El Camino al Lucro de la Banca Privada en Educación Tiene Aval del Estado

El aberrante y progresivo proceso de desentendimiento del Estado respecto de la educación acaba de apuntar un nuevo y vergonzoso récord internacional para Chile, que registra ahora la más alta proporción de universidades privadas, en relación con las públicas, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, el más reciente estudio del organismo establece que el 51% de la matrícula universitaria y casi toda la técnica (91,7%) corresponde a instituciones privadas en esta nación, mientras que el promedio de la Ocde, al contrario, indica una concentración no estatal de 15% (La Tercera, 12 de septiembre).

Por cierto, ni siquiera podría decirse que la otra mitad de la matrícula universitaria chilena es pública, porque, del total, otro 21,5% está estudiando en planteles privados adscritos al Consejo de Rectores, como ocurre, por ejemplo, con las corporaciones católicas. A la inversa, en la enseñanza superior técnica, sólo el 5,6% de la matrícula está en manos estatales. El estudio, además, confirma la tendencia de los últimos años para el país, que da cuenta de que un ínfimo 18% del gasto per cápita en educación superior es público.

A nivel escolar, la fuente privada de financiamiento de la educación primaria y secundaria es alta en Chile en comparación con otros países (21,8% versus el 8,8% promedio de la Ocde). Pero, entonces,  ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de la enseñanza en el país? La principal: las familias. El 68% corre por cuenta de los hogares, siendo Chile la nación con la cifra más alta. Le sigue Reino Unido, donde el 58% del gasto viene directamente de los bolsillos de los hogares. En cambio, en Francia, por ejemplo, las familias sólo aportan el 9,7% del total de recursos para educación superior.

De cualquier modo, la violenta estructura del lucro en educación no es sólo resultado de la inescrupulosa ambición de las empresas que hacen negocio con este drama. El gobierno y las instituciones públicas que antaño estuvieron llamadas a fomentar las condiciones que hicieron posible una enseñanza gratuita y de calidad, se han coludido a favor de intereses creados. A partir de este año, sin ir más lejos, los créditos de pregrado de Corfo, vigentes desde 1997, dejaron de existir. ¿Con qué argumento social y académico? Ninguno. Le bastó invocar una baja en las operaciones a partir de la introducción del Crédito con Aval del Estado (CAE), el mismo que ahora el MINEDUC usa para presionar a las universidades a reducir la duración de sus carreras (El Mostrador, 26 de enero).

Y aunque la institucionalidad intentó que el hecho pasara inadvertido, notificando apenas en el pequeño inserto de un diario, los ya miles de afectados por el término de la garantía estatal comenzaron a multiplicarse. Tanto, que el asunto vuelve ahora a estar sobre la mesa, porque la perversión de este traspaso de cartera pública a privada de deudores hizo que en sólo el último año, de 2011 a 2012, se incrementara en un explosivo 45% el número de estudiantes que postula a un préstamo de la banca para hacer siquiera imaginable la posibilidad de cursar una carrera. Al dejar a la deriva a miles y miles de familias, por décadas acostumbradas a un país en que la enseñanza ya no es un derecho, CORFO ha introducido, además, un agravante sin precedentes al dejar el ya asqueroso sistema de créditos en negocio de las instituciones financieras. Porque al menos las entidades públicas exigían requisitos académicos. Sin embargo, a la banca privada no le interesa calificación previa, notas, puntaje, nada. Su requisito, para administrar la usura, no tiene relación alguna con los estudios de cada cual, sino con su capacidad de pago. El resultado será un par de bolsillos de empresarios con manos llenas, y muchas universidades que ya no debieran usar esa palabra para sí mismas. 

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“Al medio de la Alameda de Las Delicias Chile limita al centro de la injusticia”

Violeta Parra

Recuperar las Conquistas Históricas de la Educación en Chile

Bajo gobiernos de distinta orientación, la vida republicana del país fomentó la educación pública y gratuita, incorporando, de manera progresiva, condiciones que aseguraban el acceso y generaban oportunidades de estudio, en todos los niveles, a los sectores más desposeídos. Con ese espíritu, por ejemplo, en los años ’60 la inversión estatal en educación pasó del 4% al 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB), para luego empinarse, en 1972, al histórico 7,1%. La caída del gasto, como es sabido, fue vertiginosa durante la dictadura militar, pero la situación siguió empeorando bajo la llamada “transición a la democracia”, período en el cual la proporción de presupuesto público ha retrocedido de modo sostenido respecto de la inversión privada. Frente a las cifras de antaño, el gasto estatal actual se reduce a un vergonzoso 4,35% del PIB, debiendo hoy los hogares pagar el 82% del costo de lo que antes era un derecho.

