Alcaldes Confunden Escuelas con Cuarteles

Un revés tras otro han sufrido diversas autoridades edilicias que estaban convencidas de que la lamentable tuición municipal vigente sobre los establecimientos educacionales del país les daba, además, derecho a llevar a las salas de clases la agenda policial en la que derrochan los recursos públicos. Como la memoria puede ser frágil, recordemos, por ejemplo, que mientras la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso interpuesto por el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, para prohibir las marchas de los escolares, a los que llamó “vándalos” (adnradio.cl, 12 de agosto de 2011), el mismo tribunal de alzada capitalino ordenó este año el reintegro de 31 estudiantes a los que el edil de Ñuñoa, Pedro Sabat, había cancelado la matrícula (lanacion.cl, 13 de abril).

Esta vez, el turno fue del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien había ordenado la expulsión de 9 estudiantes del Liceo Carmela Carvajal por participar en las movilizaciones desarrolladas en el país por una educación gratuita, pública y de calidad. Los tribunales, que ya habían revocado en marzo su intento de cancelar la inscripción a los educandos del Liceo José Victorino Lastarria invocando la misma causal, propinaron ahora un más serio revés al edil. No sólo dejaron sin efecto sus bandos militares de expulsión, sino que calificaron la medida de Labbé, “a lo menos, de arbitraria, tanto por la carencia de un procedimiento, como por la falta de justificación de la decisión” (latercera.cl, 23 de mayo). En un país acostumbrado a que la institucionalidad sirva de instrumento a quienes hacen añicos la educación, la intentona de los poderosos por cambiar los uniformes escolares por los de la policía en las escuelas tiene algo menos de eco de lo que ellos quisieran. Esa conducta “a lo menos arbitraria” que los citados alcaldes tuvieron que llevarse de vuelta a sus cuarteles es totalmente contraria al espíritu de debate que debe caracterizar a toda comunidad educativa. Sin embargo, he ahí también una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad: convertir sus centros de aprendizaje, en los diversos niveles de enseñanza, en espacios de diálogo y participación, y no en las dictaduras que son hoy. Transformar dichos establecimientos en potenciadores del intercambio de opiniones es el camino para restituir la tradición deliberante en un país habituado aún al matonaje de la autoridad.

“El trabajar colectivamente, sumergirse en la realidad social, cambió el modo de vida y, en consecuencia, la expresión plástica”

                                                                                 José Balmes

Abrir el Debate sobre los Modelos Educativos

Una delegación de representantes de las políticas públicas de Finlandia en materia de educación visitó Chile a mediados de mayo a efectos de intercambiar puntos de vista sobre los modelos de aprendizaje. En particular, participaron de diversos diálogos y mesas redondas Kimmo Kuortti, director de Admisión y Servicios Internacionales de la Universidad de Oulu, y Jaaniliisa Kuoppa, responsable de comunicaciones del Centro de Movilidad Internacional del Ministerio de Educación y Cultura de dicho país.

