La Complicidad de las Rectorías

Ahora que las vergonzosas pautas con las que se construye la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se quedaron prácticamente sin incondicionales defensores, el responsable de su existencia, el Ministerio de Educación, comienza a incorporar nuevas iniciativas con las cuales lavar la imagen del proceso de admisión a la mal llamada enseñanza superior. No se trata, por cierto, de enriquecer el aprendizaje, sino de cambiar un poco la presentación del modelo, incrementando el peso relativo de las notas obtenidas en el colegio (como si ellas fueran testimonio vivo de la excelencia) al lado del puntaje de una PSU que seguirá existiendo. Pero la miseria del debate no es responsabilidad exclusiva del gobierno, pues éste ha encontrado entre las autoridades universitarias el complemento perfecto para salvaguardar sus intereses.

Por ejemplo, el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, toma nota de lo que esta modalidad implicaría en un país donde la brecha de calidad entre un liceo y otro es tan amplia. Pero si alguien cree que el reparo suyo iba en la dirección de promover una educación digna que tienda a igualar hacia arriba la excelencia entre colegios destinados a la élite y aquellos en que estudian los más carenciados de la sociedad, se equivoca. El rector propone simplemente cambiar la actual tabla de conversión de notas a puntajes y agrupar a los establecimientos según su nivel de exigencia. “En algún momento como plantel hicimos esa propuesta”, dijo Zolezzi (La Segunda, 18 de diciembre), al explicar ese esquema que introduce un nuevo mecanismo de segregación escolar, semejante a la patética idea de los “semáforos” promovida por el ex ministro de Educación Joaquín Lavín y que permitiría fácilmente cambiar el puntaje de ingreso recurriendo al artificio de pasar de un colegio a otro. En esa cruzada no está solo. El rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, explica qué “buenos resultados” se obtendría con un nuevo mecanismo de admisión: aquéllos son “medidos en tiempo de titulación y deserción”. O sea, no en aprendizaje, ni calidad, ni investigación ni generación de conocimiento nuevo, sino en la conducta predecible y cuantificable de la clientela que han logrado matricular.

“Suspendí mi educación cuando tuve que ir al colegio” (George Bernard Shaw).

Academia Libre Cierra el Año Académico con Nuevos Desafíos

Una participativa jornada de debate, desarrollada el sábado 17 de diciembre en el marco del Consejo Universitario, puso término al año lectivo 2011 de Academia Libre. En la ocasión, la comunidad conoció los resultados de la segunda evaluación docente y de la primera autoevaluación estudiantil del semestre, para luego analizar las propuestas de reforma planteadas tanto al Reglamento Académico como a los instrumentos de análisis, dando paso a una serie de iniciativas como, entre otras, la incorporación de una escala de calificaciones de 0 a 100, que fija en 70 el puntaje de aprobación; la inclusión de una Evaluación en Sala de la que informan todos los estudiantes y en la que además se registra el tiempo destinado a la preparación de la clase; y la modificación de la Evaluación Docente, a la que son añadidos aspectos como la dedicación de franjas horarias para la atención de dudas e inquietudes de los educandos. Asimismo, fue abordado el estado de avance de los Trabajos Voluntarios Lota 2012, a partir de los cuales Academia Libre aportará a la construcción social de un plan de desarrollo comunal de educación. Al finalizar la sesión, se procedió a la entrega de los certificados que acreditan la condición de estudiante regular de quienes cursaron las diversas asignaturas, lo que cobra particular relieve en esta oportunidad, toda vez que, desde 2012, la comunidad impartirá también disciplinas de segundo nivel. Tras un cóctel de fraternidad, la jornada de cierre del Año Académico tuvo un nuevo hito a las 20:00, en el barrio Concha y Toro, donde fue exhibido el documental sobre Víctor Jara "El Derecho de Vivir en Paz", dando paso, a continuación, a una fiesta popular con la que celebramos tanto el cumplimiento de los objetivos como el advenimiento de una nueva etapa en nuestra inclaudicable decisión de hacer de la excelencia académica una herramienta fundamental de la clase trabajadora. Felicitaciones a todos quienes han contribuido a hacer realidad esta idea.

El Profesor como Estudiante

El docente llega a la sala de clases y los estudiantes escuchan lo que dice, toman apuntes, hacen preguntas y, con suerte, llegan a plantear alguna opinión. Bajo esa imperturbable pauta se resume lo que la institucionalidad educativa del país considera correcto en materia de aprendizaje. Sin embargo, ante ello no sólo cabe responder que justamente ese modelo que vocea ideas preconcebidas sobre el pupitre ha fracasado en materia de resultados estandarizados; también es pertinente subrayar que ese esquema que reduce la enseñanza a una burbuja de cuatro paredes y pretende limitar el conocimiento a una línea de transmisión mecánica y unilateral de datos, cae en su propia trampa, pues no tiene cómo argumentar contra la posibilidad de emprender el sentido opuesto: si 40 educandos pueden aprender de una persona, ¿por qué ésta no podría enriquecer su formación a partir de las lecciones que le den aquellos 40?

