Privatizando en Nombre del Fisco

“Los estudiantes van a ser deudores del Estado y no de los bancos”, fue la consigna con la que el ministro de Educación, Harald Beyer, intentó hacer presentable el anuncio de que la administración de los créditos correrá ahora por cuenta del Fisco (terra.cl, 23 de abril). El proyecto, que para el MINEDUC debería ser de aprobación “relativamente rápida” en el Congreso, plantea una tasa de interés de 2% y una modalidad de pago en que las universidades deben hacerse cargo de la brecha que se produce entre el arancel referencial y el real. ¿Cómo financiarán esa distorsión las casas de estudios del Consejo de Rectores? ¿Reduciendo el presupuesto para investigación? ¿“Abaratando costos” en la contratación de académicos?

Lo cierto es que ese punto nada le importa a la autoridad, porque el verdadero propósito del plan anticipado por ella es que el Estado aparezca legitimando, primero, el endeudamiento como supuesto incuestionable del acceso a la educación, de modo que ésta no pueda ser exigible como derecho; y, segundo, incorporar la cobertura fiscal de crédito a aquellas universidades que tienen fines de lucro. ¿Cómo opera este modelo? El Estado opta por no juzgar qué proyecto académico resulta con cobertura, sino, al contrario, otorga el crédito al estudiante que, hecha abstracción de la universidad, resulta reducido a la condición de consumidor de un crédito. Pero no es todo. El Ejecutivo se ha jactado de que la iniciativa financiaría el total del costo de arancel de los dos quintiles más pobres, como si se tratara de una gran cosa. Pues bien, el “detalle” que no menciona es que, en Chile, la tasa de deserción para los dos primeros quintiles de ingreso en la universidad es de 65% y, sólo considerando el quintil más pobre, dicho índice bordea el 80%. Es decir, los estudiantes más humildes casi no entran a la universidad y mucho menos se mantienen en ella. Pero, con este proyecto, el MINEDUC ha encontrado la potencial forma de seguir elevando esas dramáticas cifras. Sucede que, de los dos quintiles más pobres que ingresan a la universidad, el 45% no comprende lo que lee. Pero, con el nuevo proyecto, para obtener las becas que los mantiene en el sistema se les exigirá 50 puntos menos en la PSU (de 550 actuales a 500), justamente a quienes forman parte del quintil más precarizado. Entonces, ¿qué herramientas formativas tendrán ellos para paliar el déficit académico de arrastre y sostenerse en la universidad? Ninguno, de modo que, en el corto plazo, ni siquiera el sistema los tendrá como demandantes de crédito. Tampoco habrá cinco años de carrera para aminorar en algo siquiera la deficitaria escolaridad con que el sistema condena a los más desposeídos, porque la otra parte del negocio es que los programas académicos serán acortados a un trienio, de manera de que alguien se llene los bolsillos con una demanda explosiva que se producirá en el ya poco serio mercado de los posgrados. Poco serio, pero muy rentable, si tomamos en cuenta que entre los años 2000 y 2006 la matrícula en programas de magíster se cuadriplica en las instituciones privadas y se duplica en las tradicionales.

¿Que la modalidad anunciada elimina el negocio de la banca privada? No mientras este esquema de administración crediticia ampare, como lo hará ahora en nombre del Fisco, la subvención al lucro en las universidades privadas. No mientras en este país el concepto de autonomía universitaria sea tan inexistente que la banca privada siga teniendo como dueña a los mismos propietarios de los campus que ahora gozarán de mayores utilidades, porque, tras los dichos del ministro Harald Beyer, estamos pasando del Crédito con Aval del Estado al lucro con aval fiscal.

“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar”

                                                                                     Hipatia de Alejandría