lunes, 29 de octubre de 2012

Mineduc, el Agente Empresarial por la Rentabilidad de las Carreras



“No es razonable prohibir las relaciones entre universidades y empresas”, fue la descarada afirmación sobre el lucro planteada hace un par de meses por el ministro de Educación, Harald Beyer, quien no tuvo escrúpulo alguno para agregar que dicho contubernio, que ya no es en nombre del desarrollo social, sería perfectamente “legal” (cooperativa.cl, 22 de agosto). La marcada inspiración mercantilista que defendió entonces la autoridad comienza ahora a perfilarse en medidas concretas, con un sello de comerciante que ni la dictadura militar se atrevió a ensayar entre los múltiples desastres que aportó al sector de la enseñanza. En esa dirección, una de las impresentables iniciativas anunciadas en los últimos días por el secretario de Estado consiste en olvidar ejes como la excelencia académica y las necesidades del país a la hora de incentivar o no la existencia de carreras universitarias.    


                    Desde el año 2014, dijo Beyer, los aranceles de referencia, o sea, el monto cubierto por becas y créditos estatales, considerará en su cálculo las variables de sueldo y empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En buen castellano, significa que las políticas públicas desincentivarán la matrícula en las disciplinas y programas de estudios que el mercado considera “no rentables”. El anuncio es una pésima noticia desde distintas perspectivas. Primero, porque ya desde antes la cobertura pública en materia de financiamiento estudiantil era baja, alcanzando el sustento institucional a una porción modesta del arancel real para la generalidad de las carreras, brecha que ha sido utilizada como Caballo de Troya para ir privatizando el modelo de educación. En segundo término, como hemos adelantado, se ha resuelto, con mezquinos criterios fenicios, reducir hasta en 60% la ya pobre cobertura que exhibían las disciplinas que el sistema vigente mira por sobre el hombro, por estimar que sus estudiantes tienen escasa capacidad de pago para sustentar futuros reembolsos. Pongamos un ejemplo para ilustrar la fortísima dimensión de lo que se va a hacer con la vida universitaria de aquí en adelante. Hoy, la carrera de Sicología en la Universidad Católica registra un arancel anual de 4 millones de pesos. Frente a ese monto, el arancel de referencia ya es de exiguos 2,6 millones que condenan a cualquiera al endeudamiento o la automática exclusión. Sin embargo, la medida adoptada por el Mineduc radicalizará ese drama, reduciendo, en 14 meses más a contar de ahora, el cálculo referencial a 1 millón de pesos, esto es, exactamente la cuarta parte del arancel. Algo análogo ocurrirá en esa casa de estudios con Derecho, que hoy cuesta más de cuatro millones y cuyo arancel de referencia es de apenas 2,6 millones. Según los cálculos preliminares, esa cifra caerá a 2,1 millones al aplicar la modalidad de Beyer.                    Con brutal lógica economicista, la estimación del Ministerio de Educación hace una tasación de carácter bursátil de las carreras, reduciendo su valor relativo a la mera probabilidad de desempeño laboral y retorno remunerativo del egresado, sin tomar en cuenta la calidad del programa de estudio ni las necesidades sociales a las cuales dichas disciplinas pueden dar respuesta. Ese nuevo peldaño privatizador exacerba la escena complicando especialmente a las mejores universidades, porque el nuevo arancel de referencia con suerte sustenta el área docente, pero no las funciones estratégicas de una verdadera casa de estudios. Como bien ha advertido al respecto el académico de la UC Ricardo Paredes, el arancel de referencia se ubicará en un nimio 40% para la Universidad de Concepción y la metodología entrante “permitirá financiar sólo el costo de educar”, en detrimento  de las áreas de investigación y extensión (La Tercera, 9 de octubre).