Las autoridades no están pensando en la formación permanente del profesor, al que, a lo sumo, de vez en cuando le exigen y venden algún curso de capacitación en cuyo diseño el maestro no tuvo participación alguna, ni menos las personas a las cuales él impartirá clases. Pero el aprendizaje es un proceso social y, como tal, no se detiene. El profesor es también, un estudiante, y eso implica, entre otras cosas, que los otros estudiantes pueden y deben evaluar su desempeño, además de debatir y promover estrategias para que aquél siga educándose. Al sistema educativo vigente eso no le interesa, porque sólo busca reproducir en el aula el conocimiento ya existente. Al contrario, el aprendizaje tiene por condición la creación de conocimiento, es decir, la transformación de la sociedad. El carácter de estudiante de cada profesor está planteado en los Estatutos de Academia Libre y, por eso, cada profesor recibe una calificación de sus pares, que son los demás estudiantes, a través de una evaluación docente periódica y vinculante. Por eso, igualmente, los programas de estudios son diseñados en el marco de una discusión colectiva: el debate y el ejercicio de la crítica brindan a una comunidad la posibilidad de aprender.

“Hablar de emancipación era algo que parecía, realmente, muy obsceno” (Elena Caffarena).

Por una Televisión Universitaria

Durante los años ’50, los procesos de investigación en curso llevaron a diversas facultades de Ingeniería del país a desarrollar, exitosamente, modelos de transmisión televisiva a partir de señales cuya recepción comenzó a masificarse en la década siguiente. El logro surgía en las aulas del campus, fruto de un trabajo sostenido entre académicos y estudiantes. El resultado era la difusión de una multiplicidad de programas cuya autoría es la misma que hizo posible que la imagen y sonido llegara a los hogares: la comunidad universitaria.

Se inauguraba así una tradición en virtud de la cual el debate académico iba dando cuerpo, a través de UCV Televisión, UC-TV y Red de Televisión Universitaria, a una plataforma mediática desde la cual la ciudadanía palpaba una parte relevante de las actividades de las casas de estudios. No era tan tonta esa pantalla chica que transmitía cine arte, teatro del Ictus, documentales de la BBC de Londres, ópera, presentaciones de la Sinfónica, entrevistas a nuestros grandes artistas plásticos y cantautores, foros sobre política y estética, realizaciones del Ballet Espiral y producciones nacionales sobre antropología. La mención no es exhaustiva ni antojadiza: todos esos programas eran transmitidos en horario estelar, por lo que el trillado argumento relativo a la sintonía cae por su propio peso. La basura que se nos impone hoy desde las mismas antenas es resultado, justamente, de la renuncia que hicieron las universidades a su rol conductor en los canales, cuya administración cedieron o vendieron, no al mejor, sino al primer postor que apareció.

Hace unos días, Academia Libre homenajeó a Roberto Matta en plena calle, exhibiendo el documental dirigido por Jane Crawford, y el nivel de convocatoria alcanzado prueba el alto interés de la gente por un programa de divulgación cultural que no tuvo auspiciadores. No es televisión, por supuesto. Pero el grado de coordinación alcanzado con otras organizaciones para poner en marcha ese cometido debe hacernos reflexionar sobre la relevancia que para la socialización del conocimiento tiene, en todos los sentidos de la  expresión, apostar a la vía pública.

 “Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso” (Nicanor Parra).

No Hay Clases, pero Todos Pasan

 Finalmente, la institucionalidad chilena mostró sin asco lo que está dispuesta a garantizar en materia de aprendizaje: nada. En un hecho sin precedentes, la Contraloría General cedió ante las presiones de los dueños del país y consideró válido el plan del gobierno que, bajo el melodramático nombre de “Salvemos el año”, planteó que, por arte de magia, los estudiantes podían pasar de curso aunque jamás hubiesen tenido acceso a las materias del nivel correspondiente (La Tercera, 22 de noviembre).

¿Por qué? El argumento que terminó pesando nada tiene de académico: la incapacidad del régimen educativo, tanto en infraestructura como en dotación docente, para atender las necesidades pedagógicas del número de repitentes que en cualquier lugar del mundo se generaría después de un año sin clases. Claro está, la autoridad prefiere olvidar que si las salas estuvieron vacías no fue por un desperfecto técnico accidental, sino por una demanda nacional de educación pública, gratuita y de calidad.

