Definitivamente, el Ministerio de Educación tendrá que dar
explicaciones. Después de festejar irresponsablemente los resultados de la
última prueba SIMCE, que estableció que la mayoría de los educandos no entiende
lo que lee ni logra los objetivos esperados para su nivel de enseñanza, ahora
las conclusiones del examen Inicia, que rinden los egresados de Pedagogía,
muestran cuán lejos está la realidad de decir que vamos “en la dirección
correcta”, como sostuvo el titular de la cartera, Harald Beyer (Boletín N° 38
de Academia Libre).
La prueba Inicia arroja antecedentes que prometen una catástrofe, porque
el 69% de quienes serán profesores de las nuevas generaciones durante las
próximas cuatro décadas, obtuvo una calificación “insuficiente” para impartir los
contenidos mínimos que el propio mediocre sistema educativo chileno contempla. De
manera increíble, en vez de hacer la autocrítica de rigor, la autoridad
prefirió usar los datos como pretexto para introducir la figura de la expulsión
de profesores desde las escuelas. ¿En qué mejoraría eso las cosas? Al
contrario, lo que el MINEDUC no manifiesta es la responsabilidad que le cabe en
la situación, que sólo esquemáticamente, en materia de resultados, resumiremos
aquí. La
Pontificia Universidad Católica tiene 12% de egresados de
Pedagogía Básica con formación insuficiente (La Tercera, 8 de mayo). ¿Cómo
es posible que una universidad habilite a quienes no están preparados para
ejercer? El problema no es profesional, sino académico: es el campus respectivo
el que ha estado regalando notas.
Pero todo puede ser peor, como muestra, de ahí en adelante, la tabla
respectiva medida en porcentaje de insuficiencia. U. de Concepción y UCV, 38%;
U. Diego Portales, 40%; U. Andrés Bello, 53%; U. Alberto Hurtado, 55%; U. de Atacama
y UPLA, 62%; IP Providencia y U. Cardenal Silva Henríquez, 63%; U. Católica de la Santísima Concepción,
64%; U. de La Serena,
65%; U. del Bío-Bío, 71%; U. del Pacífico, 73%; U. Autónoma y U. Católica del
Maule, 74%; U. Santo Tomás y U. Católica de Temuco, 77%; U. Arturo Prat, 78%;
U. San Sebastián, 79%; U. de Antofagasta, 84%; U. de las Américas, 85%; U.
Bernardo O’Higgins, 91%; IP de Chile, 92%, y U. del Mar, 94%. Lamentablemente,
no es todo. Al incluir aquellas corporaciones que registran menos de 20
examinados en Inicia, la U. Bolivariana
anota 50% de egresados con insuficiencia; la U. de Chile, 57%; la Academia de Humanismo
Cristiano, 67%; la U.
de Magallanes, 80%, y la U. Central,
100%.
¿Cómo es posible? Aquí el gobierno, pero también el Consejo de Rectores,
cuyas universidades son la mitad de las recién citadas, deben dar la cara por
condenar a sus estudiantes de Pedagogía y a los millones de humildes escolares
que durante más de 40 años serán víctimas de esa “formación”. Porque una cosa
es el vergonzoso espectáculo, amparado legalmente, a partir del cual las
corporaciones privadas lucran. Y otro, gravísimo, es que las llamadas
universidades tradicionales se llenen la boca tratando de convencer al mundo de
que son públicas en circunstancias de que, claramente, sus directrices
académicas perjudican de manera impresentable el derecho de la población a
acceder a una educación de calidad. A las privadas, y a las que se dicen
públicas, pero cobran aranceles millonarios y se arrogan competencias que no poseen
para sustituir la docencia por una compraventa de títulos profesionales cuyas
consecuencias están a la vista: es hora de cerrar el negocio y abrir el debate
para restituir al espacio público el control y la conducción sobre el derecho a
aprender y la responsabilidad de educar.
“Tembláis más vosotros al
pronunciar la sentencia que yo al recibirla”
Giordano Bruno
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