Sepa Cómo Se Falsearon las Cifras sobre Pobreza en la Agenda Pública

“Estas cifras demuestran que la administración del Presidente Piñera va en la dirección correcta para cumplir con uno de sus principales compromisos: llegar a una tasa de Pobreza Extrema menor al 1% al año 2014. A pesar de las dificultades que ha debido enfrentar este Gobierno, como el terremoto del 27-F y la crisis económica internacional, hemos conducido el país con responsabilidad, lo que ha permitido disminuir el número de familias de menores recursos”. Con estas palabras, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se refirió a los números que desfilan en el informe de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), divulgada con un mes de retraso, pues su publicación había sido anunciada originalmente para junio (biobiochile.cl., 25 de julio).

Al aludir a la baja en la pobreza oficial (que habría pasado del 15,1% al 14,4% entre 2009 y 2011), los más diversos sectores de la sociedad se enfrascaron en una controversia relativa, especialmente, a la metodología de medición y al uso, para los cálculos, de una canasta básica cuyos patrones de consumo no se actualizan hace 24 años. La verdad es que dichos cuestionamientos también son aplicables a la CASEN 2009, por lo que se hace necesario introducir otros ejes en el debate. El propio Larroulet, por ejemplo, al jactarse de los resultados, que mantienen a Chile como uno de los más desiguales del planeta en materia de distribución, explicó que lo que él llama un “logro” obedece a una estrategia que consiste en “impulsar el empleo, a través del fomento del emprendimiento, lo que ha permitido generar 700 mil puestos de trabajo en los últimos dos años”. Y este punto sí que es clave, porque en un país el desempleo podría tender a cero y ser, al mismo tiempo, altamente pobre. Se trata de una falacia recurrente que las universidades deben desnudar, al igual que aquella según la cual la miseria acabaría sencillamente por obra y gracia de una distribución equitativa, asunto del que también se enorgulleció hace poco la actual administración, a propósito de la “mejoría” de una décima en el Índice de Gini sobre distribución. El punto es que Etiopía registra, al mismo tiempo, una de las más bajas tasas mundiales de desigualdad y uno de los peores indicadores de pobreza del planeta. Por eso es que la vida académica debe hacerse cargo de denunciar este tipo de falacias si es que de verdad quiere contribuir al desarrollo social. Desvistamos, pues, las optimistas cuentas de nuestras autoridades.

¿Mayor empleo? La Moneda se enorgullece de asociar la “creación” de 700 mil puestos de trabajo a la baja de siete décimas en los niveles de miseria, pero, ¿quiénes han accedido a esas plazas laborales? ¿Las personas de 25 a 34 años? No; ellas apenas representan un aumento de 1,5% del total de la fuerza laboral del país desde 2010 hasta 2012. ¿Las personas de 35 a 44 años? Tampoco; ellas apenas tienen una incidencia de 3% en el alza de la fuerza laboral en el mismo período. ¿Y entonces? ¿Los adultos de 45 a 54 años? Ni siquiera ellos explicarían el fenómeno, pues su impacto en el incremento global asciende a 15,3%. ¿Dónde está, entonces, la base de la fuerza laboral que habría servido a las autoridades para mostrar una “mejoría” decimal en materia de pobreza?  Es de esperar que el ciudadano que lea estas líneas no pierda la capacidad de sorpresa, porque la seguiremos necesitando para someter a examen el proceso social. Pero ahí va el dato: la incorporación de mano de obra de mayores de 65 años se disparó, entre 2010 y 2012, elevándose en 29,2% (Informe del Instituto Nacional de Estadísticas, citado en El Mercurio del 22 de julio).

En otras palabras, el optimismo decimal del gobierno descansa en un proceso creciente de explotación de los abuelos, que ahora deben olvidarse de la jubilación como instrumento de sobrevivencia de la tercera edad, de la misma manera en que se ha incentivado la “fuerza laboral femenina”, es decir, a condición de pagarles el 25% menos que a los hombres por la misma actividad. Se trata de un mecanismo brutal de abaratamiento de la mano de obra cuyo horror desliza el verdadero truco que encierra el cálculo de la miseria en el país: no se está midiendo pobreza, sino ingreso por hogar, por lo que la “solución” para el sistema es sencilla… se sigue bajando el salario y, como la gente debe vivir, se obliga a elevar el número de trabajadores por hogar, lo que, como es evidente, encubre la tendencia decreciente de los sueldos y su capacidad de pago para dar cobertura a una canasta básica. Con ese criterio, sólo va faltando legalizar y promover el trabajo infantil, ya existente, para seguir celebrando a costa de la miseria real. La vida universitaria no podrá reclamar para sí el rol crítico que le corresponde si no es capaz de analizar y discutir sobre la envergadura de este tipo de escándalos.

