El
ministro de Educación, Harald Beyer, no es más que un policía que viste de
civil para recibir un sueldo más alto que el de los que arrojan lacrimógenas
contra la expresión del movimiento social. En una decisión bastante más
característica del actuar de las dictaduras militares, respecto de sus
opositores, que de los regímenes republicanos, el secretario de Estado decidió
dar cobertura institucional a la práctica ilegal de los alcaldes de negar
matrícula a los estudiantes que han participado en tomas o paros. Uno tras
otro, los fallos de la Corte de Apelaciones han anulado tales resoluciones
edilicias, estableciendo que son ilegales y que una autoridad municipal no
tiene facultad alguna para conculcar derechos civiles.
Sin
embargo, hace unos días el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, fue incluso
más allá y amenazó con arrebatar las becas a los escolares que protesten contra
la basura de educación vigente. ¿Creerá este señor que lo suyo es pronunciarse
sobre materias académicas? Matonaje hay en todas partes, pero lo peor del caso
es que, esta vez, sus dichos encontraron eco en el MINEDUC. “Nos parece sensato
que un alcalde que tiene recursos limitados quiera usar esos recursos en los
alumnos comprometidos con la educación”, sostuvo Beyer al respaldar las
declaraciones de Zalaquett (emol.com, 14 de agosto). Entonces, que diga de una
vez las cosas como son: el ministerio no persigue educar; persigue a los
estudiantes. Pero la breve alocución de este personero contiene otras tres
afirmaciones fundamentales. Primero, el hecho de que los recursos sean
“limitados” ha sido decisión de los poderosos, no de los estudiantes, de modo
que ese argumento no sirve para justificar la determinación del alcalde.
Segundo, el “usar esos recursos” concede
a priori a la autoridad municipal una prerrogativa que por esencia debiera
corresponder a la cartera de Educación, a nivel central, pues de lo contrario
se consagra e institucionaliza la escasez de recursos para la enseñanza en
aquellas comunas cuyos habitantes -como la mayoría del país- poseen escasa
capacidad de pago… y eso tampoco fue decisión de los estudiantes. Tercero,
señala que los estudiantes “comprometidos con la educación” son aquellos que no
participan en las tomas o en los paros. ¿A qué se referirá con educación? ¿A la
grave situación actual en la materia? ¿A las lapidarias cifras que arrojan
todos los estudios? ¿A qué concepto de compromiso se refiere el ministro?
Porque hasta aquí el único compromiso que asoma en el área es el que tienen las
corporaciones de educación con firmas que lucran y, tal como estableció el
informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ese lamentable
“compromiso”, que se llama tener intereses creados, ha involucrado a ministros
de Estado con utilidades de universidades privadas y colegios.
Esas
cosas hay que decirlas con nombres y apellidos. Por ejemplo, tomaron arte y
parte de los consorcios de educación superior el ex ministro de Educación
Joaquín Lavín y el actual secretario general de la Presidencia, Cristián
Larroulet, respecto de la Universidad del Desarrollo. Pero el asunto tiene
varios años más. La ministra de Educación de la administración anterior, Mónica
Jiménez, también era sostenedora de colegios. Y eso se llama conflicto de
intereses. Fue ella la que, pactando con el ahora ministro Larroulet, promovió una
Ley General de Educación (LGE) que sacraliza la ley de la oferta y la demanda
en el sector.
Este
decreto a la medida, sucesor de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE), fue rechazado por multitudinarias marchas estudiantiles que fueron
abordadas por el gobierno de Michelle Bachelet de la misma forma que bajo la
actual administración: la represión policial fue también la tónica durante la llamada
“Revolución Pingüina”. De hecho, en noviembre de 2006 la entonces Presidenta
ingresaba al Congreso un proyecto de ley para endurecer los cuerpos legales en
materia de orden público. Fiel precursor de la actual “Ley Hinzpeter”, la
iniciativa buscaba, igual que hoy, responsabilizar de los eventuales desmanes a
los convocantes a las manifestaciones.
Convertido en comisaría, el
Ministerio de Educación no se preocupa por distribuir recursos centralmente,
pues la desigualdad que busca ya tiene como promotor al sistema municipalizado,
que condena a los estudiantes a contar con los medios de la comuna en que está
su escuela. Tampoco le interesa que haya más fondos públicos y excelencia en la
educación estatal, pues precisamente el incentivo de esa deficiencia es lo que hace
más rentable el negocio de los privados. Por eso, cuando el rector de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez, le dijo a Beyer que estaba “intensificando
el rol del mercado” al financiar los créditos de arancel y no a las
universidades, el ministro no dudó un minuto en salir a defender a los más
pudientes, a los que realmente lo tienen en el cargo. “Si quiere discriminar
entre los estudiantes, que lo diga” (emol.com, 21 de agosto), retrucó un
desesperado ministro que, por supuesto, olvidó que la verdadera discriminación
es la que establece el sistema, que ha dividido la calidad de la enseñanza
según el quintil de ingreso de cada ciudadano. Es que, si los caballeros tienen
mala memoria, estos policías de civil definitivamente padecen amnesia y por eso
andan proponiendo borrar de los programas de historia la palabra dictadura:
para que no nos demos cuenta de que las juntas militares inspiran su estilo de
gestión.
“El arte es el placer de un
espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma”
Auguste Rodin
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