Educación Privada y a Distancia

En nuestro número anterior, advertíamos sobre el pésimo precedente que significaba el hecho de que las autoridades dieran por iniciado el año escolar en establecimientos cuyos estudiantes deberán conformarse, durante un mes y medio, con un proceso lectivo reducido a una página en Internet, que no opera como refuerzo de clases, sino en vez de éstas. Impresentable, en ese sentido, resultaba además el eufemismo con que su director intentó justificar lo injustificable, señalando que los jóvenes “van a estar activos académicamente en forma no presencial” (Boletín N°33, del 12 al 18 de marzo).

Pues bien, ahora sucede que dicha modalidad no es una excepción, sino el eje del diseño del MINEDUC. Efectivamente, la cartera que encabeza Harald Beyer acaba de lanzar la convocatoria para el “Plan de Formación de Directores de Excelencia”, con el supuesto objetivo de “mejorar la calidad y la equidad de la educación en Chile” (latercera.com, 15 de marzo). Sin embargo, al revisar las bases, se sitúa en el primer lugar de sus tres esquemas la “modalidad online”, seguida de la presencial y de la mixta, que es otra forma de referirse a los cursos por correspondencia, pues no hay acápite alguno que garantice que la dinámica no presencial abarque las mismas unidades de contenido que el proceso en aula.

No es todo. Al revisar el proceso de selección de los postulantes -a quienes se cubre el 90% del pago de arancel-, casi la totalidad de las instituciones que se adjudicaron los fondos públicos para impartir dicha formación son privadas. De los programas ofrecidos, sólo el 31% implica eventual progreso en grado académico y, en ese contexto, lo más llamativo es que el plan sólo contempla “magísteres de hasta 18 meses”. ¿Qué será un magíster de “hasta 18 meses”? Mucho quisiéramos una formación de excelencia para directores y profesores, pero no un desembolso de fondos públicos para un negocio privado de enseñanza capaz de limitar la noción de postgrado a la de cursillos breves y a distancia que, por cierto, es la opción oficial para las escuelas más humildes del país, pero que en caso alguno aceptaría la élite para preparar a los directores de los colegios particulares cuyos dueños se apropiaron del derecho a la educación.

“Un día, suavemente, con sus corteses modos, hizo el hombre la jaula para encerrarte allí”.   Alfonsina Storni

La Escuela Convertida en Feudo

El año escolar no ha comenzado para todos. En medio de la grave crisis educacional que vive un país cuyas autoridades creen que el proceso pedagógico debe ser negocio, alrededor de 5 mil estudiantes se encontraron, en lo que debía ser su primer día de clases, con la impresentable notificación de que su matrícula había sido cancelada unilateralmente (Prensa Latina, 6 de marzo). El motivo invocado por los directores de tales establecimientos fue la participación de los jóvenes en las jornadas de paralización y toma desarrolladas durante 2011, justamente cuando fue el movimiento estudiantil el que instaló en la agenda el debate sobre el miserable estado de cosas al que la institucionalidad ha reducido la enseñanza.

¿Dejar fuera de las aulas a quienes han defendido el derecho a una educación pública, gratuita y de excelencia? Es evidente que tales preceptos ni son relevantes ni han sido comprendidos en lo más mínimo por los alcaldes que promovieron esa política represiva. Pero, entonces, ¿por qué realmente reclaman para sí la tuición de las escuelas? Porque les resulta fácil convertir en feudo de sus intereses particulares un marco educacional que, al negar a profesores y estudiantes el derecho a participar, sustituye la función crítica que debiera ejercer la dinámica escolar por un ritual que promueve integrantes dóciles.  

