Así Convirtieron el MINEDUC en una Comisaría

El ministro de Educación, Harald Beyer, no es más que un policía que viste de civil para recibir un sueldo más alto que el de los que arrojan lacrimógenas contra la expresión del movimiento social. En una decisión bastante más característica del actuar de las dictaduras militares, respecto de sus opositores, que de los regímenes republicanos, el secretario de Estado decidió dar cobertura institucional a la práctica ilegal de los alcaldes de negar matrícula a los estudiantes que han participado en tomas o paros. Uno tras otro, los fallos de la Corte de Apelaciones han anulado tales resoluciones edilicias, estableciendo que son ilegales y que una autoridad municipal no tiene facultad alguna para conculcar derechos civiles.

Sin embargo, hace unos días el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, fue incluso más allá y amenazó con arrebatar las becas a los escolares que protesten contra la basura de educación vigente. ¿Creerá este señor que lo suyo es pronunciarse sobre materias académicas? Matonaje hay en todas partes, pero lo peor del caso es que, esta vez, sus dichos encontraron eco en el MINEDUC. “Nos parece sensato que un alcalde que tiene recursos limitados quiera usar esos recursos en los alumnos comprometidos con la educación”, sostuvo Beyer al respaldar las declaraciones de Zalaquett (emol.com, 14 de agosto). Entonces, que diga de una vez las cosas como son: el ministerio no persigue educar; persigue a los estudiantes. Pero la breve alocución de este personero contiene otras tres afirmaciones fundamentales. Primero, el hecho de que los recursos sean “limitados” ha sido decisión de los poderosos, no de los estudiantes, de modo que ese argumento no sirve para justificar la determinación del alcalde. Segundo,  el “usar esos recursos” concede a priori a la autoridad municipal una prerrogativa que por esencia debiera corresponder a la cartera de Educación, a nivel central, pues de lo contrario se consagra e institucionaliza la escasez de recursos para la enseñanza en aquellas comunas cuyos habitantes -como la mayoría del país- poseen escasa capacidad de pago… y eso tampoco fue decisión de los estudiantes. Tercero, señala que los estudiantes “comprometidos con la educación” son aquellos que no participan en las tomas o en los paros. ¿A qué se referirá con educación? ¿A la grave situación actual en la materia? ¿A las lapidarias cifras que arrojan todos los estudios? ¿A qué concepto de compromiso se refiere el ministro? Porque hasta aquí el único compromiso que asoma en el área es el que tienen las corporaciones de educación con firmas que lucran y, tal como estableció el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ese lamentable “compromiso”, que se llama tener intereses creados, ha involucrado a ministros de Estado con utilidades de universidades privadas y colegios.

Esas cosas hay que decirlas con nombres y apellidos. Por ejemplo, tomaron arte y parte de los consorcios de educación superior el ex ministro de Educación Joaquín Lavín y el actual secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, respecto de la Universidad del Desarrollo. Pero el asunto tiene varios años más. La ministra de Educación de la administración anterior, Mónica Jiménez, también era sostenedora de colegios. Y eso se llama conflicto de intereses. Fue ella la que, pactando con el ahora ministro Larroulet, promovió una Ley General de Educación (LGE) que sacraliza la ley de la oferta y la demanda en el sector.

Este decreto a la medida, sucesor de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), fue rechazado por multitudinarias marchas estudiantiles que fueron abordadas por el gobierno de Michelle Bachelet de la misma forma que bajo la actual administración: la represión policial fue también la tónica durante la llamada “Revolución Pingüina”. De hecho, en noviembre de 2006 la entonces Presidenta ingresaba al Congreso un proyecto de ley para endurecer los cuerpos legales en materia de orden público. Fiel precursor de la actual “Ley Hinzpeter”, la iniciativa buscaba, igual que hoy, responsabilizar de los eventuales desmanes a los convocantes a las manifestaciones.

