¿Un Semestre en Ocho Semanas?

 Mientras la ciudadanía aguarda que la demanda social por educación pública y de calidad desemboque en cambios jurídicos y tributarios, las universidades del Consejo de Rectores han tomado una decisión sin precedentes: efectuar un semestre académico en 2 meses.

¿Qué fundamento ampararía una determinación de esa magnitud? Cuesta, por cierto, comprender a cabalidad por qué las rectorías se llenaron la boca durante todo este año hablando de mejorar los estándares de educación superior si, al fin y al cabo, concluyeron que era posible cumplir el cometido previsto para cuatro meses y medio convocando a las aulas a los estudiantes por un plazo de 8 semanas. ¿Acaso el estudiantado triplicó la velocidad de sus procesos cognitivos? ¿O es que se había estado impartiendo, durante casi dos siglos, el triple de unidades de contenido de las que corresponde abordar en un período lectivo? Lo que ha ocurrido es una operación ajena al campo académico, que busca asegurar ingresos económicos a tales corporaciones y, de paso, consagrar la fuente privada de financiamiento de las universidades. En efecto, las rectorías no apuntaron al mejoramiento del proceso de aprendizaje, sino, a costa de éste, reforzaron su rol de meros receptores del Crédito con Aval del Estado,

que no es público, justamente porque traspasa al educando la función de financista privado, vía arancel y endeudamiento, de la institución de educación superior. Si los objetivos académicos podían cumplirse en dos meses, ¿por qué no se redujo igualmente a un tercio el cobro que se hace a los estudiantes? En la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, la rectoría sencillamente notificó de esta extraña “oferta” del sistema: pague cinco y lleve dos (El Diario de Antofagasta, 9 de noviembre). Si es posible desarrollar un período académico en dos meses, entonces a contar de 2012 las universidades podrían completar 5 “semestres” entre marzo y diciembre y reducir de 7 a 2 años y medio los estudios básicos de Medicina.

Las autoridades académicas de la institucionalidad educativa están ya completamente deslegitimadas y debieran sincerar el nombre de la entidad que las agrupa, el Consejo de Rectores, por lo que realmente éste es: un Consorcio de Recaudadores.

“Yo no he permitido nunca que mi asistencia a clases interfiera con mi educación” (Mark Twain).

La “Normalidad” Oficial

 El país cumple seis meses sin que el gobierno de turno proporcione una respuesta satisfactoria a las demandas sobre educación planteadas por el estudiantado y respaldadas por la ciudadanía. Al cabo de esos mismos 180 días, las salas de clases de las escuelas y universidades no han recibido la visita de los actores fundamentales del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, no tuvo empacho alguno en asegurar que “la prueba SIMCE se está dando en forma normal” (emol.com, 24 de octubre).

Extraño, por decir lo menos, resulta el hecho de que la autoridad, que diariamente dedica toda su arremetida mediática a criminalizar el movimiento estudiantil en nombre de la seguridad interior del Estado, diga que la aplicación del cuestionado test se verificó de manera incólume, porque tan esquizofrénico concepto de normalidad oficial desemboca en dos posibilidades: o el grito en el cielo puesto en función del “desorden” público no es más que la irresponsable mitología de un régimen policial, o la prueba rendida recientemente por casi 500 mil escolares no requería la menor vinculación con la institucionalidad educativa por parte de quienes la contestaron.

¿Prueba de qué era, entonces, la que se aplicó? SIMCE significa Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. En otras palabras, es un instrumento que tendría por propósito dimensionar justamente el nivel académico alcanzado en determinado período. Pero, en ese caso, a la luz de lo expuesto por el subsecretario, el Ministerio de Educación no es más que un triste adorno en el paisaje. Porque, incluso en el caso de que dejemos de lado por un momento las graves falencias intrínsecas de ese test, si la aplicación del mismo ha sido considerada “normal”, entonces lo que pretende medir no guarda relación alguna con la dinámica de asistencia a clases y, en consecuencia, el obsesivo llamado que ha formulado el gobierno desde hace medio año, instando a deponer tomas y paros, es una flagrante contradicción. Mientras el país exige educación de calidad para el conjunto de la sociedad, el gobierno ofrece eternizar la fiscalización de lo que ocurre al interior de una burbuja.

