septiembre). Lo hizo exactamente tres semanas después de tragarse sus propias promesas para, finalmente, aprobar en el Congreso la escandalosa pseudoreforma tributaria que rebaja impuestos a los más ricos del país. Se trata, al parecer, de una práctica bastante extendida entre los sectores más influyentes de la sociedad: elaborar un discurso para la tribuna mientras se urde otra cosa cuyo conocimiento es poco divulgado.

Y, justamente en estos tiempos en que las legítimas demandas estudiantiles por una educación pública dan la lección que las escuelas de hoy son incapaces de impartir, es necesario desnudar este doble discurso. Sin ir más lejos, y siguiendo el estilo ya descrito, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, aseguró ante la opinión pública solidarizar con la causa del movimiento estudiantil y sus reivindicaciones. “Tienen razón de protestar porque la educación se ha vuelto para muchos una pelea para ganar puntajes, espacio, y la educación debiera ser un lugar de mucha libertad”, manifestó el prelado, subrayando que “cuando los jóvenes se rebelan contra el lucro tienen razón” (terra.cl, 23 de septiembre).

Pero, ¿de qué está hablando, señor Ezzati? Si el discurso de la Iglesia Católica quisiera guardar la más mínima coherencia para hablar de educación pública en Chile, entonces que renuncie primero a la totalidad de escuelas y universidades que mantiene como propiedad privada en el país. Y aquí no estamos hablando de casos marginales, porque esa institución cobra por el 15% del total de la matrícula escolar prebásica, básica y secundaria del país, teniendo como clientes a 555.000 estudiantes, al tiempo que es dueña del 22% de la matrícula de institutos profesionales y de universidades.

¿Qué principios podría realmente compartir con los jóvenes movilizados si, de los 808 establecimientos educacionales que mantiene en su poder, 373 son particulares subvencionados, 308 son particulares “con financiamiento compartido” y 137 son particulares pagados donde ya el año 2002 se pagaba una colegiatura mensual de 110 mil pesos? (Primer Congreso Educación Católica, 2006). ¿Serán acaso los menores de escasos recursos los que acceden a esa enseñanza? Por cierto que no. Los datos de la propia Iglesia Católica señalan que la impresentable modalidad  de “financiamiento compartido” se dispara tendencialmente entre sus escuelas, aumentando, en apenas cuatro años (desde 1998) en 50 mil los nuevos matriculados bajo ese esquema privatizador.

¿Cómo podría la Iglesia Católica compartir realmente con los estudiantes el principio de no discriminación que éstos defienden si los datos oficiales indican que el 85% de las escuelas particulares pagadas, y el 73% de las particulares subvencionadas establecen criterios de selección para sus respectivos procesos de admisión? (SIMCE, Informe 2003). Así es bastante fácil hablar de educación, pero los antecedentes arrojan por la borda cada una de esas palabras. No se puede hablar de educación pública al mismo tiempo que se defienden intereses para mantener su propiedad en manos privadas, como acaba de hacer el Congreso Nacional por la vía tributaria de los privilegios, ni sosteniendo consorcios particulares de enseñanza. Un auténtico debate en materia de políticas públicas merece llamar las cosas por su nombre y denunciar el cómodo podio de la ambigüedad: o se está por una educación pública, o se sigue llenando más de alguien los bolsillos a costa de todos.

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“Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas” 

      Susan Sontag