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“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”

 Pablo Picasso

Alcances Supuestamente Académicos de la Prueba Inicia


Es sabido que, en el corto plazo,  la Prueba Inicia pasará a ser obligatoria y habilitante de la condición de profesor. Los estudiantes de Pedagogía Básica rehúsan esta evaluación por considerarla enciclopedista e incapaz de evidenciar las competencias docentes. Así lo refiere la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Yoxcy Campos, quien enfatizó que “la Prueba Inicia castiga a los alumnos y no al sistema” (cooperativa.cl, 15 de mayo). Es cierto, pero ¿por qué la encuesta Cooperativa e Imaginación revela que 8 de cada 10 personas están a favor de que esta evaluación sea obligatoria?                                    No se trata aquí de justificar o no el instrumento desde un punto de vista técnico, sino de reflexionar sobre cómo una sociedad valora el acopio de contenidos y su uso articulado. El propio rector de la UMCE, Jaime Espinosa (quien evaluó positivamente el promedio obtenido por la casa de estudios que dirige, 66%, frente al 53% de promedio país) reconoce que hay que nivelar a los estudiantes de pregrado, ya que ingresan a las universidades sin las competencias necesarias, lo que tiene efectos negativos tanto a la hora de enfrentarlos a la Prueba Inicia, como al resto de las exigencias académicas (radio.uchile.cl, 8 de mayo). Pero, ¿por qué las universidades están admitiendo a los postulantes si no cumplen con el perfil mínimo que ellas mismas han definido? Si la respuesta va en la línea de que si la PSU no es apropiada como selector-predictor, entonces tampoco lo es el test Inicia, que opera bajo los mismos cánones. Ahora, si los argumentos se van a sostener en que, no importando lo que arroje la PSU, la eventual nivelación en pregrado no es suficiente, entonces ¿por qué las instituciones están certificando profesores? ¿Ha lugar la nivelación en las universidades?     





                                     Una aproximación al problema va en la línea de desentrañar qué es lo que la sociedad chilena entiende por la adquisición de herramientas para el desarrollo integral del ciudadano. Parece que lo que busca es lo que describe la siguiente falacia de petición de principio: profesores preparándose para rendir una Prueba Inicia que los habilite; ya ejerciendo la profesión, preparan gente para tener éxito en la PSU; tras esto, los postulantes a carreras de Pedagogía ingresan sin que este filtro haya significado algo y, por tanto, deban nivelarse en función de la Prueba Inicia. Entonces, ¿es una soberana pérdida de tiempo el tránsito desde el nivel secundario al de la llamada educación superior? ¿Dónde y cuándo los estudiantes han de adquirir dichas competencias? ¿Qué certezas, ventajas y progreso puede arrojar este modelo ciertamente tautológico y oscuro? En Chile, por otra parte, la corporación académica que históricamente alcanza los más altos puntajes en este tipo de pruebas, la Pontificia Universidad Católica, promueve y defiende, emulando al tristemente célebre Tribunal del Santo Oficio, las terapias reparativas en materia de orientación sexual, contraviniendo brutalmente la evidencia científica que aporta la Organización Mundial de la Salud. Si a juicio de esa universidad la OMS está en un error, entonces el campus pontificio deberá explicar qué entiende por ciencia antes de someter a pruebas a los estudiantes. 


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“El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que a los alpinistas: se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar”

Gabriel García Márquez


¿Agencia de Calidad de qué?


