Las autoridades aluden al hipotético rumbo de Chile hacia el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Si las cifras ubican al país en el tercio inferior de resultados de aprendizaje (OCDE), al trasladar el análisis a la esfera de la investigación el panorama es patético.
Mientras países como Finlandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, EEUU y Dinamarca gastan más de 23 mil dólares per capita en investigación, Chile se sitúa en el extremo opuesto (84 dólares), mucho más abajo que Israel (1.900 dólares). Además, las políticas aplicadas en las últimas décadas han significado un creciente abandono, con reducción del gasto público e incremento de la inversión privada, que hoy asciende al 27% del total. En tanto, el 73% derivado de gasto estatal está supeditado a una insólita concursabilidad que desahucia miles de proyectos, independientemente de su importancia, por un irresponsable mecanismo de distribución de fondos.
¿Cuáles son los resultados de esta situación? Como señala el Premio Nacional de Ciencias Exactas Miguel Kiwi, “en Chile por cada millón de habitantes hay 100 científicos. En cambio, en Nueva Zelanda, un país similar al nuestro, hay 1.000 científicos por millón de habitantes” (La Generación del Bicentenario y el Desarrollo Nacional, 6 de junio). No se trata sólo de responder desde la ciencia a urgencias como la crisis energética. Chile, como ha dicho una y otra vez la comunidad científica internacional, posee inmejorables condiciones para la observación astronómica, por mencionar un área. Pero el país tiene menos de 50 astrónomos y, por añadidura, la ausencia casi total de recursos para el sector ha significado que la investigación está subordinada a la inversión extranjera, que reduce al mínimo las horas de observación para los centros de estudios locales, al tiempo que se apropia, con amparo de tratados de libre comercio, de los descubrimientos hechos bajo esta suerte de subarriendo de las necesidades investigativas. Este tema no está entre las preocupaciones del MINEDUC, pero la sociedad debe abrir un debate que dé dirección y prioridad a los ámbitos de investigación que considere estratégicos y esa discusión convoca a las universidades desde un rol público.
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