Editorial: La Estafa de la Acreditación Universitaria Más Allá de los Delitos Económicos

Durante los primeros días de octubre de 2011, Academia Libre denunció pública y responsablemente, a través de su Boletín, la impresionante farsa ritual que permite a las universidades de la institucionalidad salir airosas de los supuestos mecanismos de evaluación y, de paso, conseguir luz verde para un Crédito con Aval del Estado (CAE) que convierte a sus estudiantes en financistas de corporaciones que lucran con la educación.

En esa oportunidad, la acusación pública formulada por nuestra universidad, a través de sus versiones impresa, electrónica y radial, tuvo como fuente incontestable para su planteamiento un lapidario informe que en esa dirección nos proporcionaba la Contraloría General de la República. Dicho documento, hasta entonces no tomado en cuenta por la industria mediática, emanó de dicho organismo el 19 de noviembre de 2010, pero sólo ahora, dos años después, las investigaciones respectivas, lideradas por los tribunales de justicia y no por el Ministerio de Educación, derivaron en la detención y formalización de conspicuos personajes implicados directamente en los delitos de soborno, negociación incompatible y lavado de dinero. Por tales ilícitos, ya ha sido formalizado el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, mientras que igual condición procesal fue aplicada a los ex rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente, por cohecho (los tres figuran en el banquillo de los acusados de la foto inferior).

La indagación está en sus comienzos y, como ya ha advertido la Fiscalía, los peritajes incluyen, además, a las universidades Andrés Bello, UNIACC, SEK y Bernardo O’Higgins.

Sin embargo, cuando hicimos la denuncia correspondiente también dijimos qué hecho puntual había gatillado el inicio de la investigación: el año 2010, todas, absolutamente todas las universidades del sistema, incluidas las que jamás habían sido avaladas, obtuvieron acreditación de parte de la CNA, cuyos miembros, como estableció la Contraloría General, eran capaces de “contabilizar dentro de un mismo día hasta cinco sesiones” de trabajo con tal de figurar realizando el número de reuniones que la norma establece como mínimo al mes, y cobrar, mediante esa argucia “que no se encuentra contemplada en el reglamento interno ni en la ley”, la dieta prevista para tal cumplimiento. En consecuencia, esto que hoy aparece como una sorpresa para la opinión pública venía incubándose desde hace tiempo y apunta, en realidad, a la mala calidad de los programas de estudio y de investigación vigentes en el país y no sólo ni fundamentalmente a los delitos financieros que, más bien, son consecuencia de la intentona de las universidades por encubrir sus incapacidades académicas.

Y en ese último punto, por estos días la Contraloría General ha vuelto a darnos la razón, evacuando un nuevo informe, que esta vez denuncia que la CNA no sólo no cuenta con directrices explícitas para acreditar, sino que, además, registra 31 casos de acreditaciones de programas de magíster y doctorado en los que ellas fueron sencillamente prolongadas por secretaría, sin mediar evaluación académica alguna (biobiochile.cl, 26 de noviembre). Tal documento advierte que la CNA no ha dado cumplimiento a su mandato legal y que registra “pagos por servicios no aprobados ni revisados”, gastos “no respaldados” y otros “improcedentes”, varios de los cuales, por ejemplo, fueron destinados a comprar regalos para los propios comisionados. ¿Acreditación de la calidad de qué? Nada de educación. El informe del organismo contralor conmina a la CNA a adoptar “las medidas tendientes a minimizar los posibles riesgos por eventuales conflictos de interés en pro de la transparencia y probidad en que deben actuar las instituciones involucradas, sin perjuicio de que las medidas enunciadas sean materia de revisión en una próxima visita de seguimiento”.

Quizá, una de las pistas fundamentales para comprender la magnitud académica de la estafa en curso no sea ya la acusación de la Contraloría respecto de la luz verde dada a 31 programas de postgrado sin mediar evaluación, sino la respuesta con la que la CNA intentó justificar tan grave irregularidad: “la CNA señaló que efectivamente dicha modalidad obedeció a la alta demanda por acreditación, dado que dichos procesos requieren un tiempo de tramitación y luego debe ajustarse a la agenda de la CNA para que puedan ser resueltos” (Informe Final, División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General, 19 de noviembre de 2012, página 27). He aquí, justamente, en esta insostenible fundamentación, el meollo del asunto. La demanda; la alta demanda. El propio sistema privado de educación es incapaz de mantener el ritmo de expansión de su negocio. En buenas cuentas, si hay formalizados ya por cohecho, lavado de dinero, soborno y negociación incompatible, es porque el proceso mismo de una educación universitaria que se precie de tal, es incompatible con el negocio. A estar atentos, entonces, porque una verdadera investigación en el caso de Chile deberá incluir no sólo la cárcel para los responsables, sino también el cierre de todas aquellas casas de estudios que hasta aquí se mantienen abiertas simplemente porque su precaria apuesta académica no ha sido sometida al más elemental examen por parte de la sociedad que las alberga.

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 “¿Quién puede definir la magia? Un poema es como una flor que brota (…). Escribir es un aliento de la tierra”

María Luisa Bombal