Chile, Miseria en Investigación

Las autoridades aluden al hipotético rumbo de Chile hacia el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Si las cifras ubican al país en el tercio inferior de resultados de aprendizaje (OCDE), al trasladar el análisis a la esfera de la investigación el panorama es patético.
Mientras países como Finlandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, EEUU y Dinamarca gastan más de 23 mil dólares per capita en investigación, Chile se sitúa en el extremo opuesto (84 dólares), mucho más abajo que Israel (1.900 dólares). Además, las políticas aplicadas en las últimas décadas han significado un creciente abandono, con reducción del gasto público e incremento de la inversión privada, que hoy asciende al 27% del total. En tanto, el 73% derivado de gasto estatal está supeditado a una insólita concursabilidad que desahucia miles de proyectos, independientemente de su importancia, por un irresponsable mecanismo de distribución de fondos.

¿Cuáles son los resultados de esta situación? Como señala el Premio Nacional de Ciencias Exactas Miguel Kiwi, “en Chile por cada millón de habitantes hay 100 científicos. En cambio, en Nueva Zelanda, un país similar al nuestro, hay 1.000 científicos por millón de habitantes” (La Generación del Bicentenario y el Desarrollo Nacional, 6 de junio). No se trata sólo de responder desde la ciencia a urgencias como la crisis energética. Chile, como ha dicho una y otra vez la comunidad científica internacional, posee inmejorables condiciones para la observación astronómica, por mencionar un área. Pero el país tiene menos de 50 astrónomos y, por añadidura, la ausencia casi total de recursos para el sector ha significado que la investigación está subordinada a la inversión extranjera, que reduce al mínimo las horas de observación para los centros de estudios locales, al tiempo que se apropia, con amparo de tratados de libre comercio, de los descubrimientos hechos bajo esta suerte de subarriendo de las necesidades investigativas. Este tema no está entre las preocupaciones del MINEDUC, pero la sociedad debe abrir un debate que dé dirección y prioridad a los ámbitos de investigación que considere estratégicos y esa discusión convoca a las universidades desde un rol público.

*Academia Libre es una comunidad autónoma y democrática que promueve una educación pública y de excelencia, que busca aportar al análisis crítico y a la elaboración creativa para instalar el conocer en la perspectiva de la transformación y la justicia social.
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Brecha Social, Brecha Académica

Con 18,9% de pobreza oficial, Chile es el país con mayor desigualdad social entre los miembros de la OCDE, donde además exhibe la tercera peor tasa de mortalidad infantil (Informe de abril de 2011). El abismo es tal, que los pobladores de la comuna más humilde, Osorno, tienen una esperanza de vida 10 años inferior a la de los habitantes de Las Condes (INE, 2010).
Pero esta profunda brecha se extiende también al ámbito de la educación. En los hogares pertenecientes al 10% de menor ingreso, sólo el 58,4% termina la enseñanza secundaria, mientras en el decil de ingreso más alto, lo hace el 95,8%. En las últimas décadas, las cifras extreman las distancias, de modo que si en 1990 la brecha de acceso a la educación superior entre el primer y el quinto quintil de ingreso era de 35,8%, en 2003 ya se elevaba al 59,2%. Sin embargo, la capacidad de pago de cada cual no sólo está definiendo los años de escolaridad, sino también determinando la calidad del proceso de aprendizaje que convierte a la institucionalidad educativa en productora de ciudadanos de distintas categorías.
Entre 1999 y 2006, la brecha entre el 20% de peor resultado en el SIMCE se incrementó en 13 puntos en Lenguaje y 16 en Matemáticas. Así, en el Chile de hoy, 2 de cada 5 niños terminan 4° básico sin entender lo que leen.
Un país sin educación de calidad termina condenado a la monoproducción y subordinado a los vaivenes de una especulación que vive de disimular el IPC, que llegó a 0,1% en julio, según el INE. Claro está, lo que no dicen las cuentas alegres es que desde la última medición de la Encuesta CASEN, en noviembre de 2009, el rubro alimentos, que representa el 30% del presupuesto de los más modestos, elevó sus precios en 8%, lo que en castellano significa que la realidad a la fecha contabiliza 157 mil pobres más que el cálculo oficial. Si estos números hubiesen estado en la conciencia colectiva, la dinámica relativa a la negociación del salario mínimo probablemente habría tenido otro peso. En efecto, las brecha en el acceso a educación e información no es un mero marcador de estatus: opera como mecanismo de contención del movimiento social.

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Educación Pública, no Municipal

