lunes, 28 de noviembre de 2011

¿Un Semestre en Ocho Semanas?

 Mientras la ciudadanía aguarda que la demanda social por educación pública y de calidad desemboque en cambios jurídicos y tributarios, las universidades del Consejo de Rectores han tomado una decisión sin precedentes: efectuar un semestre académico en 2 meses.
¿Qué fundamento ampararía una determinación de esa magnitud? Cuesta, por cierto, comprender a cabalidad por qué las rectorías se llenaron la boca durante todo este año hablando de mejorar los estándares de educación superior si, al fin y al cabo, concluyeron que era posible cumplir el cometido previsto para cuatro meses y medio convocando a las aulas a los estudiantes por un plazo de 8 semanas. ¿Acaso el estudiantado triplicó la velocidad de sus procesos cognitivos? ¿O es que se había estado impartiendo, durante casi dos siglos, el triple de unidades de contenido de las que corresponde abordar en un período lectivo? Lo que ha ocurrido es una operación ajena al campo académico, que busca asegurar ingresos económicos a tales corporaciones y, de paso, consagrar la fuente privada de financiamiento de las universidades. En efecto, las rectorías no apuntaron al mejoramiento del proceso de aprendizaje, sino, a costa de éste, reforzaron su rol de meros receptores del Crédito con Aval del Estado,
que no es público, justamente porque traspasa al educando la función de financista privado, vía arancel y endeudamiento, de la institución de educación superior. Si los objetivos académicos podían cumplirse en dos meses, ¿por qué no se redujo igualmente a un tercio el cobro que se hace a los estudiantes? En la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, la rectoría sencillamente notificó de esta extraña “oferta” del sistema: pague cinco y lleve dos (El Diario de Antofagasta, 9 de noviembre). Si es posible desarrollar un período académico en dos meses, entonces a contar de 2012 las universidades podrían completar 5 “semestres” entre marzo y diciembre y reducir de 7 a 2 años y medio los estudios básicos de Medicina.
Las autoridades académicas de la institucionalidad educativa están ya completamente deslegitimadas y debieran sincerar el nombre de la entidad que las agrupa, el Consejo de Rectores, por lo que realmente éste es: un Consorcio de Recaudadores.






“Yo no he permitido nunca que mi asistencia a clases interfiera con mi educación” (Mark Twain).

No hay comentarios:

Publicar un comentario