décadas las autoridades chilenas se
acostumbraron a destinar tantos o más
recursos a defensa que a educación, pero también es cierto que
los patéticos resultados de esa práctica están a la vista. El monto
actualmente dirigido a la enseñanza apenas asciende al 4,35%
del PIB, es decir, un tercio menos que el promedio de lo que
invierten en el sector los países de la OCDE y menos de lo que
el Estado ha proporcionado en los años recientes al ámbito
militar (4,6%). Si nuestra sociedad asegurase el acceso gratuito
a la educación al menos a los estudiantes procedentes del 60%
de hogares más pobres, además de introducir un aporte
presupuestario basal a las universidades, los fondos dirigidos a
educación llegarían al 6,55% del PIB. Esta posibilidad, que
escandaliza al MINEDUC y pone en guardia al Ministerio de
Hacienda, en realidad todavía dejaría a Chile por debajo de la
media del bloque del que tanto se jacta en pertenecer:
Dinamarca gasta el 8,5% y Noruega el 7,6% (Informe Unesco).
El cálculo es fundamental, porque prueba que la
inversión que requiere el sector implica financiamiento
permanente y no la pirotecnia coyuntural que ha planteado hasta
la fecha el Gobierno. Y puesto que destinar fondos permanentes
no es algo que asegurarán los privados, que apuestan al lucro, ni
municipios como el de Santiago, cuyo alcalde quiere “sacar a
los militares a las calles” (www.adnradio.cl, 15 de agosto), el
debate se instala en la arena fiscal, que es donde corresponde
discutir un asunto de interés público como la educación.
Pero la razón por la cual el Poder Ejecutivo se opone a
ese incremento no se relaciona con el debate educacional, sino
con otros intereses: no tocar el presupuesto militar (el más alto
de América Latina como porcentaje del PIB) ni la chequera de
los estratos socioeconómicos más altos, a través de una reforma
tributaria. Invertir en educación no es un lujo de las potencias,
como se quiere hacer creer a la opinión pública. México destina
el 5,3%, Paraguay el 5,4%, Argentina el
6,47% y Bolivia el 7%. El asunto es
convertir el aprendizaje en prioridad
nacional.
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promueve una educación pública y de excelencia, que busca
aportar al análisis crítico y a la elaboración creativa para
instalar el conocer en la perspectiva de la transformación y la
justicia social.
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