Bajo todas sus últimas administraciones, el Ministerio de Educación se ha aferrado, de un modo u otro, a la defensa del modelo de gestión municipal instaurado para el nivel escolar a partir de la dictadura militar. Bajo la presión del movimiento social en curso, dicha apología ha tendido a modificar ligeramente su rostro, planteando ahora que dejarán de tener tuición edilicia aquellos establecimientos que exhiban malos resultados.
Tal propuesta, que por cierto no explicita bajo qué parámetros se hará esa medición, no resiste el menor análisis. Efectivamente, decir que hay colegios que registran procesos de aprendizaje deficientes implica suponer que habría otros donde la educación sería de buen nivel. Sin embargo, allí la autoridad sólo está haciendo un ejercicio relativista que distingue, con suerte, entre la enseñanza mala y la muy mala, porque Chile ha experimentado una caída libre generalizada en la materia y sus resultados en todas las mediciones internacionales son vergonzosos. Así, mientras los estudiantes coreanos acaban de obtener 568 puntos promedio en el test de lectura digital de Pisa, los educandos chilenos logran apenas 435, ubicándose 64 puntos por debajo de la media mundial (La Tercera, 28 de junio). Qué decir en Matemática: la prueba TIMSS arroja 387 puntos para Chile y 605 para Singapur, donde todos los colegios son fiscales (Qué Pasa, 27 de julio).
¿Qué sentido tendría mantener la esfera institucional del proceso de aprendizaje en el ámbito municipal? ¿Lideran los alcaldes el debate educacional en el país? ¿Una subvención subordinada a la hoja de asistencia a clases, garantiza la cobertura de necesidades del proceso lectivo? El vocablo educar procede del latín ducere, que significa conducir. Mantener la enseñanza relegada en los municipios no sólo implica condenar al estudiantado a una dinámica cuyo fracaso es flagrante, sino también consagrar una estructura en que la posibilidad de aprender en una burbuja de límites comunales, como si el debate nacional no existiera o no tuviera importancia. Y he ahí otra contradicción que hace incoherente el planteamiento del Mineduc. Si cree que la naturaleza de la educación es municipal, ¿por qué el gobierno central decide sobre ella?

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Democratizar la Educación

“Nuestro régimen universitario es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico”. La denuncia, suscrita en el Manifiesto de Córdoba de 1918 por líderes de un movimiento estudiantil que remeció al continente, cobra plena vigencia en el marco del debate abierto en Chile a propósito de la crisis educacional. El proceso de transformaciones que tuvo lugar entonces criticaba no sólo la mediocridad de los programas, sino también la arquitectura monárquica de sus aulas, en abierta contradicción con la institucionalidad republicana en que se anidaba el quehacer académico.
Esa misma unilateralidad define la situación actual en la materia: en vez del debate que debiera presidir la actividad docente, un monólogo que confunde el concepto de autoridad académica con la idea de despotismo. El sentido de comunidad participativa que ha de sustentar toda entidad educacional se basa en la posibilidad de promover un espíritu reflexivo que se haga cargo del proceso social en su conjunto. En esa perspectiva, los estudiantes han dado una lección notable, que debiera avergonzar a rectorías que jamás usaron la tribuna para denunciar las horrendas desigualdades que enfrenta la población, y que tampoco orientaron la actividad de sus respectivos campus hacia la investigación y elaboración de programas y políticas públicas que se hagan cargo de dar salida coherente a las urgentes demandas de la misma ciudadanía a la que se niega el acceso a la educación.
Por eso, ahora que el Mineduc ha dicho que el asunto se resuelve priorizando la repactación de deudores morosos del arancel y manteniendo en lo sustancial la gestión municipal de los colegios (La Segunda, 2 de agosto), una respuesta a la crisis debiera introducirse de lleno en reformas orgánico-constitucionales en tres sentidos. Por una parte, para que instituciones concretas del Estado se hagan cargo de dar a la educación el rango de derecho del que aún carece. Por otra, para hacer exigible el rol social a todo proyecto educativo. Finalmente, para que en la decisión sobre la marcha estratégica de tales entidades se consagre con voz y voto el aporte al debate que hace el conjunto de la sociedad.

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Crisis Universitaria y Dimensión Social

Ahora que las autoridades consagraron una institucionalidad que sustituye las facultades académicas por la capacidad de pago del educando, priorizando la reproducción ritual de datos en el aula por sobre la creación de conocimiento, resulta necesario abordar la crisis universitaria desde la perspectiva del crecimiento inorgánico que expresan los diversos campus y los efectos sociales que entraña esta pretensión de cosificar los procesos cognitivos.

Bajo diversas administraciones, el Ministerio de Educación ha intentado convencer a la opinión pública de que el paso por las aulas es un asunto contractual que sólo importa al responsable del proyecto curricular respectivo y a los individuos que cursan sus programas. Sin embargo, y más allá de lo impresentable que resulta ese enfoque en la medida en que anula el ejercicio de crítica social que debe inspirar a toda universidad, la esfera educacional tampoco consiste en esa dinámica de oferta y demanda que los anuncios gubernamentales aspiran a sintetizar en la lógica de las superintendencias, con las que se busca administrar la esfera cognoscitiva desde una condición de mercancía.

Tales intenciones quedan una vez más a la vista al anticiparse, desde el Mineduc, mesas de trabajo que incrementan la influencia discursiva de las corporaciones que lucran con la educación superior. Pero las casas de estudios adscritas al Consejo de Rectores han emprendido hace años ya un camino privatizador. Por ejemplo, las carreras de Medicina en las entidades tradicionales ni siquiera aseguran la cobertura básica en el servicio público, donde hay un déficit de 1.500 especialistas. “Hay una distancia que no es sostenible entre los actores formadores y el sector”, advirtió la Organización Panamericana de Salud, al referirse a esa grave falencia en el país (La Tercera, 13 de julio). Lo mismo ocurre en otros planos. ¿Dónde estaban las facultades de Arquitectura y Urbanismo si colapsaron casas nuevas y la reconstrucción anota apenas un avance de 23%? (Minvu, 25 de julio). Ocupadas en cobrar aranceles, las universidades tradicionales privatizaron sus fines y se hicieron cómplices de la reducción de salud y vivienda -antaño derechos- a meras subastas.

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