Por cierto, el proceso lectivo entraña una dimensión mucho más amplia que los meros resultados que arrojen tests estandarizados, pero incluso restringiendo a ese plano el análisis, las brechas entre Helsinki y Santiago sitúan a ambas en las antípodas. Así, mientras el 82% de los chilenos no comprende lo que lee, el examen PISA ubicó a los estudiantes finlandeses en el tercer lugar mundial en el área lectora, en el segundo del orbe en análisis matemático y en el primero en ciencias, liderando, además, todos los procesos de evaluación del aprendizaje en la OCDE. Dichos datos podrían resultar parciales si tomamos en cuenta la educación como proceso social global. Sin embargo, Finlandia también aporta otros elementos a tomar en cuenta: la enseñanza en ese país, en los niveles primario, secundario y universitario, es completamente gratuita y pública. ¿Más antecedentes? Sí. Finlandia destina el 14% de su presupuesto a educación y gasta por cada estudiante de enseñanza básica el doble que Chile. No se lucra con la educación y eso tiene consecuencias interesantes en el ámbito académico. Cuando las autoridades chilenas preguntaron a Kimmo Kuortti cuál era la clave, mencionó justamente aquello que el MINEDUC está menos dispuesto a tocar, vale decir, la calidad de la misma.  Mientras Chile creyó que el asunto se resolvía condenando a los educandos a una doble jornada y sus resultados siguen cayendo de manera estrepitosa, en Finlandia la población tiene derecho a la salud y a la alimentación, concurriendo sus estudiantes sólo a 31 horas semanales en un proceso que, entre básica y secundaria, suma 9 años y no 12. Pero a la carrera docente no ingresan todos ni mucho menos: sólo el 20% de los aspirantes. En Chile es al revés: la mayoría de quienes cursan pedagogía admiten que no era esa su opción prioritaria a la hora de escoger. No se trata, evidentemente, de aplicar mecánicamente un modelo u otro, pero sí de analizar los enfoques que hay tras cada experiencia para abrir de una vez la discusión sobre propuestas que aporten a la construcción de una realidad distinta a la actual.  

"¿Quién sería  lo bastante insensato para morir sin haber dado al menos la vuelta a su cárcel?”.   

                                                                                 Marguerite Yourcenar

La Compraventa de Títulos Universitarios

Definitivamente, el Ministerio de Educación tendrá que dar explicaciones. Después de festejar irresponsablemente los resultados de la última prueba SIMCE, que estableció que la mayoría de los educandos no entiende lo que lee ni logra los objetivos esperados para su nivel de enseñanza, ahora las conclusiones del examen Inicia, que rinden los egresados de Pedagogía, muestran cuán lejos está la realidad de decir que vamos “en la dirección correcta”, como sostuvo el titular de la cartera, Harald Beyer (Boletín N° 38 de Academia Libre).

La prueba Inicia arroja antecedentes que prometen una catástrofe, porque el 69% de quienes serán profesores de las nuevas generaciones durante las próximas cuatro décadas, obtuvo una calificación “insuficiente” para impartir los contenidos mínimos que el propio mediocre sistema educativo chileno contempla. De manera increíble, en vez de hacer la autocrítica de rigor, la autoridad prefirió usar los datos como pretexto para introducir la figura de la expulsión de profesores desde las escuelas. ¿En qué mejoraría eso las cosas? Al contrario, lo que el MINEDUC no manifiesta es la responsabilidad que le cabe en la situación, que sólo esquemáticamente, en materia de resultados, resumiremos aquí. La Pontificia Universidad Católica tiene 12% de egresados de Pedagogía Básica con formación insuficiente (La Tercera, 8 de mayo). ¿Cómo es posible que una universidad habilite a quienes no están preparados para ejercer? El problema no es profesional, sino académico: es el campus respectivo el que ha estado regalando notas.

Pero todo puede ser peor, como muestra, de ahí en adelante, la tabla respectiva medida en porcentaje de insuficiencia. U. de Concepción y UCV, 38%; U. Diego Portales, 40%; U. Andrés Bello, 53%; U. Alberto Hurtado, 55%; U. de Atacama y UPLA, 62%; IP Providencia y U. Cardenal Silva Henríquez, 63%; U. Católica de la Santísima Concepción, 64%; U. de La Serena, 65%; U. del Bío-Bío, 71%; U. del Pacífico, 73%; U. Autónoma y U. Católica del Maule, 74%; U. Santo Tomás y U. Católica de Temuco, 77%; U. Arturo Prat, 78%; U. San Sebastián, 79%; U. de Antofagasta, 84%; U. de las Américas, 85%; U. Bernardo O’Higgins, 91%; IP de Chile, 92%, y U. del Mar, 94%. Lamentablemente, no es todo. Al incluir aquellas corporaciones que registran menos de 20 examinados en Inicia, la U. Bolivariana anota 50% de egresados con insuficiencia; la U. de Chile, 57%; la Academia de Humanismo Cristiano, 67%; la U. de Magallanes, 80%, y la U. Central, 100%.