¿Cómo es posible, por ejemplo, que durante más de un mes los estudiantes del Liceo de Aplicación reciban, a modo de educación, las unidades de contenido a distancia, vía Internet, y que, para adornar el desastre, su director recurra al eufemismo de decir que los educandos “van a estar activos académicamente en forma no presencial”? (La Tercera, 2 de marzo). Lamentablemente, las expulsiones y los cursos por correspondencia están lejos de ser las únicas prácticas que van dando forma este año al insólito régimen feudal: abusando del precario acceso a útiles escolares de los estudiantes más humildes de la comuna de La Florida, su alcalde acaba de “regalarles” diez mil cuadernos que incluyen su foto y el lema “una nueva comuna será realidad” (cooperativa.cl, 9 de marzo). La ausencia de políticas públicas coherentes en educación llevan a eso, a un populismo que se burla de la pobreza.

“Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había” (Teresa Wilms Montt)

Una Evaluación Docente Indecente

Sin informar siquiera a profesores y estudiantes, entre gallos y literalmente a medianoche, el Ministerio de Educación envió al Congreso el proyecto de ley sobre carrera docente el pasado 29 de febrero. La iniciativa, que introduce modificaciones estructurales en la escala de sueldos de los maestros, fue presentada ante la opinión pública al día siguiente, como un mecanismo que incrementaría en 26% promedio los salarios. Por supuesto, sólo en la letra chica de dicho documento es posible advertir que tal alza es parte de un proceso de ajustes que sólo llegaría a esos niveles hacia fines del año 2023.

En lo inmediato, en cambio, la propuesta implicaría consagrar la misma precariedad que defienden los gerentes de empresas: sueldos variables, competencia en vez de capacidad y carta blanca para justificar despidos, en función del proceso evaluativo que haga, unilateralmente, el director. Para que sonara bien, la autoridad aseguró que es la “mayor reforma docente en 20 años” (La Tercera, 2 de marzo), omitiendo, claro está, que es fácil jactarse de ello, porque la última relevante fue perpetrada en 1982 por una dictadura que puso fin a la condición de funcionarios públicos de los profesores y generó una deuda histórica salarial que bordea los 10 mil millones de dólares, ante la cual la inversión de 1.400 millones de dólares anunciada por el MINEDUC, para un período de 11 años, se reduce al nivel simbólico.

El esquema introduce cuatro categorías de “calidad” docente, en el marco de las cuales quienes sean ubicados en la más básica obtendrán la menor cantidad de ingresos. La autoridad deberá explicar, pues, bajo qué peculiar paradigma académico un profesor podría mejorar cualitativamente su desempeño sobre la base de tener el peor sueldo del sistema. Pero no es el único punto en que tendrá que sacar argumentos de debajo de la manga. Si este modelo, que permite exonerar al 5% de los docentes, fuera tan bueno, ¿por qué no es aplicado a los colegios particulares pagados? Al contrario, introduce una nueva herramienta a favor de quienes quieran lucrar en la enseñanza subvencionada, ya que allí los recursos serán otorgados directamente a los sostenedores, lo que no implica ni asegura un traspaso al plano salarial.

“En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco” (Pyotr Ilych Tchaikovsky)

El Libro Convertido en Publicidad

En un país donde la educación ha sido reducida a la miseria, exhibiendo el peor índice de comprensión lectora del planeta, la autoridad optó por reforzar esa tendencia por la académicamente insostenible vía de autorizar que los textos escolares tengan avisos publicitarios.

La aparición de volúmenes de esa calaña ya había generado una controversia durante 2011 y el entonces ministro del ramo, Joaquín Lavín, cuestionado por conflicto de intereses dada su participación en universidades que lucran, terminó anunciando que la propaganda comercial no sería aceptada en el material pedagógico circulante. Pocos meses después, el actual titular de Educación, Harald Beyer, diría lo contrario. “Nosotros no lo podemos censurar, no somos un organismo censurador”, fue la justificación a la que acudió el secretario de Estado para dar rienda suelta al negocio que reduce ahora la enseñanza escolar a una estrategia de marketing (Agencia Xinhua, 16 de febrero).

