Escuela y Universidad

Un rasgo del modelo educacional vigente
es la tajante separación que hace entre el proceso de
aprendizaje que se espera del colegio y de la universidad. Así,
niños y adolescentes son promovidos de curso en un esquema
que bloquea la posibilidad de introducir al educando en el
debate de la universitas, que quiere decir, muy a pesar de la
autoridad, que lo ignora, “universalidad, comunidad”.
El limitado enfoque oficial, que separa escuela y
campus con artificios tan cuestionables como la PSU -que
mide capacidad de acierto y no aptitudes-, olvida, por ejemplo,
que los liceos se llaman así por el nombre que dio a su
dirección de estudios Aristóteles, o que la palabra escuela
procede del griego σχολή, que apela al ocio en tanto tiempo
para reflexionar, condición que se restringe en extremo para
los escolares chilenos, que enfrentan el estrés de una doble
jornada con peores resultados académicos que los que tenían
hace 14 años con la mitad de horas de enclaustramiento. El
vínculo entre colegio y universidad no es sólo etimológico,
sino también histórico: la Universidad de Chile halla sus
orígenes en el Instituto Nacional. Y, por sobre todo, el nexo es
pedagógico. El modelo educacional de este país supone que
los universitarios pueden elegir las materias que van a estudiar,
cuestión que, en cambio, le es impuesta a los escolares, a
quienes la institucionalidad se refiere con el peyorativo
concepto de alumnos. Si fuera cierto que la carencia intelectual
define a los estudiantes hasta terminada la secundaria, ¿cómo
se explica entonces la capacidad académica que se les
reconoce apenas un mes después de egresar, cuando son
admitidos en alguna universidad? Con un sistema como éste,
que lucra, las mal llamadas “casas de estudios superiores”
recorren los patios de las escuelas para hacer su oferta de
matrícula al mejor postor, pero no para compartir
conocimiento. Una universidad que se precie de tal debe
involucrar justamente a las nuevas generaciones en la
discusión de las más diversas disciplinas, y ello implica
introducir en las escuelas la investigación y poblar sus salas de
seminarios gratuitos entre los cuales optar, porque la
educación ha de ser eso: aprender a
organizarse y a elegir, es decir, asimilar las
facultades ciudadanas.

Democratizar el Proceso en Aula

Puesto que las salas de las escuelas y universidades llevan cinco meses sin que transcurra ese ritual profesor-estudiante al que la institucionalidad suele reducir el aprendizaje, habría que preguntarse si el vaciamiento de las aulas ha hecho a nuestra sociedad más ignorante de lo que era.

La respuesta es no. Medida con estándares internacionales, la enseñanza en Chile es tal (Informe de la OCDE sobre Bienestar, 12 de octubre), que la capacidad de comprensión de textos de un gerente general con formación universitaria en este país es inferior a la de un obrero alemán no especializado. En buen castellano, con el estado actual de cosas podríamos llegar a tener más años de escolaridad que Europa, pero seguiríamos registrando los peores resultados académicos, porque la educación acá es de muy mala calidad. En el marco del movimiento estudiantil, en cambio, las nuevas generaciones han aprendido a exigir derechos y, al mismo tiempo, a organizarse: dos materias que el actual modelo chileno jamás incluirá en la asignatura de Educación Cívica.

Si a la institucionalidad le importara mejorar la educación, tendría que garantizar igualdad en las condiciones de vida de los educandos y volver la atención, entre otros asuntos, sobre el proceso en aula. ¿Qué entidad revisa el libro de clases, cruza datos y divulga la información que se produce a partir de la dinámica de clases? Ninguna: el registro de lo que ocurre en la sala es hoy un ritual mecánico, incapaz de convertirse en fuente para la reflexión colectiva que requiere el aprendizaje. En Chile la autoridad restringió la educación a la sala, pero si lo que sucede dentro de ella es tan importante, ¿por qué sólo el profesor puede anotar observaciones y registrar calificaciones en el libro de clases? ¿Acaso los estudiantes son un elemento pasivo del paisaje? La concepción unilateral del aprendizaje no resiste el menor análisis, pues el educando está llamado a ser un sujeto crítico. Un eventual regreso a clases será significativo solamente cuando se democratice el proceso en aula, porque el conocimiento tiene lugar al calor del debate, no del dictado que deviene en dictadura.

