Ley SEP, Juez y Parte en la Tercerización de la Enseñanza

Entre las diversas fórmulas que el neoliberalismo diseña para precarizar el trabajo, podríamos citar desde el ambiguo concepto de flexibilidad laboral hasta las flagrantes e institucionalizadas prácticas antisindicales. Esta vez nos referiremos a la tercerización o outsoucing, que, para efectos prácticos, significa y acarrea todas aquellas distorsiones y sus nefastos efectos que traen consigo tanto la subcontratación como la externalización en el proceso productivo.

Según el informe “Nearshore Attraction: Latin American Beckons as Global Outsourcing Destinations”, elaborado por la empresa KPMG International, “Chile es el mejor país de Latinoamérica para la tercerización”, ocupando el primer lugar en el ranking (biobiochile.cl, 14 de febrero de 2010). Esta posición fue aplaudida por el entonces diputado PPD Eugenio Tuma, miembro de la Comisión de Economía, Desarrollo y Fomento de la Cámara Baja. En consonancia con la opinión de la clase política en materia de desarrollo, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP, Ley 20.248, del 1 de febrero de 2008), promulgada bajo el gobierno de Michelle Bachelet, no podía quedar rezagada de esta lógica.

El brazo operativo de la SEP está a cargo de la Asistencia Técnica Educativa (ATE) que, desde el sector privado, asume la tutela de las áreas de gestión curricular, de liderazgo, de convivencia escolar y de gestión de recursos, reforzando el rol gerencial de directivos y marginando la voz de los docentes, quienes consideran que las metas son impuestas por la ATE sin atender al contexto (Revista Docencia, n° 41, agosto de 2010).

Entregada así la educación a terceros, Chile da otro gran salto hacia la consolidación del modelo que privatiza definitivamente todos los ámbitos de la enseñanza, porque, claro está, estos nuevos recursos humanos y pecuniarios están siendo administrados por particulares. De más está decir que los dineros los aporta el Estado y, como era de suponer, la malversación de fondos ya fue objeto de preocupación de la Contraloría General de la República, que reveló, a través de un informe del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que entre enero de 2010 y junio de 2011 más de 25 mil millones de pesos no habían sido rendidos por parte de los 105 municipios pesquisados (biobiochile.cl,, 28 de mayo de 2012). La misma fuente señala que, a la fecha, algunos colegios son beneficiarios de la SEP aun cuando han sido cerrados. Pero eso no es todo, porque al menos ocho ATE recibieron entre 2008 y 2010 unos $800.000.000 por prestar asesoría a establecimientos educacionales de los que, o eran propietarias, o mantenían con ellos directa relación. Estos son: Corporación Aprender, Gestión Educacional Ltda., Innovación Tres, Grupo Educativo, Fundación Educacional Gabriela Mistral, Fe y Alegría, Rotekap y Astoreca (La Tercera, 17 de julio de 2012).

La Ley SEP, a pesar de todo, tiene sus defensores a rajatabla, como J. Joaquín Brunner, Mario Waissbluth, Harald Beyer y Sebastián Miranda, quienes atribuyen al binomio SEP-ATE los registros favorables en el SIMCE.  ¿Cómo puede ser, si la Contraloría señala que los recursos SEP no se invirtieron en lo que se esperaba? ¿Qué tipo de inferencias y guiadas por qué motivaciones, están haciendo los gurús de la educación? Habría que preguntarse, primero, si este tipo de pruebas permite establecer el real desempeño académico escolar y, segundo (y sólo si lo anterior fuera efectivo), si es verdad que el cambio en los resultados se debe al factor SEP-ATE. Al respecto, resulta esclarecedor lo que dice el estudio “Asistencia Técnica Educativa en Chile: ¿Aporte al Mejoramiento Escolar?”, de 2010, cuyo coordinador es Cristián Bellei y que, en síntesis, declara que no existe evidencia de que las ATE tengan impacto en el aprendizaje de los estudiantes, en las prácticas de enseñanza de los profesores ni en los resultados SIMCE. Así, “la primera pregunta es si los programas ATE lograron impactar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Dado que los programas no contienen la aplicación de estrategias de enseñanza directa hacia los alumnos, se trata de una pregunta que remite a un impacto del programa sobre objetivos que están más allá de su radio de acción (…). Ninguno de ellos cuenta con estudios adecuados de evaluación de impacto.” Estas apreciaciones de Bellei son sustentadas por el Centro de Investigación Avanzada en Educación, una iniciativa conjunta de las universidades de Chile y de Concepción junto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la foto, el momento en que la entonces Mandataria celebra, a instancias del actual ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, la promulgación de la Ley General de Educación que dio la espalda al movimiento estudiantil y sirvió de marco normativo a la subvención escolar preferencial en la que, literalmente, son los privados los que evalúan la privatización de la enseñanza.

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“La clase trabajadora debe despertar de este letargo”

Clotario Blest