¿Cómo es posible? Aquí el gobierno, pero también el Consejo de Rectores, cuyas universidades son la mitad de las recién citadas, deben dar la cara por condenar a sus estudiantes de Pedagogía y a los millones de humildes escolares que durante más de 40 años serán víctimas de esa “formación”. Porque una cosa es el vergonzoso espectáculo, amparado legalmente, a partir del cual las corporaciones privadas lucran. Y otro, gravísimo, es que las llamadas universidades tradicionales se llenen la boca tratando de convencer al mundo de que son públicas en circunstancias de que, claramente, sus directrices académicas perjudican de manera impresentable el derecho de la población a acceder a una educación de calidad. A las privadas, y a las que se dicen públicas, pero cobran aranceles millonarios y se arrogan competencias que no poseen para sustituir la docencia por una compraventa de títulos profesionales cuyas consecuencias están a la vista: es hora de cerrar el negocio y abrir el debate para restituir al espacio público el control y la conducción sobre el derecho a aprender y la responsabilidad de educar. 

       

“Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia que yo al recibirla”

                                                                                            Giordano Bruno

Educación, Salario y Unidad del Movimiento Sindical

Cada año, el 1° de Mayo marca el contexto en que se resuelve, a espaldas de los trabajadores, el reajuste del salario mínimo. Como es sabido, el gobierno ha planteado que elevar su monto a 250 mil pesos estaría descartado, aduciendo, para ello, que la tasa de desempleo se dispararía (Xinhua, 2 de mayo).

A decir verdad, no es muy novedoso que las administraciones de turno rechacen las aspiraciones del mundo sindical. Lo realmente sorprendente y lamentable, a estas alturas, es que el propio presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, haya pedido sólo 250 mil pesos, sin siquiera hacer expresión de las consideraciones económicas que debieran sustentar un planteamiento de esa naturaleza. Para quien no esté familiarizado con este debate, digamos que ya en 2011 el Ministerio de Planificación había cifrado en 240 mil pesos el valor de la canasta mínima para un hogar de 4 personas. Para ese año, el cálculo de la Universidad de Chile establecía que la canasta básica para que sobreviviera un grupo de dos adultos y dos niños durante 7 días era de 45 mil pesos, lo que equivale a 192.857 pesos mensuales. Sin embargo, dicha estimación no cubría transporte, vestuario, pago de servicios básicos ni arriendo o dividendo. Pero supongamos que en este país sólo tuviéramos derecho a sobrevivir con alimentos. En ese caso, sucede que entre noviembre de 2009 y marzo de 2011 la inflación para el rubro alimentos ascendía a 5,51%, con lo que la línea de pobreza quedaba en 65.109 pesos por persona. Es lo que defendió el Instituto Libertad y Desarrollo, think tank del empresariado, calculando que un hogar de 4 personas debía percibir 260.436 pesos (lanacion.cl, 14 de julio de 2011).

Exactamente un año después, el IPC global se elevó en 4,4%, pero en el sector alimentos la inflación de esa canasta fue de 11,5% (latercera.cl, 2 de mayo). En otros términos, si sólo tuviéramos que contentarnos con subsistir no desnutriéndonos, a marzo de 2012 necesitaríamos 299.501 pesos. Precisamente porque Academia Libre inspira su quehacer en los intereses superiores de la clase trabajadora, esa lealtad implica ejercer la crítica y señalar que es francamente inaceptable que, desde la CUT, la exigencia de salario mínimo sea una sexta parte inferior incluso que lo que defiende, como promotor de la explotación del hombre por el hombre, el Instituto Libertad y Desarrollo. Es urgente, pues, que quienes abrazamos la educación popular contribuyamos a la formación y a la organización de todos los trabajadores, forjando un programa que fundamente su dimensión económica y permita, en vez de sencillamente arrojar cifras regresivas, concebir una conducción de unidad, responsable y coherente, que haga posible restituir una Central Única de Trabajadores, como la que forjaron, educando al pueblo, Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest y Luis Figueroa, a quien sólo el golpe militar impidió seguir siendo, en nombre de la clase obrera, miembro de la mesa directiva de la Universidad Técnica del Estado.