Convertido en comisaría, el Ministerio de Educación no se preocupa por distribuir recursos centralmente, pues la desigualdad que busca ya tiene como promotor al sistema municipalizado, que condena a los estudiantes a contar con los medios de la comuna en que está su escuela. Tampoco le interesa que haya más fondos públicos y excelencia en la educación estatal, pues precisamente el incentivo de esa deficiencia es lo que hace más rentable el negocio de los privados. Por eso, cuando el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, le dijo a Beyer que estaba “intensificando el rol del mercado” al financiar los créditos de arancel y no a las universidades, el ministro no dudó un minuto en salir a defender a los más pudientes, a los que realmente lo tienen en el cargo. “Si quiere discriminar entre los estudiantes, que lo diga” (emol.com, 21 de agosto), retrucó un desesperado ministro que, por supuesto, olvidó que la verdadera discriminación es la que establece el sistema, que ha dividido la calidad de la enseñanza según el quintil de ingreso de cada ciudadano. Es que, si los caballeros tienen mala memoria, estos policías de civil definitivamente padecen amnesia y por eso andan proponiendo borrar de los programas de historia la palabra dictadura: para que no nos demos cuenta de que las juntas militares inspiran su estilo de gestión.

 

 

 

 

 

“El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma”

 

Auguste Rodin

A Qué Universidades Dan Dinero las Grandes Empresas y Por Qué

Mientras año a año la discusión pública respecto del financiamiento a la educación aparece concentrada en el cada vez más exiguo aporte estatal y el cada día mayor desembolso que se exige a los hogares para enfrentar los aranceles, un creciente flujo de dineros directamente procedentes de la explotación de los trabajadores pasa inadvertido para la ciudadanía. Se trata de las donaciones privadas a las universidades, con las que los empresarios intentan mejorar su imagen corporativa con una inversión que se beneficia, además, de las exenciones tributarias vigentes para ese tipo de operaciones.

¿Serán, siquiera, las más humildes casas de estudios las “beneficiarias” de estos recursos que permiten sospechar el gigantesco margen de utilidades que los consorcios acumulan en el país del mundo donde menos impuestos pagan? No. La institución de educación superior que más dineros recibe de parte de los empresarios es la Universidad de Los Andes, seguida por la también privada Pontificia Universidad Católica de Chile. Juntas, percibieron en 2011 14 mil millones de pesos, de un total de 25 mil millones, lo que representa el 58% del total donado. Si quiere dimensionar cuánto pesa esa cifra en el sector, sepa que, por ejemplo, los gastos fijos del Ministerio de Educación (MINEDUC) ascienden a 11 mil millones de pesos anuales. ¿Quiénes lideran el ranking de donantes? El primer lugar lo obtiene Eduardo Fernández León, cuyas principales inversiones están asociadas a Consorcio, Banmédica y Entel, siendo justamente la U. de Los Andes el destino de casi todo su desembolso. El segundo lugar es para la australiana BHP Billiton, que opera en Chile Minera Escondida, Cerro Colorado y Spence. Sus donaciones se las reparten esencialemente las universidades de Chile y Católica del Norte. Le sigue el Grupo Angelini (Celulosa Arauco, Copec), que destina sus fondos a la Pontificia Universidad Católica; Banco Santander, que financia a las universidades de Chile y Diego Portales; la familia Garcés Silva (Consorcio, Embotelladora Andina), que apuesta por la U. de Los Andes y la U. Alberto Hurtado; el Grupo Luksic (Minera Los Pelambres, CCU), cuyos donativos son para la Pontificia Universidad Católica, al igual que los procedentes del mecenazgo siguiente: AngloAmerican; Grupo Penta, que aporta a la Universidad del Desarrollo; Grupo Saieh (Copesa, CorpGroup, Banco Condell), que dona a las universidades Católica del Maule y Católica de Chile; y la trasnacional canadiense Barrick Gold (Minera Zaldívar, Proyecto Pascua Lama), que financia a la Universidad Católica del Norte.