ACADEMIA LIBRE REALIZÓ SU SEGUNDA AVANZADA A LOTA

Una intensa agenda de trabajo desplegó Academia Libre en la comuna de Lota, en el marco de la segunda avanzada de sus Trabajos Voluntarios 2012, realizada entre los días 12 y 13 de octubre. En la oportunidad, el rector, David Hevia, y el consejero y comisionado de Investigación, Lucas Espinoza, efectuaron interlocución con organizaciones a fin de recopilar antecedentes que favorezcan la elaboración de la encuesta sobre asociatividad que se aplicará en febrero en la zona. Asimismo, fueron impartidos dos seminarios. El primero. El Papel de la Universidad en el Desarrollo de un Plan Comunal de Educación, dictado ante 15 dirigentes de la Mesa Ciudadana de Educación (Colegio de Profesores, Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación y funcionarios municipales). El segundo, Antropología de la Mujer, expuesto ante 40 estudiantes (pobladoras, trabajadoras y dirigentas), convocadas para ese efecto por el Departamento de la Mujer de la Municipalidad. Finalmente, Academia Libre participó de la reunión constitutiva de la CUT Comunal, en la que fue expuesto en detalle nuestro proyecto y la necesidad de poner la educación gratuita y de excelencia al alcance de la clase trabajadora.
 

Autonomía Universitaria

La movilización estudiantil de este año ha
expuesto demandas cuya legitimidad es
sostenida por una inmensa mayoría ciudadana.
Sin embargo, la autoridad no sólo ha preferido cerrar la puerta a esos
planteamientos, sino que, a falta de argumentos, ha recurrido a una
respuesta policial. En vez de abordar la dimensión pedagógica del
debate, La Moneda ha anunciado una reforma legal que, entre otras
cosas, busca penalizar la toma del campus universitario y llevar a los
ocupantes a la cárcel.
¿Y por qué no se aplica el presidio a los responsables de la
desigualdad en el acceso a la educación? Es justamente el modelo
decisional antidemocrático que rige a las universidades lo que
determina que los estudiantes recurran a la toma como herramienta
de presión para plantear reivindicaciones justas, que benefician al
conjunto de la sociedad y que de otro modo jamás habrían
conquistado el primer lugar de la agenda.
Pero la pretensión de penalizar la toma no sólo implica
criminalizar el movimiento social, sino violar un precepto académico
fundamental: el principio de autonomía territorial que debe regir a
las universidades. Si éstas tienen por función esencial desarrollar la
crítica de la sociedad, entonces la forma que adopte dicho
cuestionamiento no puede ser perseguido, de modo que las normas
penales no tienen jurisdicción sobre el territorio universitario. De
hecho, no la tienen ni en EE.UU. ni en Europa, donde precisamente
la violación de ese principio, hace siglos, llevó a la hoguera a un
académico de la estatura de Giordano Bruno, por decir que el
universo es infinito, y convirtió en delincuente a Galileo Galilei por
afirmar, vulnerando la ley de la época, que era la Tierra la que giraba
en torno al Sol. Si la actividad académica tuviera que someterse a los
límites impuestos por la ley vigente, entonces ¿cómo el quehacer
universitario podría contribuir a la transformación de las normas y de
la sociedad? Claro está, el proyecto de penalización anunciado por la
autoridad debiera sugerir a la comunidad científica nacional que
observe con más cuidado el cielo, y notificarla de que los telescopios
están equivocados: que es el Sol el que sigue girando en torno de
nosotros.

La Acreditación Desacreditada

Cuando una entidad subordina al lucro
el proyecto académico, su norte no será la
excelencia, pero como ésta también es
precaria en las universidades del Consejo de
Rectores, examinemos qué ritual autoriza la mala calidad de la
educación.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) fue creada
en 2006, cuando, en nombre de la “libertad de enseñanza”, el
país ya elevaba a 60 el número de corporaciones. ¿Cómo es
posible que la CNA no opere como filtro correctivo? La pista
más patética se produjo en 2010, cuando todas las instituciones
que postularon fueron acreditadas y la Contraloría abrió una
investigación. Hasta qué punto la acreditación se vincula a una
operación financiera, lo revela el hecho de que sólo con el
visado de la CNA los clientes (antiguamente estudiantes) de las
universidades e institutos pueden acceder al Crédito con Aval
del Estado (CAE), por lo que, sin acreditación, las entidades
que pretenden financiarse con el cobro de arancel resultan
insolventes. Esto, dice la ex secretaria ejecutiva del Consejo
Superior de Educación, María José Lemaitre, “ha provocado
algo perverso, pues la CNA no resiste dejar a una universidad
sin CAE”. La situación ha llegado al punto de que en 2009, la
agencia Akredita QA certificó la carrera de Ingeniería
Comercial de la Universidad Austral mientras uno de los
dueños de aquélla, Manfred Max-Neef, era director del Instituto
de Economía de esta casa de estudios (Ciper, 29 de septiembre).
En tanto, Contraloría estableció irregularidades como el pago de
dietas a los miembros del CNA sin completar asistencia de
100% y fraccionamiento de las sesiones (tres al mes), por lo que
“han llegado a realizar y contabilizar dentro de un mismo día
hasta cinco sesiones, modalidad que no se encuentra
contemplada en el reglamento interno ni en la ley que creó la
CNA” (Contraloría, Informe del 19 de noviembre de 2010).
Crear un marco fiscalizador serio y autónomo de los
intereses que reducen la conducción universitaria a gestión
financiera es clave para una educación de
calidad: su existencia debe estipularse en
una ley orgánico-constitucional.