El oficio emitido el año pasado por el MINEDUC indicaba que “los textos que hagan referencia a los contenidos de publicidad no pueden hacer alusión a marcas específicas de productos. Los contenidos deberán abordarse a través de marcas ficticias” (elmostrador.cl, 16 de febrero). Suprimida esa norma elemental, un texto escolar de ahora, que además tiene un costo promedio para el chileno equivalente  al 10% del sueldo mínimo, sigue sin abordar materias estratégicas para el desarrollo cognitivo, pero, en cambio, incluye avisaje de telefonía, ropa, jugos artificiales y, especialmente, de empresas trasnacionales. Por estos días, Beyer intenta acallar el escándalo asegurando que los libros que distribuya el MINEDUC -es decir, casi nada y cada vez menos-, no tendrán propaganda de ese tipo. Lo único que nos faltaba era este acto de cinismo. ¿Se imagina el lector la situación? La razón por la que ni este personero ni sus antecesores aceptarían tal avisaje en los textos producidos desde esa cartera no se relaciona con la calidad de la educación. Es simplemente porque, en ese caso, el Estado de Chile enfrentaría el vergonzoso pero interesante trámite de tener que sincerar los nombres de los intereses económicos que ya defiende.

“A la universidad se iba a ver arte, no a vender. Hoy la galería vive de lo que vende: eso no expresa la vida” (Gracia Barrios)

“Flexibilidad Laboral” a las Aulas

Un estudio realizado por el Centro Universitario de Desarrollo (CINDA) y Universia señala que Chile destina apenas la mitad del gasto promedio por estudiante de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los cuales el índice asciende a 12.907 dólares (latercera.com, 20 de febrero).

Por cierto, a estas alturas es muy posible que a la opinión pública ya ni le sorprenda demasiado este antecedente, que viene a engrosar la penosa y extensa lista de cifras que retratan la situación de la educación. Sin embargo, precisamente a partir de tan paupérrimos números es que llama la atención el desparpajo con el que desde la institucionalidad se anuncia la entrega de fondos para un programa de “emprendimiento escolar” que, supuestamente, buscaría disminuir la pobreza. “El emprendimiento no sólo gira en torno a los negocios, sino también en ámbitos sociales y civiles”, sostuvo la División General de Educación del MINEDUC al intentar justificar la iniciativa que ya habría “beneficiado” a 264 establecimientos (Diario Financiero, 20 de febrero).

Según esa línea de análisis, “educar para emprender” generaría “movilidad social”. Pero veamos cómo: “está asociado a desarrollar una perspectiva emocional, como la capacidad de sobreponerse a la adversidad, adaptarse al cambio y ver el fracaso como una oportunidad”, señaló el director académico de la consultora Efecto Educativo, Alberto Mora. ¿Adaptarse al cambio, sobreponerse a la adversidad? ¿Era necesario el “emprendimiento escolar” para eso? Si al lector esos términos le sugieren algún olor a preparación para la llamada “flexibilidad laboral”, está en lo correcto. En nombre de la tristemente célebre “responsabilidad social empresarial”, el plan de InnovaChile, de CORFO, persigue “potenciar el desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras en los escolares, así como la autoconfianza, la flexibilidad”. Es decir, se nos pretende hacer creer que los problemas de pobreza del país son de naturaleza “emocional” y, sobre esa insostenible base, convertir a las escuelas en centros para que los jóvenes se acostumbren a bajos y fluctuantes sueldos, ausencia de indemnizaciones y empleo intermitente.

“A los que reciben pagos por sus pláticas, Sócrates los llamaba esclavos de sí mismos” (Jenofonte)

El Crédito No Es para los Pobres

La Universidad de Chile, principal entidad del Consejo de Rectores, se ha quedado sin cifras para intentar sostener, en el discurso siquiera, un supuesto carácter público. Al contrario, la Casa de Bello no sólo toma distancia académica de los grandes problemas y desafíos de nuestra sociedad, sino que ha terminado subordinando sus grandes líneas de investigación a la privatizadora vía de la concursabilidad de fondos.