Por cierto, este escenario evidencia tanto el hecho de que las donaciones radicalizan las brechas económicas existentes entre las universidades -ya que privilegian a las de mayores recursos entre las privadas-, como la peculiar situación de que los fondos a los que les son aplicables las exenciones tributarias van a parar fundamentalmente a universidades católicas. Claro está, ni destinar recursos a las universidades  de mayor solvencia económica ni priorizar dineros para las corporaciones de una misma entidad religiosa son decisiones que descansen en fundamentos académicos. Y, por otra parte, ¿qué autonomía podría esperarse de casas de estudios que podrían tener que pronunciarse exactamente sobre los intereses de quienes llenan sus arcas? Veamos el caso de Barrick Gold, que, a través del Proyecto Pascua Lama, intenta explotar en Chile y Argentina una mina a cielo abierto, con una inversión de 2.400 millones de dólares en 23 años. Dado que la extracción de oro se haría con cianuro, la posibilidad de contaminación del agua de los glaciares ha despertado fuerte rechazo ciudadano. Hace un tiempo, la consultora medioambiental Econorte había desahuciado ante la Cámara de Diputados el controvertido proyecto, señalando que era absolutamente inviable. En esa época, Econorte era controlada y pagada por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco. Pero, posteriormente, fue la propia Barrick Gold la que empezó a financiar Econorte. El resultado fue un giro increíble. En septiembre pasado, el consorcio Econorte-Universidad Católica del Norte desarrolló durante dos días un taller sobre el impacto ambiental del proyecto, dándole luz verde esta vez a la iniciativa. En la exposición, se turnaron en el estrado  los funcionarios de Econorte y de Barrick, quienes además compartieron amigablemente los gráficos de la consultora, que a pie de página llevaban, insólitamente, la marca “Barrick”. El giro en 180 grados coincide con la alianza Econorte-Universidad Católica del Norte. Dicha corporación de estudios superiores, la principal beneficiaria de las donaciones de Barrick, aprovechó su quincuagésimo aniversario, el año pasado, para galardonar, tal como se aprecia en la vergonzosa imagen superior, a Barrick “por el constante apoyo y colaboración brindada a su quehacer académico” (somosbarrick.com, mayo de 2011).

Este escándalo que figura aquí es apenas un botón de muestra. La creciente depredación de recursos naturales requerirá de las empresas algo más que propaganda y en ese horizonte, la desmedrada situación presupuestaria de las universidades aparece como un sector vulnerable que ya sabe “agradecer” con creces los billetes recibidos, justificando con discurso academicista la explotación medioambiental, la explotación del hombre por el hombre y, seguramente, todo lo que gusten los caballeros del dinero.

“Cada uno ve en una obra de arte lo que de antemano está en su espíritu; el ángel y el demonio están siempre combatiendo en la mirada del hombre”

Lola Mora

El Informe de las Universidades que Enfureció al MINEDUC

El año académico no empezó en el país con buenas noticias para la educación, sino, al contrario, con el ministro de la cartera, Harald Beyer, pidiendo al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) que emitiesen un informe sobre la duración de las carreras. Por cierto, la intención del personero era la expresión de un deseo que él quisiera haber visto promovido entre las conclusiones del documento: reducir los años de estudio de cada programa. No sin otro objetivo economicista dijo esperar que tales instituciones expliquen por qué las disciplinas que imparten “son tan largas” en función de los “cuantiosos recursos que el Estado ha invertido” en convertirlas en un trámite pasajero (lanacion.cl, 25 de mayo). Ya antes, el 29 de marzo, había dicho a los rectores que los programas de pregrado en Chile toman, en promedio, 6,32 años, lo que le parecía un exceso en función del mismo índice para los países de la OCDE: 4,32 años.