Escuela y Universidad

Un rasgo del modelo educacional vigente
es la tajante separación que hace entre el proceso de
aprendizaje que se espera del colegio y de la universidad. Así,
niños y adolescentes son promovidos de curso en un esquema
que bloquea la posibilidad de introducir al educando en el
debate de la universitas, que quiere decir, muy a pesar de la
autoridad, que lo ignora, “universalidad, comunidad”.
El limitado enfoque oficial, que separa escuela y
campus con artificios tan cuestionables como la PSU -que
mide capacidad de acierto y no aptitudes-, olvida, por ejemplo,
que los liceos se llaman así por el nombre que dio a su
dirección de estudios Aristóteles, o que la palabra escuela
procede del griego σχολή, que apela al ocio en tanto tiempo
para reflexionar, condición que se restringe en extremo para
los escolares chilenos, que enfrentan el estrés de una doble
jornada con peores resultados académicos que los que tenían
hace 14 años con la mitad de horas de enclaustramiento. El
vínculo entre colegio y universidad no es sólo etimológico,
sino también histórico: la Universidad de Chile halla sus
orígenes en el Instituto Nacional. Y, por sobre todo, el nexo es
pedagógico. El modelo educacional de este país supone que
los universitarios pueden elegir las materias que van a estudiar,
cuestión que, en cambio, le es impuesta a los escolares, a
quienes la institucionalidad se refiere con el peyorativo
concepto de alumnos. Si fuera cierto que la carencia intelectual
define a los estudiantes hasta terminada la secundaria, ¿cómo
se explica entonces la capacidad académica que se les
reconoce apenas un mes después de egresar, cuando son
admitidos en alguna universidad? Con un sistema como éste,
que lucra, las mal llamadas “casas de estudios superiores”
recorren los patios de las escuelas para hacer su oferta de
matrícula al mejor postor, pero no para compartir
conocimiento. Una universidad que se precie de tal debe
involucrar justamente a las nuevas generaciones en la
discusión de las más diversas disciplinas, y ello implica
introducir en las escuelas la investigación y poblar sus salas de
seminarios gratuitos entre los cuales optar, porque la
educación ha de ser eso: aprender a
organizarse y a elegir, es decir, asimilar las
facultades ciudadanas.

Democratizar el Proceso en Aula

Puesto que las salas de las escuelas y universidades llevan cinco meses sin que transcurra ese ritual profesor-estudiante al que la institucionalidad suele reducir el aprendizaje, habría que preguntarse si el vaciamiento de las aulas ha hecho a nuestra sociedad más ignorante de lo que era.

La respuesta es no. Medida con estándares internacionales, la enseñanza en Chile es tal (Informe de la OCDE sobre Bienestar, 12 de octubre), que la capacidad de comprensión de textos de un gerente general con formación universitaria en este país es inferior a la de un obrero alemán no especializado. En buen castellano, con el estado actual de cosas podríamos llegar a tener más años de escolaridad que Europa, pero seguiríamos registrando los peores resultados académicos, porque la educación acá es de muy mala calidad. En el marco del movimiento estudiantil, en cambio, las nuevas generaciones han aprendido a exigir derechos y, al mismo tiempo, a organizarse: dos materias que el actual modelo chileno jamás incluirá en la asignatura de Educación Cívica.

Si a la institucionalidad le importara mejorar la educación, tendría que garantizar igualdad en las condiciones de vida de los educandos y volver la atención, entre otros asuntos, sobre el proceso en aula. ¿Qué entidad revisa el libro de clases, cruza datos y divulga la información que se produce a partir de la dinámica de clases? Ninguna: el registro de lo que ocurre en la sala es hoy un ritual mecánico, incapaz de convertirse en fuente para la reflexión colectiva que requiere el aprendizaje. En Chile la autoridad restringió la educación a la sala, pero si lo que sucede dentro de ella es tan importante, ¿por qué sólo el profesor puede anotar observaciones y registrar calificaciones en el libro de clases? ¿Acaso los estudiantes son un elemento pasivo del paisaje? La concepción unilateral del aprendizaje no resiste el menor análisis, pues el educando está llamado a ser un sujeto crítico. Un eventual regreso a clases será significativo solamente cuando se democratice el proceso en aula, porque el conocimiento tiene lugar al calor del debate, no del dictado que deviene en dictadura.

ACADEMIA LIBRE REALIZÓ SU SEGUNDA AVANZADA A LOTA

Una intensa agenda de trabajo desplegó Academia Libre en la comuna de Lota, en el marco de la segunda avanzada de sus Trabajos Voluntarios 2012, realizada entre los días 12 y 13 de octubre. En la oportunidad, el rector, David Hevia, y el consejero y comisionado de Investigación, Lucas Espinoza, efectuaron interlocución con organizaciones a fin de recopilar antecedentes que favorezcan la elaboración de la encuesta sobre asociatividad que se aplicará en febrero en la zona. Asimismo, fueron impartidos dos seminarios. El primero. El Papel de la Universidad en el Desarrollo de un Plan Comunal de Educación, dictado ante 15 dirigentes de la Mesa Ciudadana de Educación (Colegio de Profesores, Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación y funcionarios municipales). El segundo, Antropología de la Mujer, expuesto ante 40 estudiantes (pobladoras, trabajadoras y dirigentas), convocadas para ese efecto por el Departamento de la Mujer de la Municipalidad. Finalmente, Academia Libre participó de la reunión constitutiva de la CUT Comunal, en la que fue expuesto en detalle nuestro proyecto y la necesidad de poner la educación gratuita y de excelencia al alcance de la clase trabajadora.
 