La pregunta que cabe hacerse es por qué los colegios no están preparados para recibir en cualquier momento un número significativo de repitentes. Y la respuesta es patética. En Chile, el esquema de promoción de la escolaridad es un ritual vacío porque en él no se espera de los estudiantes excelencia académica alguna, sino, a lo sumo, la aceptación de un proceso de domesticación para consolidar una ciudadanía acrítica y pasiva. Y he ahí otra clave importante. ¿De qué calidad de la educación podría hablarse en un país donde da lo mismo estudiar?  ¿Por qué, si tanto atrae al gobierno el tono mesiánico de su “Salvemos el año”, no lo cambió mejor por “Salvemos la educación? Primero, porque le resulta más económico convertir las salas de clases -escolares y universitarias- en una terapia de grupo desde la cual convencer a todos de que sí aprendieron. Segundo, porque un modelo educativo deliberadamente deficiente es la más eficaz herramienta con que cuenta el sistema para producir, generación tras generación, mano de obra cada vez más barata.

 “Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos” (Violeta Parra).

¿Un Semestre en Ocho Semanas?

 Mientras la ciudadanía aguarda que la demanda social por educación pública y de calidad desemboque en cambios jurídicos y tributarios, las universidades del Consejo de Rectores han tomado una decisión sin precedentes: efectuar un semestre académico en 2 meses.

¿Qué fundamento ampararía una determinación de esa magnitud? Cuesta, por cierto, comprender a cabalidad por qué las rectorías se llenaron la boca durante todo este año hablando de mejorar los estándares de educación superior si, al fin y al cabo, concluyeron que era posible cumplir el cometido previsto para cuatro meses y medio convocando a las aulas a los estudiantes por un plazo de 8 semanas. ¿Acaso el estudiantado triplicó la velocidad de sus procesos cognitivos? ¿O es que se había estado impartiendo, durante casi dos siglos, el triple de unidades de contenido de las que corresponde abordar en un período lectivo? Lo que ha ocurrido es una operación ajena al campo académico, que busca asegurar ingresos económicos a tales corporaciones y, de paso, consagrar la fuente privada de financiamiento de las universidades. En efecto, las rectorías no apuntaron al mejoramiento del proceso de aprendizaje, sino, a costa de éste, reforzaron su rol de meros receptores del Crédito con Aval del Estado,

que no es público, justamente porque traspasa al educando la función de financista privado, vía arancel y endeudamiento, de la institución de educación superior. Si los objetivos académicos podían cumplirse en dos meses, ¿por qué no se redujo igualmente a un tercio el cobro que se hace a los estudiantes? En la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, la rectoría sencillamente notificó de esta extraña “oferta” del sistema: pague cinco y lleve dos (El Diario de Antofagasta, 9 de noviembre). Si es posible desarrollar un período académico en dos meses, entonces a contar de 2012 las universidades podrían completar 5 “semestres” entre marzo y diciembre y reducir de 7 a 2 años y medio los estudios básicos de Medicina.

Las autoridades académicas de la institucionalidad educativa están ya completamente deslegitimadas y debieran sincerar el nombre de la entidad que las agrupa, el Consejo de Rectores, por lo que realmente éste es: un Consorcio de Recaudadores.

“Yo no he permitido nunca que mi asistencia a clases interfiera con mi educación” (Mark Twain).

La “Normalidad” Oficial

 El país cumple seis meses sin que el gobierno de turno proporcione una respuesta satisfactoria a las demandas sobre educación planteadas por el estudiantado y respaldadas por la ciudadanía. Al cabo de esos mismos 180 días, las salas de clases de las escuelas y universidades no han recibido la visita de los actores fundamentales del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, no tuvo empacho alguno en asegurar que “la prueba SIMCE se está dando en forma normal” (emol.com, 24 de octubre).

Extraño, por decir lo menos, resulta el hecho de que la autoridad, que diariamente dedica toda su arremetida mediática a criminalizar el movimiento estudiantil en nombre de la seguridad interior del Estado, diga que la aplicación del cuestionado test se verificó de manera incólume, porque tan esquizofrénico concepto de normalidad oficial desemboca en dos posibilidades: o el grito en el cielo puesto en función del “desorden” público no es más que la irresponsable mitología de un régimen policial, o la prueba rendida recientemente por casi 500 mil escolares no requería la menor vinculación con la institucionalidad educativa por parte de quienes la contestaron.

¿Prueba de qué era, entonces, la que se aplicó? SIMCE significa Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. En otras palabras, es un instrumento que tendría por propósito dimensionar justamente el nivel académico alcanzado en determinado período. Pero, en ese caso, a la luz de lo expuesto por el subsecretario, el Ministerio de Educación no es más que un triste adorno en el paisaje. Porque, incluso en el caso de que dejemos de lado por un momento las graves falencias intrínsecas de ese test, si la aplicación del mismo ha sido considerada “normal”, entonces lo que pretende medir no guarda relación alguna con la dinámica de asistencia a clases y, en consecuencia, el obsesivo llamado que ha formulado el gobierno desde hace medio año, instando a deponer tomas y paros, es una flagrante contradicción. Mientras el país exige educación de calidad para el conjunto de la sociedad, el gobierno ofrece eternizar la fiscalización de lo que ocurre al interior de una burbuja.