Pero eso no es todo y los hechos muestran que se trata de una tendencia sistemática que alcanza incluso la esfera de la composición social de su estudiantado. En efecto, un análisis efectuado por el Ministerio de Educación indica a quiénes está destinada esa educación universitaria que aún cree ser estatal. Según el informe, el 73% de los matriculados en esa corporación pertenece a los sectores más acomodados, abismo social que se incrementa al considerar que mientras el 36% corresponde al grupo ABC1 y el 37,1% al C2, sólo el 5,9% procede del segmento socioeconómico D y el 0,9% se circunscribe al grupo E. Del total, la mayoría dijo financiar sus estudios esencialmente a través de préstamos, pero lo más curioso es que el 25% de los educandos del ABC1 recibe algún tipo de beca. ¿Cómo? “El sistema de Educación Superior chileno es financiado mayoritariamente por las familias y el Estado, mientras los bancos e instituciones orientadas al lucro se quedan con la ganancia”, acaba de señalar, al respecto, la CONFECH, al denunciar la situación.

Sin embargo, el engranaje diseñado para dirigir los fondos a los más pudientes es global y es en ese contexto que el número de estudiantes del quintil de ingreso más rico beneficiarios del Crédito con Aval del Estado se triplicó respecto del año anterior, pasando de 5.075 a 16.000. Y es que, por definición, el crédito convoca a quien exhibe capacidad de endeudamiento. Del mismo modo, por definición también, todo sistema de crédito es académica y socialmente inaceptable, tanto porque subraya la desigualdad como porque sustituye la capacidad que requiere la vida universitaria por la capacidad de pago que persiguen los garantes de este sistema. El crédito no es para los pobres y es éticamente inaceptable que las universidades que dicen ser públicas se hayan convertido en administradoras de la usura.

“El trabajo científico no debe considerarse desde el punto de vista de la utilidad directa” (Marie Curie)

Sepa Quiénes Piensan por Nosotros

En Chile hay autoridades que garantizan que la educación sea mala y al mismo tiempo cara. Pero existe otro grupo de iluminados que completa el cuadro, supervisando el modo en que va al despeñadero la posibilidad de desarrollo de conocimiento. Se trata del tristemente célebre Consejo Nacional de Educación (CNED), que, en nombre de su función oficial de “cautelar y promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación”, retiró en diciembre de 2011 de las bases curriculares de enseñanza básica la expresión “dictadura” para sustituirla por el eufemismo de “régimen militar”.

Se trata de un precedente grave, no sólo porque busca esconder el pasado reciente, sino también porque desdibuja conceptos fundamentales de historia, ciencia política y educación cívica. Es cierto que la propuesta procede de la misma unidad curricular del Ministerio de Educación que en 2010 intentó segregar las escuelas del país con “semáforos”, pero el CNED, donde se supone debiera confluir lo mejor del debate sobre educación y conocimiento, es quien aprueba, rechaza o modifica dichas iniciativas. En diciembre, el flamante ministro Harald Beyer, quien como tal preside el organismo, defendió a pie juntillas el cambio del concepto en los programas de enseñanza básica. Sin embargo, el escándalo internacional fue tal, que el secretario de Estado se vio obligado a comerse sus argumentos y modificar nuevamente la pauta, restituyendo el vocablo original. Es decir, fue un arrepentimiento gatillado por un asunto mediático, no académico, pero ya era tarde: el Premio Nacional de Medicina 2006, Alejandro Goic, renunció de manera indeclinable al CNED. ¿Quiénes van quedando, además del ministro? Marino Pizarro, por las universidades del Consejo de Rectores; Elizabeth Lira, por el FONDECYT; Carlos Künsemüller, por la Corte Suprema; Santiago Vera, por las Academias del Instituto de Chile; Nicolás Velasco, por las universidades que lucran con autonomía; Alejandro Mackay, por los institutos profesionales que lucran con autonomía; y Alfredo Ewing Pinochet, designado por las Fuerzas Armadas, y quien ejerció por años como agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). He ahí lo que entienden las autoridades por “cautelar” la educación.

“Qué lamentable sistema de enseñanza, con profesores que son repetidores y no investigadores”                                                                                                                   (Alejandro Lipschutz)