Era evidente que el ministro no tenía argumento académico alguno para su “solicitud” y, aunque durante todos estos años la agenda privatizadora de la educación ha avanzado sostenidamente, incluso vender la enseñanza al mejor postor puede tener un traspié. Y es que, finalmente, el informe del CRUCH fue emitido, pero no llegó a los descubrimientos que habría querido el MINEDUC, sino todo lo contrario. El documento, de 67 páginas, constituye un verdadero catálogo sobre la deplorable condición actual de la educación universitaria en Chile. Ello, porque uno de los alegatos principales con que Beyer pretendía imponer su recorte de semestres era que el costo de la educación en Chile era comparable con el de Europa, temeraria afirmación que nada tarda en refutar el documento, porque la analogía sólo cabría hacerla en función de identificar, al menos, el porcentaje que, respecto de cada quintil de ingreso, representaría el arancel a pagar. Y allí las cifras son categóricas, entre otras cosas por la alta tasa de desigualdad vigente en la esfera local. Como muestra la tabla adjunta, el modelo que defiende el ministro implica, para el 20% más pobre, desembolsar casi un quinto más que el total del ingreso del hogar, mientras que al quintil de mayores recursos pagar la universidad le cuesta el 11,6% de sus entradas económicas. En términos sencillos, la comparación posible con el costo educacional para el europeo sólo sería asimilable a los más ricos de Chile.
¿Cómo pretendería la autoridad homologar una baja en años de estudios para los diferentes sectores socioeconómicos si, además, esa condición aparece en relación directa con los resultados académicos medidos por el mismo sistema de exclusión? Como es sabido, el 80% de los hogares pertenecientes al segmento ABC1 vive en el Gran Santiago, dato que el documento del CRUCH muestra a través de su correlato curricular. ¿Qué entienden los universitarios de regiones que rinden un examen de diagnóstico en matemáticas? Nada más que lo que muestra el gráfico de torta anexo: apenas el 8,7% resultó aprobado. Si, en cambio, el 91,3% reprobó, ¿qué pasaría si los años de estudio fueran reducidos? Beyer, por supuesto, diría que basta con mejorar la calidad. ¿Acaso es eso lo que ha ocurrido en estas décadas? Todo lo contrario, y las cifras vigentes para la realidad regional tienen su propia expresión según se posea mayor o menor capacidad de pago. He ahí el tercer dardo del informe aquí referido. Al aplicar, para la evaluación de inglés, el Placement Test, el nivel “starter” registra entre los estudiantes de los dos primeros quintiles de ingreso una proporción que más que duplica la observable para los tres quintiles superiores, como puede verse en el gráfico de barras. Las conclusiones del documento fueron un balde de agua fría para el ministro. “El problema de la duración de las carreras es complejo y de múltiples variables estrechamente relacionadas” (entre ellas, las falencias formativas previas), respondió el CRUCH, señalando que se requiere un “proyecto país”. Sobre la pretensión economicista del gobierno, el informe fue categórico: “el costo de las carreras no debe ser tratado con conceptos provenientes de otros ámbitos. Los estudiantes y graduados no son posibles de tratar como unidades de producto” (la cursiva es del texto original). Al menos esta vez, la habitualmente ambigua actitud de los rectores dio una significativa bofetada en la cara de los más patéticos afanes privatizadores.

“Sería ingenuo pensar que la clase dominante va a desarrollar una forma de educación que permita a la clase dominada percibir la injusticia social en forma crítica”

Paulo Freire

Gobierno Lleva Hospitales Universitarios a la “Libre Competencia”

Justo en los momentos en que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entra en la fase más crítica de su historia, exhibiendo una deuda de arrastre de 31 mil millones de pesos, producto de las funestas políticas de autofinanciamiento introducidas hace tres décadas en las instituciones de educación superior, el Ministerio de Salud ha anunciado, sin pudor alguno un proyecto de ley que busca traspasar al particular la decisión sobre el centro asistencial en que debería ser atendido en su condición de paciente. En efecto, haciendo gala de un populismo carente de argumentación médica, el titular de la cartera, Sergio Mañalich, intentó justificar el anuncio comentando que, con ello, “las personas van a tener plena autonomía” y que se trata de un objetivo “noble”, porque “creen que van a recibir un mejor tratamiento” (La Tercera, 27 de julio).