“Llegará un día en que nuestros hijos, llenos de vergüenza, recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje”

Yevgeny Yevtushenko

Diputados Dicen que no se Lucra en Educación… pero, ¿Hay Educación?

 La Sala de la Cámara de Diputados rechazó el pasado jueves 19 de julio el Informe de la Comisión Investigadora del Lucro, que estableció que al menos 8 universidades violan la ley que impide lucrar: U. de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás, Uniacc, Del Desarrollo y Del Mar. En junio, en efecto, dicha instancia legislativa concluyó que en las entidades nombradas existe el lucro y usan mecanismos como elevados sueldos a ejecutivos dueños de las universidades, triangulación de dineros a las inmobiliarias que también les pertenecen, principalmente a través del pago de arriendo y la externalización de servicios relevantes.

Los diputados que rechazaron el documento en tabla fundamentaron su decisión señalando que la decisión de incluir en el informe el nombre de algunas universidades específicas “vulnera la presunción de inocencia” respecto de los hechos investigados (emol.com, 19 de julio). Pero, ¿en qué consistiría una investigación en ese caso? Si se trata de indagar el lucro en la educación superior, ¿acaso ésta es una abstracción y no son las casas de estudios las que generan utilidades para el bolsillo de particulares, sino una mano invisible? Sin embargo, el asunto no es sólo un contrasentido por sí mismo, sino también respecto de las facultades fiscalizadoras que le competen a la Cámara Baja, que al pretender que un informe sea objetable por nombrar a particulares renuncia a su propio rol constitucional y, además, lo confunde, porque la “presunción de inocencia” es materia de los tribunales ordinarios de justicia. Con ese criterio, por ejemplo, los diputados tendrían que renunciar a priori a acusar constitucionalmente a todo personero cuya actuación pública quede en entredicho. Y, en ese caso, habría que ir conformándose con un Poder Legislativo unicameral.

De cualquier manera, las universidades que lucran pueden respirar por ahora tranquilas, pues la señal previa a su favor ya la había dado el ministro de Educación, Harald Beyer, quien, protegiendo los intereses particulares ante la investigación ahora desahuciada, fue más lejos y afirmó que “se sabe que se realizan transacciones entre empresas relacionadas. El punto de eso es que no es ilegal. Nada de lo que denuncia la comisión investigadora es ilegal” (latercera.com, 10 de julio). Haciendo gala de la misma confusión que los parlamentarios, el ministro olvida el pequeño detalle de que, justamente, la comisión indagó subterfugios que permiten burlar la ley,  pues si sólo se tratara de ilegalidades, entonces toda la discusión estaría simplemente en manos de los juzgados. Hace unos meses, por ejemplo, Beyer autorizó a las empresas trasnacionales a seguir “educando” a los estudiantes con avisos publicitarios en los textos escolares. Por cierto que ese escándalo no consiste exactamente en una “ilegalidad”, pues, en ese caso, otra vez, todas las facultades dadas a un ministro de Estado debieran recaer, en realidad, en los magistrados. Lo que, claro está, no contestó el ministro, es si dicha propaganda en los textos de estudios puede ser llamada educación.

“Dormía y soñaba que la vida era bella. Desperté y advertí que la vida era deber”

Immanuel Kant

Mineduc Precariza Enseñanza Prebásica y Da Nuevo Impulso al Lucro

En lo que constituye uno de los golpes más duros dados recientemente por el Ministerio de Educación, la cartera que encabeza Harald Beyer ha modificado unilateralmente las normas exigibles a las instituciones que imparten enseñanza prebásica, precarizando aún más las condiciones en que se desarrolla allí el proceso lectivo. Se trata del ya tristemente célebre Decreto 315 (ver imagen inferior), que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos de educación parvularia, básica y media del país.

Dicho decreto, que permite a las entidades de formación prebásica operar como empresas privadas, fue modificado el 18 de mayo último sin mediar aviso ni debate con las partes perjudicadas con la medida. El reglamento, una suerte de hoja de ruta para lucrar en el sector educativo, es bastante ambiguo a la hora de exigir requisitos académico-programáticos para la apertura de establecimientos que reciben a los párvulos, pero muy explícito, en cambio, para advertir a los ciudadanos que, en realidad, es la capacidad de pago la que brinda a cada empresario el derecho a ser habilitado como “sostenedor”. Así las cosas, la tan manoseada “libertad de enseñanza” queda nítidamente reducida, en su Artículo 14°, a una relación directa entre la “matrícula proyectada” y el “monto a acreditar”, de suerte que, si la estimación arroja el número de 100 educandos, el empresario deberá acreditar un monto de 200 unidades de fomento y, si se trata de más de 600 párvulos, habrá que exhibir una chequera por al menos 1.400 unidades de fomento.

