Un revés tras otro han sufrido diversas autoridades edilicias que
estaban convencidas de que la lamentable tuición municipal vigente sobre los
establecimientos educacionales del país les daba, además, derecho a llevar a
las salas de clases la agenda policial en la que derrochan los recursos
públicos. Como la memoria puede ser frágil, recordemos, por ejemplo, que
mientras la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso interpuesto por
el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, para prohibir las marchas de los
escolares, a los que llamó “vándalos” (adnradio.cl, 12 de agosto de 2011), el
mismo tribunal de alzada capitalino ordenó este año el reintegro de 31
estudiantes a los que el edil de Ñuñoa, Pedro Sabat, había cancelado la
matrícula (lanacion.cl, 13 de abril).
Esta
vez, el turno fue del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien había
ordenado la expulsión de 9 estudiantes del Liceo Carmela Carvajal por
participar en las movilizaciones desarrolladas en el país por una educación
gratuita, pública y de calidad. Los tribunales, que ya habían revocado en marzo
su intento de cancelar la inscripción a los educandos del Liceo José Victorino
Lastarria invocando la misma causal, propinaron ahora un más serio revés al
edil. No sólo dejaron sin efecto sus bandos militares de expulsión, sino que
calificaron la medida de Labbé, “a lo menos, de arbitraria, tanto por la
carencia de un procedimiento, como por la falta de justificación de la decisión”
(latercera.cl, 23 de mayo). En un país acostumbrado a que la institucionalidad
sirva de instrumento a quienes hacen añicos la educación, la intentona de los
poderosos por cambiar los uniformes escolares por los de la policía en las
escuelas tiene algo menos de eco de lo que ellos quisieran. Esa conducta “a lo
menos arbitraria” que los citados alcaldes tuvieron que llevarse de vuelta a
sus cuarteles es totalmente contraria al espíritu de debate que debe
caracterizar a toda comunidad educativa. Sin embargo, he ahí también una de las
grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad: convertir sus centros de
aprendizaje, en los diversos niveles de enseñanza, en espacios de diálogo y
participación, y no en las dictaduras que son hoy. Transformar dichos establecimientos
en potenciadores del intercambio de opiniones es el camino para restituir la
tradición deliberante en un país habituado aún al matonaje de la autoridad.
“El trabajar colectivamente, sumergirse en la realidad social, cambió
el modo de vida y, en consecuencia, la expresión plástica”
José Balmes
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