Hace unos días, el MINEDUC puso oficialmente en marcha la más extraña y paradójica instancia de la que el sector de la enseñanza tenga registro en su historia. Se trata de la Agencia de Calidad de la Educación, un impresionante invento respecto de cuyos objetivos, si se puede hablar de tales, fueron entusiastamente puestos en placa de bronce por su recién designado director ejecutivo, Sebastián Izquierdo. “Hoy día toda la comunidad espera que la calidad de nuestra educación chilena mejore cuanto antes. Son demasiadas las cosas que están en juego, por lo tanto, no debemos perder tiempo”, dijo el personero, convencido de que “especialistas con experiencia en educación evalúen y presten apoyo a los establecimientos con problemas y que esa información sea transparente para la comunidad” (latercera.cl, 2 de octubre).
¿Especialistas? ¿Cuáles? Durante décadas, el Ministerio de Educación, y también los think tanks, han hecho gárgaras presentando a estos personajes, los mismos que, oídos una y otra vez o invocados para reforzar el prestigio de alguna decisión, han ido planteando, cada cual con su estilo, las bases del modelo privatizador vigente en el país en materia educativa. En ese curioso desfile de nombres, suelen ser subrayados los de José Joaquín Brunner, autor de la ley marco cuyo criterio rige la enseñanza en el país bajo el impresentable principio de que el pago es un asunto “socialmente aceptado”; de Harald Beyer, hoy ministro, que impulsa la gestión educativa como consorcio y que ha convertido el MINEDUC en un centro de persecución de estudiantes; y de Mario Weissbluth, más conocido hoy por su interlocución con personajes de la farándula, pero que además preside Educación 2020, pretendiendo dictar pautas para “mejorar” la gestión en enseñanza, sin explicar a los ciudadanos en calidad de qué su directorio lo integran los empresarios Felipe Lamarca y Jaime Estévez. Si tan “especialistas” son todos ellos, ¿por qué las políticas que impulsaron durante todos estos decenios en que tuvieron tribuna siguieron profundizando el desastre que vive el país en el sector?
La misma contradicción asoma tras las palabras del ministro Beyer, quien definió la Agencia de Calidad de la Educación como una entidad que “velará por que los establecimientos educacionales se comprometan con estándares mínimos de calidad. Con esto buscamos que se puedan promover cambios que hagan progresar a sus estudiantes  en sus logros académicos y en su formación como personas integrales”. ¿Quiere decir con esto que antes de la citada agencia esos objetivos no existían? Póngase serio ministro: esos objetivos declarados ya estaban, porque es la pretensión de todo ministerio de Educación; sólo que fracasó y sus gestores, que serán los mismos, tendrán ahora un cargo adicional dentro de la burocracia neoliberal. ¿De qué estándares de calidad habla ahora, ministro, si lo único que medirá esa verdadera rama del Servicio Nacional del Consumidor será la pauta dictada a la fecha por el MINEDUC y revisada por su cómplice fundamental, el Consejo Nacional de Educación? De esa dupla han salido, durante décadas, las políticas del desastre educativo actual. La única novedad es que, con el nuevo nombre, el Ministerio de Educación contará con un organismo adicional gracias al cual eximirse de responsabilidades propias cuando los próximos informes internacionales vuelvan a mostrar la inequívoca ruta del fracaso.
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“El interés de la ‘revolución primitiva’ se halla en el uso que de ella puede hacerse para impulsar movimientos ante una situación nueva”

Eric Hobsbawm

El Doble Discurso de los que Dicen Defender la Educación Pública


El populismo siempre ofrece ejemplos que ponen a prueba la capacidad de sorpresa de los ciudadanos. Hace unos días, el senador Ricardo Lagos Weber dijo querer que el Presupuesto Nacional priorice el gasto en educación (lanacion.cl, 21 de septiembre). Lo hizo exactamente tres semanas después de tragarse sus propias promesas para, finalmente, aprobar en el Congreso la escandalosa pseudoreforma tributaria que rebaja impuestos a los más ricos del país. Se trata, al parecer, de una práctica bastante extendida entre los sectores más influyentes de la sociedad: elaborar un discurso para la tribuna mientras se urde otra cosa cuyo conocimiento es poco divulgado.
Y, justamente en estos tiempos en que las legítimas demandas estudiantiles por una educación pública dan la lección que las escuelas de hoy son incapaces de impartir, es necesario desnudar este doble discurso. Sin ir más lejos, y siguiendo el estilo ya descrito, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, aseguró ante la opinión pública solidarizar con la causa del movimiento estudiantil y sus reivindicaciones. “Tienen razón de protestar porque la educación se ha vuelto para muchos una pelea para ganar puntajes, espacio, y la educación debiera ser un lugar de mucha libertad”, manifestó el prelado, subrayando que “cuando los jóvenes se rebelan contra el lucro tienen razón” (terra.cl, 23 de septiembre).
Pero, ¿de qué está hablando, señor Ezzati? Si el discurso de la Iglesia Católica quisiera guardar la más mínima coherencia para hablar de educación pública en Chile, entonces que renuncie primero a la totalidad de escuelas y universidades que mantiene como propiedad privada en el país. Y aquí no estamos hablando de casos marginales, porque esa institución cobra por el 15% del total de la matrícula escolar prebásica, básica y secundaria del país, teniendo como clientes a 555.000 estudiantes, al tiempo que es dueña del 22% de la matrícula de institutos profesionales y de universidades.