Pero la reforma introducida no sólo eterniza tales “exigencias”, sino que incorpora un nuevo mecanismo para elevar las utilidades de los dueños de la educación: suprime la figura del funcionario auxiliar de aseo, de modo que ahora a los educadores de párvulos el patrón les podrá exigir funciones extracurriculares, mientras la atención de menores se ve reducida. “Nos preocupa este decreto en relación a cómo se rebajan los coeficientes relacionados con la atención de nuestros niños en nuestros jardines. Creemos, como asociación, que debiese existir una política de Estado, que no debiese responder  a los gobiernos de turno, en relación a la educación inicial”, señaló al respecto APROJUNJI, asociación que reúne a trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). En tanto, la presidenta del Colegio de Educadores de Párvulo, Soledad Rayo, manifestó que “necesitamos que este decreto sea modificado, de tal manera que los técnicos en párvulos den la seguridad de la atención de los niños” (radio.uchile.cl, 9 de julio).

En realidad, lo que como sociedad necesitamos es que una dimensión tan sensible, estratégica y esencial del aprendizaje, como es el nivel prebásico, salga de una vez por todas de los pasillos de la letra chica de un decreto que cada autoridad modifica en silencio y a su antojo. Lo que con urgencia requerimos es que tales disposiciones se conviertan en materia de ley y que, de manera transparente e informada, sea el conjunto de la ciudadanía la que dé curso al profundo debate que al que está llamada, para que nunca más la educación parvularia, con la que tantos personeros hacen gárgaras, quede subordinada a la agenda de los grupos de interés cuyo nivel de lucro aumenta de manera directamente proporcional al grado en que reducen a los profesores a una condición de cuidadores que, además de rentable para los poseedores, sienta las bases del régimen policial que, en tanto educandos, nos impide ejercer el oficio ciudadano.

 “¡La hemos vuelto a hallar! 

                             ¿Qué? La eternidad...

                                                Es la mar mezclada con el sol”

                                       Arthur Rimbaud

Premio Nobel de Física Pide a Autoridades Chilenas Invertir en Educación

La historia de la astrofísica moderna era el tema que convocaba a cientos de personas en las dependencias del ex Congreso Nacional, en Santiago, el pasado 26 de junio. La ocasión aparecía peculiarmente especial para abordar el tema, ya que el orador principal de la jornada era nada menos que Brian Schmidt, destacado científico estadounidense y ganador del Premio Nobel de Física 2011. El investigador, galardonado el año pasado por establecer que la expansión del universo incrementa su velocidad de manera proporcional a la distancia que toma del centro, dedicó toda la última parte de su intervención a plantear ejes estratégicos para el futuro de la actividad científica.

En ese marco, y aunque muchos personeros oficialistas presentes esperaban que hasta las últimas palabras del académico estuviesen dedicadas a las partículas celestes, sus rostros se desdibujaron cuando Schmidt desplegó sobre una gran pantalla las patéticas cifras de la educación en Chile, al tiempo que las comparó con las del resto del mundo. “La educación, de acuerdo a la OCDE, es la mejor manera de permitir que los países crezcan sin importar los avatares económicos del mundo. Para mí, Australia y Chile están viviendo un período donde ambos se benefician del boom de los commodities mineros y es muy importante que el país invierta sus ganancias en educación e investigación, que va permitir crecimiento aún cuando termine el boom de estos recursos”, señaló, dejando absolutamente en claro que sería imposible admirarse de grandes hallazgos astronómicos si las sociedades no priorizaran los procesos educativos (lanacion.cl, 26 de junio). Para colmo del MINEDUC, el físico remarcó el abismo que separa, en materia de resultados, a Chile y Singapur, a favor del segundo país y asociando explícitamente esa diferencia a la dimensión de las políticas desarrolladas en el sector público. “Si quieres que la educación alcance a todos lados, tiene que ser altamente fundamentada en el nivel público”, declaró, apuntando, además, que “un país no se puede privar de educar a todos sus ciudadanos, porque está construido sobre sus  ciudadanos”.

A esas alturas de la exposición, si a alguien le cabía alguna duda sobre el grado de conocimiento que tenía Schmidt sobre la situación local en materia de enseñanza, aquélla iba a disiparse cuando el expositor remató cuestionando frontalmente el modelo de educación municipalizada que rige las escuelas y, particularmente, los mecanismos de selección que se emplean para segregar y marginar cada vez más a la población estudiantil. “Es la exclusión lo que genera menos beneficios que si eres inclusivo. Es importante que todos tengan las oportunidades. Si tienes escuelas que seleccionan, con sólo buenos estudiantes, vas a tener otras con malos estudiantes. Y esto tiene consecuencias económicas. Creo que hay muchas oportunidades, pero lo que trae la prosperidad a la mayoría es tener a toda la población bien educada”, concluyó.

