El aberrante y
progresivo proceso de desentendimiento del Estado respecto de la educación
acaba de apuntar un nuevo y vergonzoso récord internacional para Chile, que
registra ahora la más alta proporción de universidades privadas, en relación
con las públicas, entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, el más reciente estudio del organismo
establece que el 51% de la matrícula universitaria y casi toda la técnica
(91,7%) corresponde a instituciones privadas en esta nación, mientras que el
promedio de la Ocde ,
al contrario, indica una concentración no estatal de 15% (La Tercera , 12 de septiembre).
Por cierto, ni
siquiera podría decirse que la otra mitad de la matrícula universitaria chilena
es pública, porque, del total, otro 21,5% está estudiando en planteles privados
adscritos al Consejo de Rectores, como ocurre, por ejemplo, con las
corporaciones católicas. A la inversa, en la enseñanza superior técnica, sólo
el 5,6% de la matrícula está en manos estatales. El estudio, además, confirma
la tendencia de los últimos años para el país, que da cuenta de que un ínfimo
18% del gasto per cápita en educación superior es público.
A
nivel escolar, la fuente privada de financiamiento de la educación primaria y
secundaria es alta en Chile en comparación con otros países (21,8% versus el
8,8% promedio de la Ocde ).
Pero, entonces, ¿cuáles son las fuentes
de financiamiento de la enseñanza en el país? La principal: las familias. El
68% corre por cuenta de los hogares, siendo Chile la nación con la cifra más
alta. Le sigue Reino Unido, donde el 58% del gasto viene directamente de los
bolsillos de los hogares. En cambio, en Francia, por ejemplo, las familias sólo
aportan el 9,7% del total de recursos para educación superior.
De
cualquier modo, la violenta estructura del lucro en educación no es sólo
resultado de la inescrupulosa ambición de las empresas que hacen negocio con
este drama. El gobierno y las instituciones públicas que antaño estuvieron
llamadas a fomentar las condiciones que hicieron posible una enseñanza gratuita
y de calidad, se han coludido a favor de intereses creados. A partir de este
año, sin ir más lejos, los créditos de pregrado de Corfo, vigentes desde 1997,
dejaron de existir. ¿Con qué argumento social y académico? Ninguno. Le bastó
invocar una baja en las operaciones a partir de la introducción del Crédito con
Aval del Estado (CAE), el mismo que ahora el MINEDUC usa para presionar a las
universidades a reducir la duración de sus carreras (El Mostrador, 26 de enero).
Y aunque la institucionalidad intentó que el hecho
pasara inadvertido, notificando apenas en el pequeño inserto de un diario, los
ya miles de afectados por el término de la garantía estatal comenzaron a
multiplicarse. Tanto, que el asunto vuelve ahora a estar sobre la mesa, porque
la perversión de este traspaso de cartera pública a privada de deudores hizo
que en sólo el último año, de 2011
a 2012, se incrementara en un explosivo 45% el número de
estudiantes que postula a un préstamo de la banca para hacer siquiera
imaginable la posibilidad de cursar una carrera. Al dejar a la deriva a miles y
miles de familias, por décadas acostumbradas a un país en que la enseñanza ya
no es un derecho, CORFO ha introducido, además, un agravante sin precedentes al
dejar el ya asqueroso sistema de créditos en negocio de las instituciones
financieras. Porque al menos las entidades públicas exigían requisitos
académicos. Sin embargo, a la banca privada no le interesa calificación previa,
notas, puntaje, nada. Su requisito, para administrar la usura, no tiene
relación alguna con los estudios de cada cual, sino con su capacidad de pago.
El resultado será un par de bolsillos de empresarios con manos llenas, y muchas
universidades que ya no debieran usar esa palabra para sí mismas.
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“Al
medio de la Alameda
de Las Delicias Chile limita al centro de la injusticia”
Violeta Parra
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