Con 18,9% de pobreza oficial, Chile es el país con mayor desigualdad social entre los miembros de la OCDE, donde además exhibe la tercera peor tasa de mortalidad infantil (Informe de abril de 2011). El abismo es tal, que los pobladores de la comuna más humilde, Osorno, tienen una esperanza de vida 10 años inferior a la de los habitantes de Las Condes (INE, 2010).
Pero esta profunda brecha se extiende también al ámbito de la educación. En los hogares pertenecientes al 10% de menor ingreso, sólo el 58,4% termina la enseñanza secundaria, mientras en el decil de ingreso más alto, lo hace el 95,8%. En las últimas décadas, las cifras extreman las distancias, de modo que si en 1990 la brecha de acceso a la educación superior entre el primer y el quinto quintil de ingreso era de 35,8%, en 2003 ya se elevaba al 59,2%. Sin embargo, la capacidad de pago de cada cual no sólo está definiendo los años de escolaridad, sino también determinando la calidad del proceso de aprendizaje que convierte a la institucionalidad educativa en productora de ciudadanos de distintas categorías.
Entre 1999 y 2006, la brecha entre el 20% de peor resultado en el SIMCE se incrementó en 13 puntos en Lenguaje y 16 en Matemáticas. Así, en el Chile de hoy, 2 de cada 5 niños terminan 4° básico sin entender lo que leen.
Un país sin educación de calidad termina condenado a la monoproducción y subordinado a los vaivenes de una especulación que vive de disimular el IPC, que llegó a 0,1% en julio, según el INE. Claro está, lo que no dicen las cuentas alegres es que desde la última medición de la Encuesta CASEN, en noviembre de 2009, el rubro alimentos, que representa el 30% del presupuesto de los más modestos, elevó sus precios en 8%, lo que en castellano significa que la realidad a la fecha contabiliza 157 mil pobres más que el cálculo oficial. Si estos números hubiesen estado en la conciencia colectiva, la dinámica relativa a la negociación del salario mínimo probablemente habría tenido otro peso. En efecto, las brecha en el acceso a educación e información no es un mero marcador de estatus: opera como mecanismo de contención del movimiento social.
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