Por otra parte, la presencia en Chile de físicos de la estatura de Brian Schmidt es de honda significación en estos días, cuando la comunidad científica acaba de anunciar la identificación de lo que desde 1964 la teoría conoce como el “Bosón de Higgs”, es decir, la estructura asociada al origen de la masa de las partículas elementales. Se trata de la idea planteada hace casi medio siglo por Peter Higgs y que ahora llevó a Stephen Hawking a admitir un nuevo error en sus planteamientos. Es de esperar que el espíritu de Schmidt y Hawking contagie en algo a nuestras autoridades.

“Me apoderaré del destino tomándolo por el cuello.

                                             No me dominará”

Ludwig van Beethoven

El Estado Prioriza Fondos para las Universidades Privadas

En Chile tiene lugar un fenómeno particularmente distinto al del resto de los países en lo que se refiere a financiamiento de la educación. Hay muchos lugares del mundo donde la enseñanza es gratuita en todos sus niveles y otros donde, sin serlo, el proceso de aprendizaje es económicamente sustentado, en más del 80%, por el aparato público. Entre estos últimos casos se cuenta Estados Unidos, donde la coexistencia de entidades estatales y privadas tiene su marco en normas legales que prohíben categóricamente el traspaso de fondos del presupuesto nacional a establecimientos que pretendan lucrar con la actividad educativa.

Acá, en cambio, no sólo la ley ampara la apertura de centros privados y la educación esencialmente pagada, con desentendimiento global del Estado en materia de financiamiento, sino que, además, la legislación permite traspasar fondos públicos -vía crédito estudiantil- a campus que lucran y que si no recibieran esos dineros no tendrían cómo retener a sus educandos-clientes y tendrían que cerrar el negocio. Pero ni siquiera eso es todo y es de esperar que el ciudadano de a pie no se vaya acostumbrando a la cotidianeidad de tanto escándalo como el que vamos a referir a continuación.

En efecto, aludimos aquí al último informe de la Contraloría General de la República, que analizó el destino de los fondos asignados durante el año 2011 por el Fisco a las instituciones de educación superior. Dicho documento indica que el Estado invirtió 925 mil millones de pesos en educación superior. Del total, 343 mil millones de pesos fueron traspasados a los 16 planteles estatales adscritos al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), lo que equivale al 37% de los montos. Pero, ¿dónde va el resto? Las entidades privadas del CRUCH reciben 259 mil millones de pesos, lo que corresponde al 28% de los fondos, pero ya aquí hay que tomar en cuenta de que se trata de sólo 9 universidades, no de 16, de modo que, en promedio, cada plantel privado del Consejo de Rectores percibe 25% más de dineros que los estatales. Por cierto, la situación no termina ahí. Las privadas no tradicionales, es decir, las que flagrantemente lucran con la educación, también obtuvieron fondos públicos: 201 mil millones de pesos, equivalentes al 22% del presupuesto global de educación superior. Por añadidura, cuatro de las siete universidades privadas no tradicionales en las que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados estableció irregularidades, figuran como receptoras de fondos. La U. Santo Tomás, 29 mil 665 millones; la U. Andrés Bello, 27 mil 978 millones; la U. de Viña del Mar, 4 mil 366 millones, y la U. de las Américas, 18 mil 413 millones. La tabla la completan los institutos técnicos, que reciben el 5% de los fondos públicos, y los institutos profesionales, que obtienen el 8% del total.

Mientras el ministro de Educación, Harald Beyer, sigue diciendo que no ha recibido denuncia alguna, la suma más simple habla por sí sola. Entre privadas tradicionales y privadas no tradicionales se va exactamente el 50% de los fondos públicos de la enseñanza superior, bastante más que el 37% que consiguen las estatales. ¿A quién financia en Chile el Estado? Ya lo sabemos, pues lo indica con todas sus letras el informe de la Contraloría, que en la página 63 de su informe concluye: “las entidades que en promedio se ven más beneficiadas en cuanto al financiamiento hacia los estudiantes e instituciones son las Universidades Tradicionales No Estatales”. Está por verse si el ministro se atreve a explicar al país las razones de ello. El problema es qué organismo se hace cargo de la situación y en qué instancia demandar al Estado.

            “Tenemos que inventarnos la esperanza, 

tenemos que hacernos de nuevo cada día”

                                      Nelson Schwenke