Que no son expresiones aisladas lo dejó en claro el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, quien recalcó que “es bueno que la gente tenga derecho a atenderse con quien decida” y que, por cierto, “se va a generar competencia que obligará a que todos empiecen a hacer mejor las cosas”. Con ese criterio, hacia fin de año la Superintendencia de Salud divulgará un ranking de “prestadores” que, por ejemplo, calificará la calidad del trato en clínicas y hospitales a partir de una evaluación que harán los propios pacientes. Es verdad que una segunda fase incluirá criterios técnicos, pero lo que no dicen ni Mañalich ni Mora es que, para esta contienda de acreditaciones, los centros de atención pública, dependientes de las universidades, deberán enajenar sus funciones -profundizando el proceso hoy en curso- y vender lo que antes eran derechos: servicios. Por esa vía, inaugurada con la misma lógica con la que la Junta Militar emprendió la “libertad de educación”, hoy el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cuyo presupuesto anual es de 80 mil millones de pesos, recibe el 5% de los fondos de parte de esa casa de estudios. ¿De dónde se obtiene el 95% restante? “De la venta de servicios asociados al negocio de la salud en nuestro país”, denunció a través de una declaración la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (radio.uchile.cl, 31 de julio).

Así, mientras la crisis hospitalaria mantiene a los pacientes como víctimas, el mismo modelo que va sofocando la posibilidad de que el sector público garantice a través de las universidades atención, docencia e investigación,  ha promovido la expansión de la empresa privada en el sector, cuya capacidad instalada creció 79% sólo entre 2002 y 2008, mientras los proyectos en carpeta son estimados en 250 mil millones de pesos, es decir, la deuda total de arrastre del Hospital de la Universidad de Chile, multiplicada por 9. La situación de los centros públicos de atención en el país es lamentable, y lo es mucho más el que unas autoridades se sientan con derecho a desvincular el derecho ciudadano a tratamiento médico de la discusión respectiva en las facultades de Medicina, porque eso no es más que un modo silencioso de ir aboliendo el carácter académico de la disciplina misma. Igualmente inaceptable es que se aluda a los conceptos de autonomía y de libertad para legitimar una contienda de mercado en materia de salud. Si justificar un proyecto de ley de estas características requiere de “sondeos” al consumidor, ¿acaso terminaremos organizando un festival de la simpatía para resolver quiénes debieran conducir los decanatos en las casas de estudio? ¿Será entonces que la política exterior y las políticas públicas en general terminarán siendo también modificadas según el parecer del Servicio Nacional del Consumidor? El argumento del Ejecutivo es impresentable, porque transferir al particular la “decisión” de dónde atenderse según el centro que parezca bien dotado para un tratamiento, es un modo de reconocer que bajo esta modalidad siempre habrá recintos hospitalarios que no estén en condiciones. ¿Qué líneas de investigación abrirán las clínicas privadas que se están llenando los bolsillos a costa de esta situación? Si tanto alaba Mañalich la atribución que se quiere conceder a cada ciudadano para que “decida” sobre su propio tratamiento médico, entonces tanto mejor podría promover la facultad ciudadana de plebiscitar un cambio de normas para que todos los centros hospitalarios cuenten con las condiciones óptimas para cumplir con las funciones estratégicas que de ellos espera la sociedad. 

“No puedo aceptar la vida como es… pongo demasiado arte en mi vida, demasiada energía y, en consecuencia, no me queda mucha para dedicarla al arte”

                                                               Tina Modotti