En Chile tiene lugar un fenómeno particularmente
distinto al del resto de los países en lo que se refiere a financiamiento de la
educación. Hay muchos lugares del mundo donde la enseñanza es gratuita en todos
sus niveles y otros donde, sin serlo, el proceso de aprendizaje es
económicamente sustentado, en más del 80%, por el aparato público. Entre estos
últimos casos se cuenta Estados Unidos, donde la coexistencia de entidades
estatales y privadas tiene su marco en normas legales que prohíben
categóricamente el traspaso de fondos del presupuesto nacional a
establecimientos que pretendan lucrar con la actividad educativa.
Acá, en cambio, no sólo la ley ampara la apertura de
centros privados y la educación esencialmente pagada, con desentendimiento
global del Estado en materia de financiamiento, sino que, además, la
legislación permite traspasar fondos públicos -vía crédito estudiantil- a
campus que lucran y que si no recibieran esos dineros no tendrían cómo retener
a sus educandos-clientes y tendrían que cerrar el negocio. Pero ni siquiera eso
es todo y es de esperar que el ciudadano de a pie no se vaya acostumbrando a la
cotidianeidad de tanto escándalo como el que vamos a referir a continuación.
En
efecto, aludimos aquí al último informe de la Contraloría General
de la República ,
que analizó el destino de los fondos asignados durante el año 2011 por el Fisco
a las instituciones de educación superior. Dicho documento indica que el Estado
invirtió 925 mil millones de pesos en educación superior. Del total, 343 mil
millones de pesos fueron traspasados a los 16 planteles estatales adscritos al
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), lo que equivale al 37%
de los montos. Pero, ¿dónde va el resto? Las entidades privadas del CRUCH
reciben 259 mil millones de pesos, lo que corresponde al 28% de los fondos,
pero ya aquí hay que tomar en cuenta de que se trata de sólo 9 universidades,
no de 16, de modo que, en promedio, cada plantel privado del Consejo de
Rectores percibe 25% más de dineros que los estatales. Por cierto, la situación
no termina ahí. Las privadas no tradicionales, es decir, las que flagrantemente
lucran con la educación, también obtuvieron fondos públicos: 201 mil millones
de pesos, equivalentes al 22% del presupuesto global de educación superior. Por
añadidura, cuatro de las siete universidades privadas no tradicionales en las
que la Comisión
Investigadora de la
Cámara de Diputados estableció irregularidades, figuran como
receptoras de fondos. La U.
Santo Tomás, 29 mil 665 millones; la U. Andrés Bello, 27 mil
978 millones; la U.
de Viña del Mar, 4 mil 366 millones, y la
U. de las Américas, 18 mil 413 millones. La tabla la
completan los institutos técnicos, que reciben el 5% de los fondos públicos, y
los institutos profesionales, que obtienen el 8% del total.
Mientras el ministro de Educación, Harald Beyer, sigue
diciendo que no ha recibido denuncia alguna, la suma más simple habla por sí
sola. Entre privadas tradicionales y privadas no tradicionales se va exactamente
el 50% de los fondos públicos de la enseñanza superior, bastante más que el 37%
que consiguen las estatales. ¿A quién financia en Chile el Estado? Ya lo
sabemos, pues lo indica con todas sus letras el informe de la Contraloría , que en la
página 63 de su informe concluye: “las entidades que en promedio se ven más
beneficiadas en cuanto al financiamiento hacia los estudiantes e instituciones
son las Universidades Tradicionales No Estatales”. Está por verse si el
ministro se atreve a explicar al país las razones de ello. El problema es qué
organismo se hace cargo de la situación y en qué instancia demandar al Estado.
tenemos que
hacernos de nuevo cada día”
Nelson Schwenke
No hay comentarios:
Publicar un comentario