“No es razonable prohibir las relaciones entre
universidades y empresas”, fue la descarada afirmación sobre el lucro planteada
hace un par de meses por el ministro de Educación, Harald Beyer, quien no tuvo
escrúpulo alguno para agregar que dicho contubernio, que ya no es en nombre del
desarrollo social, sería perfectamente “legal” (cooperativa.cl, 22 de agosto). La
marcada inspiración mercantilista que defendió entonces la autoridad comienza
ahora a perfilarse en medidas concretas, con un sello de comerciante que ni la
dictadura militar se atrevió a ensayar entre los múltiples desastres que aportó
al sector de la enseñanza. En esa dirección, una de las impresentables
iniciativas anunciadas en los últimos días por el secretario de Estado consiste
en olvidar ejes como la excelencia académica y las necesidades del país a la
hora de incentivar o no la existencia de carreras universitarias.
Desde el año 2014, dijo
Beyer, los aranceles de referencia, o sea, el monto cubierto por becas y
créditos estatales, considerará en su cálculo las variables de sueldo y
empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En buen castellano, significa que las
políticas públicas desincentivarán la matrícula en las disciplinas y programas
de estudios que el mercado considera “no rentables”. El anuncio es una pésima
noticia desde distintas perspectivas. Primero, porque ya desde antes la
cobertura pública en materia de financiamiento estudiantil era baja, alcanzando
el sustento institucional a una porción modesta del arancel real para la
generalidad de las carreras, brecha que ha sido utilizada como Caballo de Troya
para ir privatizando el modelo de educación. En segundo término, como hemos
adelantado, se ha resuelto, con mezquinos criterios fenicios, reducir hasta en
60% la ya pobre cobertura que exhibían las disciplinas que el sistema vigente
mira por sobre el hombro, por estimar que sus estudiantes tienen escasa
capacidad de pago para sustentar futuros reembolsos. Pongamos un ejemplo para
ilustrar la fortísima dimensión de lo que se va a hacer con la vida
universitaria de aquí en adelante. Hoy, la carrera de Sicología en la Universidad Católica
registra un arancel anual de 4 millones de pesos. Frente a ese monto, el
arancel de referencia ya es de exiguos 2,6 millones que condenan a cualquiera
al endeudamiento o la automática exclusión. Sin embargo, la medida adoptada por
el Mineduc radicalizará ese drama, reduciendo, en 14 meses más a contar de
ahora, el cálculo referencial a 1 millón de pesos, esto es, exactamente la cuarta
parte del arancel. Algo análogo ocurrirá en esa casa de estudios con Derecho,
que hoy cuesta más de cuatro millones y cuyo arancel de referencia es de apenas
2,6 millones. Según los cálculos preliminares, esa cifra caerá a 2,1 millones
al aplicar la modalidad de Beyer. Con
brutal lógica economicista, la estimación del Ministerio de Educación hace una
tasación de carácter bursátil de las carreras, reduciendo su valor relativo a
la mera probabilidad de desempeño laboral y retorno remunerativo del egresado,
sin tomar en cuenta la calidad del programa de estudio ni las necesidades
sociales a las cuales dichas disciplinas pueden dar respuesta. Ese nuevo
peldaño privatizador exacerba la escena complicando especialmente a las mejores
universidades, porque el nuevo arancel de referencia con suerte sustenta el
área docente, pero no las funciones estratégicas de una verdadera casa de
estudios. Como bien ha advertido al respecto el académico de la UC Ricardo Paredes, el
arancel de referencia se ubicará en un nimio 40% para la Universidad de
Concepción y la metodología entrante “permitirá financiar sólo el costo de
educar”, en detrimento de las áreas de
investigación y extensión (La
Tercera , 9 de octubre).
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“La inspiración existe, pero tiene que
encontrarte trabajando”
Pablo Picasso
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