¿Qué principios podría realmente compartir con los jóvenes movilizados si, de los 808 establecimientos educacionales que mantiene en su poder, 373 son particulares subvencionados, 308 son particulares “con financiamiento compartido” y 137 son particulares pagados donde ya el año 2002 se pagaba una colegiatura mensual de 110 mil pesos? (Primer Congreso Educación Católica, 2006). ¿Serán acaso los menores de escasos recursos los que acceden a esa enseñanza? Por cierto que no. Los datos de la propia Iglesia Católica señalan que la impresentable modalidad  de “financiamiento compartido” se dispara tendencialmente entre sus escuelas, aumentando, en apenas cuatro años (desde 1998) en 50 mil los nuevos matriculados bajo ese esquema privatizador.
¿Cómo podría la Iglesia Católica compartir realmente con los estudiantes el principio de no discriminación que éstos defienden si los datos oficiales indican que el 85% de las escuelas particulares pagadas, y el 73% de las particulares subvencionadas establecen criterios de selección para sus respectivos procesos de admisión? (SIMCE, Informe 2003). Así es bastante fácil hablar de educación, pero los antecedentes arrojan por la borda cada una de esas palabras. No se puede hablar de educación pública al mismo tiempo que se defienden intereses para mantener su propiedad en manos privadas, como acaba de hacer el Congreso Nacional por la vía tributaria de los privilegios, ni sosteniendo consorcios particulares de enseñanza. Un auténtico debate en materia de políticas públicas merece llamar las cosas por su nombre y denunciar el cómodo podio de la ambigüedad: o se está por una educación pública, o se sigue llenando más de alguien los bolsillos a costa de todos.
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“Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas” 


      Susan Sontag

Editorial: MINEDUC Confunde Escolaridad y Acceso Equitativo a la Educación



Apresuradas cuentas alegres había sacado el Ministerio de Educación (MINEDUC) respecto del último informe sobre Chile divulgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Basándose en datos preliminares divulgados a modo de síntesis por la prensa local, la autoridad intentó destacar para el país un supuesto acceso equitativo a los distintos niveles de enseñanza por parte de los diferentes sectores socioeconómicos. Se trató, sin embargo, de un error de proporciones, pues el incremento de la escolaridad, medida en años, es una tendencia mundial que en modo alguno se explica a partir de un acceso equitativo a la formación.
El vergonzoso desliz oficial, que buscaba festejar, se encontró primero con la respuesta de los especialistas chilenos, que no ahorraron términos para referirse al asunto. Para el director del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile (OPECH), Jesús Redondo, a lo sumo se ha estado “aumentando la tasa de permanencia y años de escolaridad para las nuevas generaciones”, pero, al exhibir, simultáneamente, los niveles de segmentación más altos del planeta en el área, “está ocurriendo un aumento de la inequidad (sic) en el tipo de educación que está obteniendo cada clase social”. Con todo, el insostenible entusiasmo oficialista alcanzó también al matutino El Mercurio, que se atrevió a afirmar que Chile tenía un acceso más igualitario a educación que el promedio de la OCDE, sosteniendo que mientras para el bloque la media en el Índice de Gini era de 0,13, para el país ascendía a 0,14. Por cierto, el error no tardó en copar las redes sociales, pues, como bien explicó el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), el coeficiente de Gini, medida empleada para calcular, comparativamente, la desigualdad social, “se debe leer al revés, es decir, cuando alcanza su valor máximo de 1 significa desigualdad absoluta, mientras que el 0 es el equivalente a igualdad absoluta” (radio.uchile.cl, 19 de septiembre).



El MINEDUC quiso creer, y hacer creer, que la comunidad internacional vendrá a felicitar a sus conductores por las orientaciones que se ha dado a la cartera. Pero las conclusiones evacuadas este año por la propia OCDE dicen otra cosa para Chile. Los resultados para el país en materia de educación “aún están por debajo de la media” del bloque, dijo la corredactora del informe Aída Caldera, quien advirtió que, en lugar de contabilizar el número global de matriculados, Chile debe hacerse cargo de las consecuencias de un modelo socioeconómico inspirado en la desigualdad. “Las características socioeconómicas de los niños tienen un impacto bastante grande sobre los resultados académicos y hay que hacer algo para mejorar esto”, señaló. En ese sentido, no es aceptable el discurso que pretende instalar la idea de que salir de la debacle educativa en que se encuentra el país depende simplemente de iniciativas técnico-pedagógicas a implementar en los diversos establecimientos. No. La “innovación” en el aula no tiene sentido, salvo cumplir su rol de propaganda, si estudiantes y profesores exhiben una situación social deficitaria. ¿Un texto con más colores? Primero, una reforma tributaria. Como también indica el documento de la OCDE en la parte de la que el MINEDUC no se hizo eco, en Chile “el sistema impositivo hace muy poco para redistribuir la riqueza”.

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“Ves cosas y dices: ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo: ¿por qué no?”


George Bernard Shaw