 

"No dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”

                                                                                              Margaret Mead

Privatizando en Nombre del Fisco

“Los estudiantes van a ser deudores del Estado y no de los bancos”, fue la consigna con la que el ministro de Educación, Harald Beyer, intentó hacer presentable el anuncio de que la administración de los créditos correrá ahora por cuenta del Fisco (terra.cl, 23 de abril). El proyecto, que para el MINEDUC debería ser de aprobación “relativamente rápida” en el Congreso, plantea una tasa de interés de 2% y una modalidad de pago en que las universidades deben hacerse cargo de la brecha que se produce entre el arancel referencial y el real. ¿Cómo financiarán esa distorsión las casas de estudios del Consejo de Rectores? ¿Reduciendo el presupuesto para investigación? ¿“Abaratando costos” en la contratación de académicos?

Lo cierto es que ese punto nada le importa a la autoridad, porque el verdadero propósito del plan anticipado por ella es que el Estado aparezca legitimando, primero, el endeudamiento como supuesto incuestionable del acceso a la educación, de modo que ésta no pueda ser exigible como derecho; y, segundo, incorporar la cobertura fiscal de crédito a aquellas universidades que tienen fines de lucro. ¿Cómo opera este modelo? El Estado opta por no juzgar qué proyecto académico resulta con cobertura, sino, al contrario, otorga el crédito al estudiante que, hecha abstracción de la universidad, resulta reducido a la condición de consumidor de un crédito. Pero no es todo. El Ejecutivo se ha jactado de que la iniciativa financiaría el total del costo de arancel de los dos quintiles más pobres, como si se tratara de una gran cosa. Pues bien, el “detalle” que no menciona es que, en Chile, la tasa de deserción para los dos primeros quintiles de ingreso en la universidad es de 65% y, sólo considerando el quintil más pobre, dicho índice bordea el 80%. Es decir, los estudiantes más humildes casi no entran a la universidad y mucho menos se mantienen en ella. Pero, con este proyecto, el MINEDUC ha encontrado la potencial forma de seguir elevando esas dramáticas cifras. Sucede que, de los dos quintiles más pobres que ingresan a la universidad, el 45% no comprende lo que lee. Pero, con el nuevo proyecto, para obtener las becas que los mantiene en el sistema se les exigirá 50 puntos menos en la PSU (de 550 actuales a 500), justamente a quienes forman parte del quintil más precarizado. Entonces, ¿qué herramientas formativas tendrán ellos para paliar el déficit académico de arrastre y sostenerse en la universidad? Ninguno, de modo que, en el corto plazo, ni siquiera el sistema los tendrá como demandantes de crédito. Tampoco habrá cinco años de carrera para aminorar en algo siquiera la deficitaria escolaridad con que el sistema condena a los más desposeídos, porque la otra parte del negocio es que los programas académicos serán acortados a un trienio, de manera de que alguien se llene los bolsillos con una demanda explosiva que se producirá en el ya poco serio mercado de los posgrados. Poco serio, pero muy rentable, si tomamos en cuenta que entre los años 2000 y 2006 la matrícula en programas de magíster se cuadriplica en las instituciones privadas y se duplica en las tradicionales.

¿Que la modalidad anunciada elimina el negocio de la banca privada? No mientras este esquema de administración crediticia ampare, como lo hará ahora en nombre del Fisco, la subvención al lucro en las universidades privadas. No mientras en este país el concepto de autonomía universitaria sea tan inexistente que la banca privada siga teniendo como dueña a los mismos propietarios de los campus que ahora gozarán de mayores utilidades, porque, tras los dichos del ministro Harald Beyer, estamos pasando del Crédito con Aval del Estado al lucro con aval fiscal.

“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar”

                                                                                     Hipatia de Alejandría