Pero todo puede ser peor: en los últimos días, se ha dado un nuevo golpe a la posibilidad de construir un modelo educativo con equidad. El Congreso Nacional aprobó un proyecto, erróneamente llamado “reforma tributaria”, presentado ante la opinión pública como una vía para allegar recursos a educación. Si el lector quiere hacerse una idea sobre cuál sería el impacto presupuestario de la operación visada por el Poder Legislativo, deberá saber que se trata de un incremento de apenas 0,3% del PIB y que ese monto, unos mil millones de pesos al año, es exacta y literalmente una mugre al lado de los 4 mil millones adicionales, pero de dólares, que la OCDE y otros organismos internacionales demandan de parte del Estado de Chile para cubrir las más mínimas necesidades de enseñanza pública. El proyecto aprobado contiene, en cambio, dos ejes más absolutamente impresentables. Primero, implica una menor recaudación para el Fisco, pues baja impuestos. Segundo, dicha reducción no tiene por propósito producir una redistribución, pues, si así fuera, los parlamentarios que dieron el voto a la iniciativa tendrían que explicar por qué y bajo qué idea de justicia social aceptaron beneficiar con una rebaja tributaria de 8% a quienes ganan 3 millones 561 mil pesos mensuales y de 5% a quienes perciben ingresos superiores a ese monto. Alguien podría pensar que ese regalo a los pudientes representa un monto marginal del proceso fiscal asociado a educación, pero la realidad es otra. El 47% de la menor recaudación que implica esta medida beneficia a los 142 mil contribuyentes de mayores ingresos del país (La Segunda, 4 de septiembre).

Fuera de financiamiento, la política pública en educación tiene otros ejes fundamentales que recuperar, porque se trata de calidad, no de chequeras. Hasta 1973, por ejemplo, los niños que accedían a las escuelas públicas tenían derecho a desayuno, almuerzo y atención médica, porque no basta la gratuidad. Asimismo, entre 1966 y 1972 la Universidad Técnica del Estado triplicó el número de becados para los estudios de postgrado en el extranjero, lo que indicaba ya resultados en materia de excelencia académica. Pero también la historia registra pasos fundamentales en el plano de la participación. Las universidades empezaron a elegir autoridades con el voto de todos los sectores de la comunidad y los colegios profesionales tuvieron injerencia en la discusión de las mallas curriculares de cada facultad. Bajo la conducción del ministro Aníbal Palma, se dictó en 1972 el Decreto de Democratización de la Enseñanza, que permitió a los representantes estudiantiles de las escuelas participar en los consejos de profesores y centros de padres y apoderados. En paralelo, Editorial Quimantú puso en circulación más de 12 millones de ejemplares de los más gravitantes títulos de la literatura universal, a un precio tan bajo que, al momento del golpe de Estado casi se habían agotado.  Lo que esa auténtica democracia producía en el ámbito de la educación y la cultura se expresaba también fuera de las fronteras, donde ejercieron funciones diplomáticas Alberto Blest Gana, Gabriela Mistral, Julio Barrenechea, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Ricardo Latcham, Armando Uribe, Humberto Díaz-Casanueva y tantos otros. Ahí está la historia, disciplina a la que tantas veces han querido quitarle horas de clases, aportando antecedentes sobre cuánto podríamos avanzar y conquistar como sociedad desde la perspectiva de la educación.

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“A los animales a los que hemos hecho nuestros esclavos no nos gusta considerarlos nuestros iguales”

Charles Darwin

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“Interculturalidad Bilingüe”, Otra Forma de Dominación

En 1993, el Ministerio de Educación implementó, en el marco de la Ley Indígena,  el llamado programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), con el supuesto fin de reconocer las especificidades culturales de los pueblos originarios. Sin embargo, el concepto ha sido empleado, en realidad, para fomentar el ajuste de las comunidades indígenas a las normas educativas dictadas por el Estado.

Tales programas son diseñados por tecnócratas y resultan sesgados, superficiales y no representativos de las culturas a las que aluden. De esta manera, la escuela se presenta como otro territorio en conflicto, un lugar de confrontación entre la cultura dominante y la de los pueblos originarios, un espejo de las desigualdades sociales, pero, sobre todo, una manera de profundizar la hegemonía también en el plano discursivo. Sin el reconocimiento y la inclusión no tendremos una verdadera educación intercultural que promueva el respeto y la igualdad en nuestro país. 