Autonomía Universitaria

La movilización estudiantil de este año ha
expuesto demandas cuya legitimidad es
sostenida por una inmensa mayoría ciudadana.
Sin embargo, la autoridad no sólo ha preferido cerrar la puerta a esos
planteamientos, sino que, a falta de argumentos, ha recurrido a una
respuesta policial. En vez de abordar la dimensión pedagógica del
debate, La Moneda ha anunciado una reforma legal que, entre otras
cosas, busca penalizar la toma del campus universitario y llevar a los
ocupantes a la cárcel.
¿Y por qué no se aplica el presidio a los responsables de la
desigualdad en el acceso a la educación? Es justamente el modelo
decisional antidemocrático que rige a las universidades lo que
determina que los estudiantes recurran a la toma como herramienta
de presión para plantear reivindicaciones justas, que benefician al
conjunto de la sociedad y que de otro modo jamás habrían
conquistado el primer lugar de la agenda.
Pero la pretensión de penalizar la toma no sólo implica
criminalizar el movimiento social, sino violar un precepto académico
fundamental: el principio de autonomía territorial que debe regir a
las universidades. Si éstas tienen por función esencial desarrollar la
crítica de la sociedad, entonces la forma que adopte dicho
cuestionamiento no puede ser perseguido, de modo que las normas
penales no tienen jurisdicción sobre el territorio universitario. De
hecho, no la tienen ni en EE.UU. ni en Europa, donde precisamente
la violación de ese principio, hace siglos, llevó a la hoguera a un
académico de la estatura de Giordano Bruno, por decir que el
universo es infinito, y convirtió en delincuente a Galileo Galilei por
afirmar, vulnerando la ley de la época, que era la Tierra la que giraba
en torno al Sol. Si la actividad académica tuviera que someterse a los
límites impuestos por la ley vigente, entonces ¿cómo el quehacer
universitario podría contribuir a la transformación de las normas y de
la sociedad? Claro está, el proyecto de penalización anunciado por la
autoridad debiera sugerir a la comunidad científica nacional que
observe con más cuidado el cielo, y notificarla de que los telescopios
están equivocados: que es el Sol el que sigue girando en torno de
nosotros.

La Acreditación Desacreditada

Cuando una entidad subordina al lucro
el proyecto académico, su norte no será la
excelencia, pero como ésta también es
precaria en las universidades del Consejo de
Rectores, examinemos qué ritual autoriza la mala calidad de la
educación.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) fue creada
en 2006, cuando, en nombre de la “libertad de enseñanza”, el
país ya elevaba a 60 el número de corporaciones. ¿Cómo es
posible que la CNA no opere como filtro correctivo? La pista
más patética se produjo en 2010, cuando todas las instituciones
que postularon fueron acreditadas y la Contraloría abrió una
investigación. Hasta qué punto la acreditación se vincula a una
operación financiera, lo revela el hecho de que sólo con el
visado de la CNA los clientes (antiguamente estudiantes) de las
universidades e institutos pueden acceder al Crédito con Aval
del Estado (CAE), por lo que, sin acreditación, las entidades
que pretenden financiarse con el cobro de arancel resultan
insolventes. Esto, dice la ex secretaria ejecutiva del Consejo
Superior de Educación, María José Lemaitre, “ha provocado
algo perverso, pues la CNA no resiste dejar a una universidad
sin CAE”. La situación ha llegado al punto de que en 2009, la
agencia Akredita QA certificó la carrera de Ingeniería
Comercial de la Universidad Austral mientras uno de los
dueños de aquélla, Manfred Max-Neef, era director del Instituto
de Economía de esta casa de estudios (Ciper, 29 de septiembre).
En tanto, Contraloría estableció irregularidades como el pago de
dietas a los miembros del CNA sin completar asistencia de
100% y fraccionamiento de las sesiones (tres al mes), por lo que
“han llegado a realizar y contabilizar dentro de un mismo día
hasta cinco sesiones, modalidad que no se encuentra
contemplada en el reglamento interno ni en la ley que creó la
CNA” (Contraloría, Informe del 19 de noviembre de 2010).
Crear un marco fiscalizador serio y autónomo de los
intereses que reducen la conducción universitaria a gestión
financiera es clave para una educación de
calidad: su existencia debe estipularse en
una ley orgánico-constitucional.