Acostumbrados, como están, los políticos de la pantalla chica al clientelismo grande, no tendrían cómo defender el lucro en la educación si hoy, al igual que antaño, los grandes procesos de transformación social se hiciesen eco del vigor creador de los jóvenes. Por lo mismo, resulta patético constatar con cuánto histrionismo la institucionalidad rasga vestiduras al ver los resultados del modelo de exclusión de las nuevas generaciones. Chile, en efecto, exhibe el más bajo nivel de participación juvenil en política de toda Iberoamérica y ese antecedente no puede ser analizado prescindiendo del hecho de que justamente a ese grupo de edad se le ha negado sistemáticamente acceso a una educación pública y de excelencia.
En exacta línea con lo anterior, el
Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) evacuó un informe que señala que entre los
jóvenes de 18 a
29 años el 54% no sabe cuál es el sistema electoral por el que se rige el país,
mientras que el 70% ignora qué es el binominalismo vigente y el 73% es incapaz
de nombrar a 5 de los 120 diputados en funciones (radio.uchile.cl, 6 de
agosto). Con ese panorama, el gobierno de turno seguirá reprimiendo
salvajemente a los manifestantes que exigen educación pública y fin del lucro,
porque el proceso legislativo en el marco del cual tiene lugar la arquitectura
de la desigualdad festina con esa ignorancia, que se torna funcional a los
intereses de los que hacen negocio con la enseñanza. Pero sucede que sería
altamente interesante saber ciertas cosas. Por ejemplo, que bajo el engañoso
nombre de “reforma tributaria” y, bajo el pretexto falaz de incrementar la
recaudación con fines sociales, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que
establece un “crédito tributario a la educación” en el que, por arte de magia,
la rebaja impositiva al que percibe ingresos por 670 mil pesos es de 20
mil, mientras que, por igual concepto, a
quien gana más de cuatro millones le descontarán un millón y medio al año.
Si no existiera
el sistema binominal, la iniciativa no hubiese alcanzado el quórum para aprobar
siquiera la idea de legislar, pero es bien difícil oponerse al binominalismo si
no se sabe lo que es. Tampoco es muy útil a la causa ignorar los nombres de los
congresistas, pues muchos de ellos apuestan a ese desconocimiento ciudadano
para seguir recogiendo respaldos en las urnas. El oficialismo en pleno respaldó la vergonzosa
idea de legislar, pero para que ella prosperase en el Senado había que sumar
cuatro votos del bloque opositor, donde hubo, para perpetrar la ley, cinco: los
de Fulvio Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker, Hosaín Sabag y Andrés
Zaldívar. Ahora el proyecto sigue su periplo en la Comisión Mixta.
El mismo
malabarismo intentaba aplacar cualquier asomo de reclamo ciudadano con el
expediente de incorporar un alza al impuesto específico al tabaco, de $ 50,2 a $ 83 por cajetilla.
Claro está, sin decir con la misma energía que, en cambio, se pretende reducir
el tributo al valor, pasando de 62,3% a 60,5%. Esta fórmula no tiene efecto
alguno sobre la recaudación, de modo que lo fundamental sigue siendo que el
supuesto del modelo es la ignorancia que se promueve y por eso La Moneda tiene tanta fe en la
gestión del Ministerio de Educación, cuyos programas omiten el proceso cívico,
proscriben la entrega de herramientas de análisis que requiere el rol de sujeto
crítico y reproducen un esquema en que el propio proceso lectivo carece de
instancias de participación. ¿Y sabe usted por qué el gobierno apuesta con tanto
optimismo a la aprobación de la supuesta reforma tributaria? Porque los
estudios de percepción indican que esa basura legislativa cuenta con respaldo
en la opinión pública, la misma que jamás ha leído el texto correspondiente. Como
decía el educador Paulo Freire, sería ingenuo pensar que la clase dominante va
a diseñar una institucionalidad lectiva puesta al servicio de la clase
trabajadora. La aspiración colectiva de garantizar centralmente el derecho a
una educación pública requiere, en tanto universalización de esa prerrogativa,
ciudadanos críticos, capaces de redactar proyectos de ley igualmente
universales, porque ya sabemos quiénes no lo harán. He ahí un rol esencial del
movimiento social: generar condiciones que permitan a sus miembros acceder a los
instrumentos de formación necesarios para que el derecho a voto sea algo más
que un ritual vacío y se convierta en arma de la soberanía popular.
“Las personas necesitan un poco de
locura. De otra
manera, nunca se atreven a
cortar la soga y liberarse”
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