La
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados estableció la
existencia de actividades lucrativas en al menos siete universidades
privadas del país. Se trata, según el informe, de las universidades
Del Mar, de Viña del Mar, UNIACC, De Las Américas, Andrés Bello,
Santo Tomás y Del Desarrollo, la cual cuenta entre sus propietarios
al secretario general de Gobierno, Cristián Larroulet, y, entre sus
socios fundadores, al ex titular de Educación y actual ministro de
Desarrollo Social, Joaquín Lavín. El vocero de la instancia
legislativa que estudió los antecedentes, Rodrigo González, sostuvo
que la comisión identificó “altos sueldos a miembros del
directorio de ejecutivos importantes, externalización de servicios
relevantes, utilización de formas impositivas que son también
formas de desviación de recursos, asignación de altos sueldos al
propietario y los ejecutivos, el directorio incorpora
familiares también a los sueldos, la universidad usa la cartera de
deudores incobrables a empresa de factoring, la utilización de
empresas y sociedad espejos y de la inmobiliaria”. Asimismo, “se
señala el manejo financiero de dineros provenientes de fondos
públicos”, agregó el parlamentario (radio.uchile.cl).
Tras el informe, la
controversia relativa a las millonarias utilidades generadas a partir
del negocio de la educación comenzará a tener ahora también un
capítulo judicial, pues la comisión se mostró proclive a notificar
de las conclusiones al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En
realidad, era bastante imaginable que las operaciones especulativas
de capital iban a saltar automáticamente en las empresas de los
dueños de la enseñanza. Lo verdaderamente sorpresivo, en cambio,
fue el desparpajo con que el MINEDUC se desentendió de los
antecedentes hechos públicos por el Congreso Nacional. “No hemos
recibido ninguna denuncia formal”, fue la respuesta del ministro,
Harald Beyer, al ser requerido sobre el informe que involucra a siete
casas de estudios (La Tercera, 20 de junio).
¿Qué quiere decir esto?
Porque una cosa, igual de imaginable que la anterior, es qué
intereses defienden realmente las sucesivas administraciones de
educación, y otra es pretender que un ministerio como éste deba
esperar pasivamente que le hagan llegar denuncias para,
eventualmente, actuar, pues si ello es así, entonces dicha
secretaría de Estado ha renunciado a priori a informarse por sí
misma, periódicamente, de lo que hacen o no las corporaciones que
gozan del permiso de esa repartición para convertir en mercancía lo
que debiera ser un derecho de cada educando en tanto ciudadano. Pero
Beyer fue incluso más allá y, para disipar cualquier beneficio de
la duda, también rechazó la recomendación de la Comisión
Investigadora, que planteó, dada la gravedad de los hechos
establecidos, la necesidad de congelar por dos meses la agenda
legislativa sobre educación, pues las triangulaciones,
externalizaciones y desviaciones de fondos ya identificadas subrayan
la necesidad de introducir importantes modificaciones
orgánico-constitucionales que pongan freno al lucro. “No
compartiremos esa disposición. Necesitamos aprobar proyectos que
beneficien a los estudiantes y futuros egresados”, adelantó Beyer,
quien nunca ha mostrado interés por favorecer a los educandos y que
aquí, por boca propia, nos ayuda a comprender por qué, después de
décadas, a las autoridades del sector les ha bajado tanto apuro en
la materia.
“El escritor tiene la misión de
leer lo más posible
y de publicar lo menos posible”
Jorge Teillier
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