Justo
en los momentos en que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
entra en la fase más crítica de su historia, exhibiendo una deuda de arrastre
de 31 mil millones de pesos, producto de las funestas políticas de
autofinanciamiento introducidas hace tres décadas en las instituciones de
educación superior, el Ministerio de Salud ha anunciado, sin pudor alguno un
proyecto de ley que busca traspasar al particular la decisión sobre el centro
asistencial en que debería ser atendido en su condición de paciente. En efecto,
haciendo gala de un populismo carente de argumentación médica, el titular de la
cartera, Sergio Mañalich, intentó justificar el anuncio comentando que, con
ello, “las personas van a tener plena autonomía” y que se trata de un objetivo
“noble”, porque “creen que van a recibir un mejor tratamiento” (La Tercera , 27 de julio).
Que
no son expresiones aisladas lo dejó en claro el director del Servicio de Salud
Metropolitano Central, Nibaldo Mora, quien recalcó que “es bueno que la gente
tenga derecho a atenderse con quien decida” y que, por cierto, “se va a generar
competencia que obligará a que todos empiecen a hacer mejor las cosas”. Con ese
criterio, hacia fin de año la Superintendencia de Salud divulgará un ranking de
“prestadores” que, por ejemplo, calificará la calidad del trato en clínicas y
hospitales a partir de una evaluación que harán los propios pacientes. Es
verdad que una segunda fase incluirá criterios técnicos, pero lo que no dicen
ni Mañalich ni Mora es que, para esta contienda de acreditaciones, los centros
de atención pública, dependientes de las universidades, deberán enajenar sus
funciones -profundizando el proceso hoy en curso- y vender lo que antes eran
derechos: servicios. Por esa vía, inaugurada con la misma lógica con la que la Junta Militarla Universidad de Chile,
cuyo presupuesto anual es de 80 mil millones de pesos, recibe el 5% de los
fondos de parte de esa casa de estudios. ¿De dónde se obtiene el 95% restante?
“De la venta de servicios asociados al negocio de la salud en nuestro país”,
denunció a través de una declaración la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile
(radio.uchile.cl, 31 de julio).
Así, mientras la crisis
hospitalaria mantiene a los pacientes como víctimas, el mismo modelo que va
sofocando la posibilidad de que el sector público garantice a través de las universidades
atención, docencia e investigación, ha
promovido la expansión de la empresa privada en el sector, cuya capacidad
instalada creció 79% sólo entre 2002 y 2008, mientras los proyectos en carpeta
son estimados en 250 mil millones de pesos, es decir, la deuda total de
arrastre del Hospital de la
Universidad de Chile, multiplicada por 9. La situación de los
centros públicos de atención en el país es lamentable, y lo es mucho más el que
unas autoridades se sientan con derecho a desvincular el derecho ciudadano a
tratamiento médico de la discusión respectiva en las facultades de Medicina,
porque eso no es más que un modo silencioso de ir aboliendo el carácter
académico de la disciplina misma. Igualmente inaceptable es que se aluda a los
conceptos de autonomía y de libertad para legitimar una contienda de mercado en
materia de salud. Si justificar un proyecto de ley de estas características
requiere de “sondeos” al consumidor, ¿acaso terminaremos organizando un
festival de la simpatía para resolver quiénes debieran conducir los decanatos
en las casas de estudio? ¿Será entonces que la política exterior y las
políticas públicas en general terminarán siendo también modificadas según el
parecer del Servicio Nacional del Consumidor? El argumento del Ejecutivo es
impresentable, porque transferir al particular la “decisión” de dónde atenderse
según el centro que parezca bien dotado para un tratamiento, es un modo de
reconocer que bajo esta modalidad siempre habrá recintos hospitalarios que no
estén en condiciones. ¿Qué líneas de investigación abrirán las clínicas
privadas que se están llenando los bolsillos a costa de esta situación? Si tanto
alaba Mañalich la atribución que se quiere conceder a cada ciudadano para que
“decida” sobre su propio tratamiento médico, entonces tanto mejor podría
promover la facultad ciudadana de plebiscitar un cambio de normas para que
todos los centros hospitalarios cuenten con las condiciones óptimas para
cumplir con las funciones estratégicas que de ellos espera la sociedad.
“No puedo aceptar la vida como es… pongo demasiado arte en mi vida,
demasiada energía y, en consecuencia, no me queda mucha para dedicarla al arte”
Tina Modotti
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