En lo que constituye uno de los golpes más duros dados recientemente por
el Ministerio de Educación, la cartera que encabeza Harald Beyer ha modificado
unilateralmente las normas exigibles a las instituciones que imparten enseñanza
prebásica, precarizando aún más las condiciones en que se desarrolla allí el
proceso lectivo. Se trata del ya tristemente célebre Decreto 315 (ver imagen
inferior), que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del
reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos de educación
parvularia, básica y media del país.
Dicho decreto,
que permite a las entidades de formación prebásica operar como empresas
privadas, fue modificado el 18 de mayo último sin mediar aviso ni debate con
las partes perjudicadas con la medida. El reglamento, una suerte de hoja de
ruta para lucrar en el sector educativo, es bastante ambiguo a la hora de
exigir requisitos académico-programáticos para la apertura de establecimientos
que reciben a los párvulos, pero muy explícito, en cambio, para advertir a los
ciudadanos que, en realidad, es la capacidad de pago la que brinda a cada
empresario el derecho a ser habilitado como “sostenedor”. Así las cosas, la tan
manoseada “libertad de enseñanza” queda nítidamente reducida, en su Artículo
14°, a una relación directa entre la “matrícula proyectada” y el “monto a
acreditar”, de suerte que, si la estimación arroja el número de 100 educandos,
el empresario deberá acreditar un monto de 200 unidades de fomento y, si se
trata de más de 600 párvulos, habrá que exhibir una chequera por al menos 1.400
unidades de fomento.
Pero la reforma introducida no sólo eterniza tales “exigencias”, sino
que incorpora un nuevo mecanismo para elevar las utilidades de los dueños de la
educación: suprime la figura del funcionario auxiliar de aseo, de modo que
ahora a los educadores de párvulos el patrón les podrá exigir funciones
extracurriculares, mientras la atención de menores se ve reducida. “Nos
preocupa este decreto en relación a cómo se rebajan los coeficientes
relacionados con la atención de nuestros niños en nuestros jardines. Creemos,
como asociación, que debiese existir una política de Estado, que no debiese
responder a los gobiernos de turno, en relación a la educación inicial”,
señaló al respecto APROJUNJI, asociación que reúne a trabajadores de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI). En tanto, la presidenta del Colegio de Educadores de
Párvulo, Soledad Rayo, manifestó que “necesitamos que este decreto sea modificado,
de tal manera que los técnicos en párvulos den la seguridad de la atención de
los niños” (radio.uchile.cl, 9 de julio).
En
realidad, lo que como sociedad necesitamos es que una dimensión tan sensible,
estratégica y esencial del aprendizaje, como es el nivel prebásico, salga de
una vez por todas de los pasillos de la letra chica de un decreto que cada
autoridad modifica en silencio y a su antojo. Lo que con urgencia requerimos es
que tales disposiciones se conviertan en materia de ley y que, de manera
transparente e informada, sea el conjunto de la ciudadanía la que dé curso al
profundo debate que al que está llamada, para que nunca más la educación
parvularia, con la que tantos personeros hacen gárgaras, quede subordinada a la
agenda de los grupos de interés cuyo nivel de lucro aumenta de manera
directamente proporcional al grado en que reducen a los profesores a una
condición de cuidadores que, además de rentable para los poseedores, sienta las
bases del régimen policial que, en tanto educandos, nos impide ejercer el
oficio ciudadano.
“¡La hemos vuelto a hallar!
¿Qué? La eternidad...
Es la mar mezclada con el sol”
Arthur Rimbaud
No hay comentarios:
Publicar un comentario