Por qué la Educación Chilena Optó por Olvidarse de la Democracia

Acostumbrados, como están, los políticos de la pantalla chica al clientelismo grande, no tendrían cómo defender el lucro en la educación si hoy, al igual que antaño, los grandes procesos de transformación social se hiciesen eco del vigor creador de los jóvenes. Por lo mismo, resulta patético constatar con cuánto histrionismo la institucionalidad rasga vestiduras al ver los resultados del modelo de exclusión de las nuevas generaciones.  Chile, en efecto, exhibe el más bajo nivel de participación juvenil en política de toda Iberoamérica y ese antecedente no puede ser analizado prescindiendo del hecho de que justamente a ese grupo de edad se le ha negado sistemáticamente acceso a una educación pública y de excelencia.

En exacta línea con lo anterior, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) evacuó un informe que señala que entre los jóvenes de 18 a 29 años el 54% no sabe cuál es el sistema electoral por el que se rige el país, mientras que el 70% ignora qué es el binominalismo vigente y el 73% es incapaz de nombrar a 5 de los 120 diputados en funciones (radio.uchile.cl, 6 de agosto). Con ese panorama, el gobierno de turno seguirá reprimiendo salvajemente a los manifestantes que exigen educación pública y fin del lucro, porque el proceso legislativo en el marco del cual tiene lugar la arquitectura de la desigualdad festina con esa ignorancia, que se torna funcional a los intereses de los que hacen negocio con la enseñanza. Pero sucede que sería altamente interesante saber ciertas cosas. Por ejemplo, que bajo el engañoso nombre de “reforma tributaria” y, bajo el pretexto falaz de incrementar la recaudación con fines sociales, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que establece un “crédito tributario a la educación” en el que, por arte de magia, la rebaja impositiva al que percibe ingresos por 670 mil pesos es de 20 mil,  mientras que, por igual concepto, a quien gana más de cuatro millones le descontarán un millón y medio al año.

Si no existiera el sistema binominal, la iniciativa no hubiese alcanzado el quórum para aprobar siquiera la idea de legislar, pero es bien difícil oponerse al binominalismo si no se sabe lo que es. Tampoco es muy útil a la causa ignorar los nombres de los congresistas, pues muchos de ellos apuestan a ese desconocimiento ciudadano para seguir recogiendo respaldos en las urnas.  El oficialismo en pleno respaldó la vergonzosa idea de legislar, pero para que ella prosperase en el Senado había que sumar cuatro votos del bloque opositor, donde hubo, para perpetrar la ley, cinco: los de Fulvio Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker, Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar. Ahora el proyecto sigue su periplo en la Comisión Mixta.

El mismo malabarismo intentaba aplacar cualquier asomo de reclamo ciudadano con el expediente de incorporar un alza al impuesto específico al tabaco, de $ 50,2 a $ 83 por cajetilla. Claro está, sin decir con la misma energía que, en cambio, se pretende reducir el tributo al valor, pasando de 62,3% a 60,5%. Esta fórmula no tiene efecto alguno sobre la recaudación, de modo que lo fundamental sigue siendo que el supuesto del modelo es la ignorancia que se promueve y por eso La Moneda tiene tanta fe en la gestión del Ministerio de Educación, cuyos programas omiten el proceso cívico, proscriben la entrega de herramientas de análisis que requiere el rol de sujeto crítico y reproducen un esquema en que el propio proceso lectivo carece de instancias de participación. ¿Y sabe usted por qué el gobierno apuesta con tanto optimismo a la aprobación de la supuesta reforma tributaria? Porque los estudios de percepción indican que esa basura legislativa cuenta con respaldo en la opinión pública, la misma que jamás ha leído el texto correspondiente. Como decía el educador Paulo Freire, sería ingenuo pensar que la clase dominante va a diseñar una institucionalidad lectiva puesta al servicio de la clase trabajadora. La aspiración colectiva de garantizar centralmente el derecho a una educación pública requiere, en tanto universalización de esa prerrogativa, ciudadanos críticos, capaces de redactar proyectos de ley igualmente universales, porque ya sabemos quiénes no lo harán. He ahí un rol esencial del movimiento social: generar condiciones que permitan a sus miembros acceder a los instrumentos de formación necesarios para que el derecho a voto sea algo más que un ritual vacío y se convierta en arma de la soberanía popular.

“Las personas necesitan un poco de locura. De otra

manera, nunca se atreven a

cortar la soga y liberarse”

Nikos Kazantzakis