Recuperar las Conquistas Históricas de la Educación en Chile

Bajo gobiernos de distinta orientación, la vida republicana del país fomentó la educación pública y gratuita, incorporando, de manera progresiva, condiciones que aseguraban el acceso y generaban oportunidades de estudio, en todos los niveles, a los sectores más desposeídos. Con ese espíritu, por ejemplo, en los años ’60 la inversión estatal en educación pasó del 4% al 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB), para luego empinarse, en 1972, al histórico 7,1%. La caída del gasto, como es sabido, fue vertiginosa durante la dictadura militar, pero la situación siguió empeorando bajo la llamada “transición a la democracia”, período en el cual la proporción de presupuesto público ha retrocedido de modo sostenido respecto de la inversión privada. Frente a las cifras de antaño, el gasto estatal actual se reduce a un vergonzoso 4,35% del PIB, debiendo hoy los hogares pagar el 82% del costo de lo que antes era un derecho.

Pero todo puede ser peor: en los últimos días, se ha dado un nuevo golpe a la posibilidad de construir un modelo educativo con equidad. El Congreso Nacional aprobó un proyecto, erróneamente llamado “reforma tributaria”, presentado ante la opinión pública como una vía para allegar recursos a educación. Si el lector quiere hacerse una idea sobre cuál sería el impacto presupuestario de la operación visada por el Poder Legislativo, deberá saber que se trata de un incremento de apenas 0,3% del PIB y que ese monto, unos mil millones de pesos al año, es exacta y literalmente una mugre al lado de los 4 mil millones adicionales, pero de dólares, que la OCDE y otros organismos internacionales demandan de parte del Estado de Chile para cubrir las más mínimas necesidades de enseñanza pública. El proyecto aprobado contiene, en cambio, dos ejes más absolutamente impresentables. Primero, implica una menor recaudación para el Fisco, pues baja impuestos. Segundo, dicha reducción no tiene por propósito producir una redistribución, pues, si así fuera, los parlamentarios que dieron el voto a la iniciativa tendrían que explicar por qué y bajo qué idea de justicia social aceptaron beneficiar con una rebaja tributaria de 8% a quienes ganan 3 millones 561 mil pesos mensuales y de 5% a quienes perciben ingresos superiores a ese monto. Alguien podría pensar que ese regalo a los pudientes representa un monto marginal del proceso fiscal asociado a educación, pero la realidad es otra. El 47% de la menor recaudación que implica esta medida beneficia a los 142 mil contribuyentes de mayores ingresos del país (La Segunda, 4 de septiembre).

Fuera de financiamiento, la política pública en educación tiene otros ejes fundamentales que recuperar, porque se trata de calidad, no de chequeras. Hasta 1973, por ejemplo, los niños que accedían a las escuelas públicas tenían derecho a desayuno, almuerzo y atención médica, porque no basta la gratuidad. Asimismo, entre 1966 y 1972 la Universidad Técnica del Estado triplicó el número de becados para los estudios de postgrado en el extranjero, lo que indicaba ya resultados en materia de excelencia académica. Pero también la historia registra pasos fundamentales en el plano de la participación. Las universidades empezaron a elegir autoridades con el voto de todos los sectores de la comunidad y los colegios profesionales tuvieron injerencia en la discusión de las mallas curriculares de cada facultad. Bajo la conducción del ministro Aníbal Palma, se dictó en 1972 el Decreto de Democratización de la Enseñanza, que permitió a los representantes estudiantiles de las escuelas participar en los consejos de profesores y centros de padres y apoderados. En paralelo, Editorial Quimantú puso en circulación más de 12 millones de ejemplares de los más gravitantes títulos de la literatura universal, a un precio tan bajo que, al momento del golpe de Estado casi se habían agotado.  Lo que esa auténtica democracia producía en el ámbito de la educación y la cultura se expresaba también fuera de las fronteras, donde ejercieron funciones diplomáticas Alberto Blest Gana, Gabriela Mistral, Julio Barrenechea, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Ricardo Latcham, Armando Uribe, Humberto Díaz-Casanueva y tantos otros. Ahí está la historia, disciplina a la que tantas veces han querido quitarle horas de clases, aportando antecedentes sobre cuánto podríamos avanzar y conquistar como sociedad desde la perspectiva de la educación.

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“A los animales a los que hemos hecho nuestros esclavos no nos gusta considerarlos nuestros iguales”

Charles Darwin

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“Interculturalidad Bilingüe”, Otra Forma de Dominación

En 1993, el Ministerio de Educación implementó, en el marco de la Ley Indígena,  el llamado programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), con el supuesto fin de reconocer las especificidades culturales de los pueblos originarios. Sin embargo, el concepto ha sido empleado, en realidad, para fomentar el ajuste de las comunidades indígenas a las normas educativas dictadas por el Estado.

Tales programas son diseñados por tecnócratas y resultan sesgados, superficiales y no representativos de las culturas a las que aluden. De esta manera, la escuela se presenta como otro territorio en conflicto, un lugar de confrontación entre la cultura dominante y la de los pueblos originarios, un espejo de las desigualdades sociales, pero, sobre todo, una manera de profundizar la hegemonía también en el plano discursivo. Sin el reconocimiento y la inclusión no tendremos una verdadera educación intercultural que promueva el respeto y la igualdad en nuestro país.